“El cambio de paradigma fue del Ejecutivo”

En una reveladora entrevista, Daniel Rafecas, el juez federal a cargo de la causa Primer Cuerpo del Ejército, habla de la reapertura de los casos, el papel que jugó el primer gobierno kirchnerista en estos procesos y el “descaro” de quienes aún sostienen que la justicia “mira para un solo lado” al juzgar a lo militares. Además, explica el encuadre del delito de violación como un acto de tortura para que no quede impune y el futuro juzgamiento a los cómplices civiles de la dictadura.


–¿En que etapa se encuentra hoy la causa Primer Cuerpo del Ejército?
–A siete años de haber tomado la causa estamos muy satisfechos. Hemos avanzado en muchos tramos. Ya hay sentencias condenatorias como la del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), Orletti, próximamente estará la sentencia de Vesubio, y ya hemos condenado en la provincia de La Pampa. En total llevamos alrededor de 130 represores procesados, 30 de ellos condenados y el resto en distintas etapas de justicia. Siempre avanzando y haciendo eje en los centros clandestinos de detención y tortura. La causa había quedado paralizada en 1987, con la Ley de Obediencia Debida. Cuando asumí, en 2004, justo en el momento de la reapertura de los procesos, pude encarar un trabajo realmente muy complejo.
–Pero el trabajo no se termina ahí…
–El trabajo no se detiene nunca y hay que hacerse a la idea de que el escenario de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina va a durar por lo menos diez años más, entre investigaciones y juicios con condena. Yo tengo la sensación de que estamos a mitad de camino de lo que podemos proponernos como trabajo mínimo. En lo que es Atlético-Banco-Olimpo nosotros elevamos a juicio 20 imputados, por más de 200 hechos, de víctimas. Mientras que hicimos esas elevaciones hemos juntado víctimas nuevas y revelado la identidad de seis o siete nuevos imputados. Ya no hay dudas de que va a haber un segundo juicio de ABO. Y lo mismo nos pasa con Vesubio, donde hicimos elevaciones por siete u ocho imputados y ahora logramos comprobar que era operado “a distancia” por el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, que todo lo que se hacía en Vesubio se decidía allí, en reuniones de inteligencia. Y por lo tanto, procesamos a los dos jefes sucesivos del Regimiento 3  más el jefe de Inteligencia, Crespi, y a quien resultó ser el jefe del CCD, Gustavo Adolfo Cacivio. 
–¿Hay cómplices civiles involucrados en las causas o no se ha llegado a esa instancia?
–Todavía estamos totalmente dedicados a perseguir a los que integraban este aparato bélico de poder. Intentar en una segunda etapa alcanzar a los civiles que fueron cómplices o/y que han encubierto es algo deseable y creo que hay que hacerlo, pero hay una lógica de prioridades que indica que tenemos que seguir buscando a los autores directos de estos crímenes. Nos falta trabajo todavía, hay mucho por recorrer. 
–¿Existen diferencias entre este nuevo proceso de justicia y el proceso anterior de enjuiciamiento de las juntas militares?
–Yo advierto una absoluta coherencia y sensación de continuidad. El gran tributario de esa megacausa que se llamó Juicio a las Juntas es la causa Primer Cuerpo del Ejército. Desde el punto de vista territorial, de la cantidad de víctimas, de victimarios, de centros clandestinos, hasta por una cuestión de lugar donde se llevó a cabo el juicio. Nuestra base de trabajo, de pruebas, de líneas de investigación, conceptos que se manejan, es la sentencia del Juicio a las Juntas. Mi visión es que hay una absoluta continuidad. El problema fue la interrupción que representaron las leyes de impunidad. Pero si no hubieran existido, si hubiera habido una decisión política de continuar las investigaciones, lo que yo hice hubiera sido realizado en 1987. 
–Tal vez la causa haya sido la falta de capacidad política de la justicia y el gobierno, además de un contexto desfavorable...
–El considerando décimo del fallo de la Cámara Federal del Juicio a las Juntas dice que no debía detenerse el proceso ahí, e insta a todas las cámaras federales del país a investigar. Ese considerando es el que genera las citaciones a los mandos medios, que desencadenan los levantamientos carapintadas. Citan a Barreiro en Córdoba, gente en Bahía Blanca, en Capital Federal. Es con las citaciones judiciales a prestar declaración indagatoria que se genera el levantamiento. La democracia fue sometida a una extorsión muy fuerte y el gobierno nacional en ese momento hizo un cálculo de costes y beneficios, y decidió rendirse frente a esa extorsión. 
–Hablando del rol que cumplieron o cumplen los distintos gobiernos, ¿considera que el gobierno actual usa como bandera política de gestión la reapertura de las causas? 
–Sí, y tienen razón en hacerlo. Yo soy testigo de eso. Cuando Kirchner anunció que iba a impulsar la reapertura de los procesos nos quedamos todos un poco extrañados de la decisión, y con expectativas. Y la verdad es que todo se fue cumpliendo. El punto de partida fue esa decisión del Poder Ejecutivo, que después fue acompañada por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. Hay que reconocer que el cambio de paradigma se dio desde el Ejecutivo. Y hasta el día de hoy se han mantenido firmes en este apoyo y en la coordinación de los distintos estamentos y en construir esta cuestión como una política de Estado. 
–¿Y  la opinión pública?
–Hoy hay un acompañamiento mayoritario, pero a partir de que se pudo saber la verdad de la mano de los juicios y de la visibilización de todo el proceso. Pero en 2003, cuando el PEN decidió dar este paso, no creo que fuera tan popular la decisión porque la opinión pública estaba condicionada por los medios de comunicación, la deformación de la historia que viene de la propia dictadura con la teoría de los dos demonios, eso era lo que estaba instalado. Pero hubo un vuelco y hoy la mayoría acompaña este proceso. 
–¿Qué le diría a una persona que sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios o de la justicia parcial, de un solo lado?
–Esa idea es la consagración de las teorías negacionistas de la represión. Sobre la base de que no hubo represión ilegal, puedo decir que se enjuicia y castiga solamente a los que llevaron adelante la lucha antisubversiva. Pero tengamos en cuenta todos los casos de justicia autoritaria: asesinatos, torturas, exilios, robo de bebés, todos crímenes cometidos desde el Estado. Penas de muerte autoritaria decididas por un “Turco” Julián, por un “Tigre” Acosta, en nombre del Estado. Si ponemos en la balanza las condenas informales del Estado autoritario, ¿para qué lado se inclina? Nos falta muchísimo todavía para equiparar lo que fue la justicia policial de la dictadura. La gente sostiene que se juzga a los militares pero no a Montoneros. Yo lo puedo decir como juez: los mataron a todos, los masacraron, no quedó nadie. ¿Cómo puede ser que tengan el descaro de decir que la justicia mira para un solo lado? El 80% de los integrantes de las organizaciones armadas fueron exterminados. PRT-ERP, Montoneros, la FAP, la FAR, todos. Que se proyecte todo esto sobre los militantes porque la conducción se salvó porque estaba afuera, es una falta de respeto a la verdad histórica. Los que no fueron asesinados, fueron brutalmente torturados o forzados al exilio. Aparte, ellos pasaron por la justicia formal. Taiana estuvo once años presos, Eduardo Anguita también. Hubo presos políticos y nunca se impidió el procesamiento de los actos de violencia cometidos por las organizaciones armadas. La diferencia reside en que no hay motivos para considerarlos imprescriptibles, porque no hubo interrupción en la posibilidad de investigar esos crímenes.   
–A medida que se avanza que se suman aspectos nuevos como, por ejemplo, la mirada de género…
–Yo tengo un origen judicial. Empecé a trabajar en tribunales a los 19 años, tengo la formación típica de la burocracia judicial penal y una formación académica paralela en la Facultad de Derecho de la UBA. Y como tal, nunca tuve acceso a la mirada de género. Cuando empecé a investigar la causa del Primer Cuerpo del Ejército entré en contacto con esta mirada, a través de textos, planteos que se han hecho. Empecé a estudiar el tema y a prestarle atención a esta cuestión.
–¿Por ejemplo?
–Trabajamos más de dos años en el circuito represivo Mansión Seré hasta que dictamos procesamientos, y fue para esa época que terminé de madurar el tema de la mirada de género y la importancia que tiene. Cuando terminé de dictar el procesamiento por una centena de casos, me quedé con esta idea de que había un aspecto de la violencia que se había inyectado en este circuito que no estaba cristalizada en la investigación. Y era la cuestión de género. Es allí cuando empecé a explorar alguna manera de visibilizar la violencia de género como parte de las prácticas sistemáticas de tortura que se daban en los centros. 
–Hay organismos de Derechos Humanos que sostienen que había órdenes de violar…
–La impresión que tengo, en líneas generales, por lo menos en la causa en la que yo entiendo, es que la represión ilegal llevada a cabo por el Ejército en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires muestra indicios de que en el dejar hacer hacia abajo había un mensaje de que la cúpula y los altos mandos del Ejército veían con malos ojos la agresión sexual a las víctimas cautivas. No me animo a decir que había una orden de no acosarlas sexualmente o de no violarlas porque no está demostrado, pero sí tenemos indicios, de testigos, de las propias mujeres cautivas y de algunos represores que han hablado, de que había una cuestión que mezclaba códigos morales y códigos religiosos del catolicismo de las cúpulas, que no aprobaban este tipo de acciones. De no haber esta especie de contraorden, los casos de violaciones y abusos sexuales en los circuitos del Ejército hubieran sido 100 veces peores de lo que efectivamente fueron. Esto está comprobado en la causa del circuito ABO. En situaciones donde la cuestión de las violaciones hacia mujeres se iba de cause, la comandancia remplazaba a los titulares de los CCD. Pasó varias veces, en el “Chalet” del Hospital Posadas, en Vesubio y en algunos más. 
–¿Usted sostiene una diferencia entre el Ejército y otras fuerzas?
–Sí, se advierte un cambio sustancial cuando es la Aeronáutica, y no el Ejército, el que está a cargo de la represión y es soberano de un CCD. La zona oeste de provincia de Buenos Aires fue delegada por el Ejército a la Aeronáutica y, así, esta fuerza pasó a ser soberana de la zona donde se encuentra la base aérea de Morón, de Palomar y de Moreno. En esta región, con epicentro en Mansión Seré, mandaba la Aeronáutica. Cuando empezamos a investigar este circuito represivo (Mansión Seré, las comisarías de Castelar, de Haedo, de Morón y las tres bases aéreas) advertimos claramente que, a diferencia de los centros que controlaba el Ejército, en estos CCD los abusos contra mujeres eran la regla: una mujer, cautiva, joven, era víctima de abusos o violaciones. Había una cosa de promiscuidad terrible. 
–Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cuál es su posición frente a la discusión de cómo visibilizar estos delitos de género?
–Conozco bastante bien estas discusiones. Una mirada objetiva a la jurisprudencia de los tribunales internacionales de Derechos Humanos muestra que, en general, la manera que han encontrado los Tribunales Penales Internacionales (TPI) es sostener que la violación y otros abusos sexuales deben ser considerados como una forma evidente y manifiesta de tortura. Es decir, la imposición de un grave sufrimiento físico y/o psíquico por parte de un agente que, de cierta manera, representa al Estado. A mí me parece que esto es correcto. Hay que considerar la violación y los abusos sexuales en estos contextos de privaciones ilegales de la libertad como un acto de tortura.
–¿Y respecto de la causa en la que entiende?
–En este juzgado, desde el primer momento, consideramos que el solo hecho de imponer a un cautivo condiciones absolutamente inhumanas de detención, desnudarlo, encapucharlo, quitarle la identidad, tenerlo engrilletado, toda esta sumatoria de cosas, constituyen tortura. Y por lo tanto no hace falta probar cada uno de estos hechos. Que de modo sistemático en un centro clandestino se impusieran estas condiciones inhumanas, constituye tortura de por si. La persona era torturada desde que ingresaba al centro clandestino hasta que era liberada o legalizada. En ese contexto de tortura se incluyen todos los actos que estrictamente pueden considerarse como tal.

 

 

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