Con la presencia de ministros, asumió Piérola

Con la presencia de referentes de los organismos de Derechos Humanos y funcionarios provinciales asumió María Luz Piérola la coordinación del Registro Único de la Verdad. 

El área; que realiza tareas de recolección de archivos, acompañamiento, seguimiento y estudio de las causas por delitos de lesa humanidad en toda la provincia; estaba acéfala desde el fallecimiento de Guillermo Germano en noviembre de 2009. 

En la mesa, junto a Piérola, estuvieron sentados el flamante secretario de Justicia, Rubén Virué; el ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez; y Clara Fink, de 83 años, madre de Claudio y una de las fundadoras de Afader. 

Virué habló de la lucha que se ha venido llevando durante 35 años por “memoria, verdad y justicia”. “Ni la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pudieron frenar la lucha de los organismos”, asestó el funcionario oriundo de Larroque. 

La coordinadora del Registro agradeció la presencia de los abogados querellantes, el fiscal federal, José Candioti y a los familiares e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria del interior de la provincia. Ratificó la tarea de ésta última y destacó la política de “conservar viva la memoria de más de 270 desaparecidos entrerrianos, luchando contra la impunidad de los responsables de un genocidio que ha dejado terribles huellas sobre la conciencia y sobre los cuerpos de la sociedad”. 

“El cambio de paradigma fue del Ejecutivo”

En una reveladora entrevista, Daniel Rafecas, el juez federal a cargo de la causa Primer Cuerpo del Ejército, habla de la reapertura de los casos, el papel que jugó el primer gobierno kirchnerista en estos procesos y el “descaro” de quienes aún sostienen que la justicia “mira para un solo lado” al juzgar a lo militares. Además, explica el encuadre del delito de violación como un acto de tortura para que no quede impune y el futuro juzgamiento a los cómplices civiles de la dictadura. –¿En que etapa se encuentra hoy la causa Primer Cuerpo del Ejército? –A siete años de haber tomado la causa estamos muy satisfechos. Hemos avanzado en muchos tramos. Ya hay sentencias condenatorias como la del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), Orletti, próximamente estará la sentencia de Vesubio, y ya hemos condenado en la provincia de La Pampa. En total llevamos alrededor de 130 represores procesados, 30 de ellos condenados y el resto en distintas etapas de justicia. Siempre avanzando y haciendo eje en los centros clandestinos de detención y tortura. La causa había quedado paralizada en 1987, con la Ley de Obediencia Debida. Cuando asumí, en 2004, justo en el momento de la reapertura de los procesos, pude encarar un trabajo realmente muy complejo. –Pero el trabajo no se termina ahí… –El trabajo no se detiene nunca y hay que hacerse a la idea de que el escenario de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina va a durar por lo menos diez años más, entre investigaciones y juicios con condena. Yo tengo la sensación de que estamos a mitad de camino de lo que podemos proponernos como trabajo mínimo. En lo que es Atlético-Banco-Olimpo nosotros elevamos a juicio 20 imputados, por más de 200 hechos, de víctimas. Mientras que hicimos esas elevaciones hemos juntado víctimas nuevas y revelado la identidad de seis o siete nuevos imputados. Ya no hay dudas de que va a haber un segundo juicio de ABO. Y lo mismo nos pasa con Vesubio, donde hicimos elevaciones por siete u ocho imputados y ahora logramos comprobar que era operado “a distancia” por el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, que todo lo que se hacía en Vesubio se decidía allí, en reuniones de inteligencia. Y por lo tanto, procesamos a los dos jefes sucesivos del Regimiento 3 más el jefe de Inteligencia, Crespi, y a quien resultó ser el jefe del CCD, Gustavo Adolfo Cacivio. –¿Hay cómplices civiles involucrados en las causas o no se ha llegado a esa instancia? –Todavía estamos totalmente dedicados a perseguir a los que integraban este aparato bélico de poder. Intentar en una segunda etapa alcanzar a los civiles que fueron cómplices o/y que han encubierto es algo deseable y creo que hay que hacerlo, pero hay una lógica de prioridades que indica que tenemos que seguir buscando a los autores directos de estos crímenes. Nos falta trabajo todavía, hay mucho por recorrer. –¿Existen diferencias entre este nuevo proceso de justicia y el proceso anterior de enjuiciamiento de las juntas militares? –Yo advierto una absoluta coherencia y sensación de continuidad. El gran tributario de esa megacausa que se llamó Juicio a las Juntas es la causa Primer Cuerpo del Ejército. Desde el punto de vista territorial, de la cantidad de víctimas, de victimarios, de centros clandestinos, hasta por una cuestión de lugar donde se llevó a cabo el juicio. Nuestra base de trabajo, de pruebas, de líneas de investigación, conceptos que se manejan, es la sentencia del Juicio a las Juntas. Mi visión es que hay una absoluta continuidad. El problema fue la interrupción que representaron las leyes de impunidad. Pero si no hubieran existido, si hubiera habido una decisión política de continuar las investigaciones, lo que yo hice hubiera sido realizado en 1987. –Tal vez la causa haya sido la falta de capacidad política de la justicia y el gobierno, además de un contexto desfavorable... –El considerando décimo del fallo de la Cámara Federal del Juicio a las Juntas dice que no debía detenerse el proceso ahí, e insta a todas las cámaras federales del país a investigar. Ese considerando es el que genera las citaciones a los mandos medios, que desencadenan los levantamientos carapintadas. Citan a Barreiro en Córdoba, gente en Bahía Blanca, en Capital Federal. Es con las citaciones judiciales a prestar declaración indagatoria que se genera el levantamiento. La democracia fue sometida a una extorsión muy fuerte y el gobierno nacional en ese momento hizo un cálculo de costes y beneficios, y decidió rendirse frente a esa extorsión. –Hablando del rol que cumplieron o cumplen los distintos gobiernos, ¿considera que el gobierno actual usa como bandera política de gestión la reapertura de las causas? –Sí, y tienen razón en hacerlo. Yo soy testigo de eso. Cuando Kirchner anunció que iba a impulsar la reapertura de los procesos nos quedamos todos un poco extrañados de la decisión, y con expectativas. Y la verdad es que todo se fue cumpliendo. El punto de partida fue esa decisión del Poder Ejecutivo, que después fue acompañada por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. Hay que reconocer que el cambio de paradigma se dio desde el Ejecutivo. Y hasta el día de hoy se han mantenido firmes en este apoyo y en la coordinación de los distintos estamentos y en construir esta cuestión como una política de Estado. –¿Y la opinión pública? –Hoy hay un acompañamiento mayoritario, pero a partir de que se pudo saber la verdad de la mano de los juicios y de la visibilización de todo el proceso. Pero en 2003, cuando el PEN decidió dar este paso, no creo que fuera tan popular la decisión porque la opinión pública estaba condicionada por los medios de comunicación, la deformación de la historia que viene de la propia dictadura con la teoría de los dos demonios, eso era lo que estaba instalado. Pero hubo un vuelco y hoy la mayoría acompaña este proceso. –¿Qué le diría a una persona que sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios o de la justicia parcial, de un solo lado? –Esa idea es la consagración de las teorías negacionistas de la represión. Sobre la base de que no hubo represión ilegal, puedo decir que se enjuicia y castiga solamente a los que llevaron adelante la lucha antisubversiva. Pero tengamos en cuenta todos los casos de justicia autoritaria: asesinatos, torturas, exilios, robo de bebés, todos crímenes cometidos desde el Estado. Penas de muerte autoritaria decididas por un “Turco” Julián, por un “Tigre” Acosta, en nombre del Estado. Si ponemos en la balanza las condenas informales del Estado autoritario, ¿para qué lado se inclina? Nos falta muchísimo todavía para equiparar lo que fue la justicia policial de la dictadura. La gente sostiene que se juzga a los militares pero no a Montoneros. Yo lo puedo decir como juez: los mataron a todos, los masacraron, no quedó nadie. ¿Cómo puede ser que tengan el descaro de decir que la justicia mira para un solo lado? El 80% de los integrantes de las organizaciones armadas fueron exterminados. PRT-ERP, Montoneros, la FAP, la FAR, todos. Que se proyecte todo esto sobre los militantes porque la conducción se salvó porque estaba afuera, es una falta de respeto a la verdad histórica. Los que no fueron asesinados, fueron brutalmente torturados o forzados al exilio. Aparte, ellos pasaron por la justicia formal. Taiana estuvo once años presos, Eduardo Anguita también. Hubo presos políticos y nunca se impidió el procesamiento de los actos de violencia cometidos por las organizaciones armadas. La diferencia reside en que no hay motivos para considerarlos imprescriptibles, porque no hubo interrupción en la posibilidad de investigar esos crímenes. –A medida que se avanza que se suman aspectos nuevos como, por ejemplo, la mirada de género… –Yo tengo un origen judicial. Empecé a trabajar en tribunales a los 19 años, tengo la formación típica de la burocracia judicial penal y una formación académica paralela en la Facultad de Derecho de la UBA. Y como tal, nunca tuve acceso a la mirada de género. Cuando empecé a investigar la causa del Primer Cuerpo del Ejército entré en contacto con esta mirada, a través de textos, planteos que se han hecho. Empecé a estudiar el tema y a prestarle atención a esta cuestión. –¿Por ejemplo? –Trabajamos más de dos años en el circuito represivo Mansión Seré hasta que dictamos procesamientos, y fue para esa época que terminé de madurar el tema de la mirada de género y la importancia que tiene. Cuando terminé de dictar el procesamiento por una centena de casos, me quedé con esta idea de que había un aspecto de la violencia que se había inyectado en este circuito que no estaba cristalizada en la investigación. Y era la cuestión de género. Es allí cuando empecé a explorar alguna manera de visibilizar la violencia de género como parte de las prácticas sistemáticas de tortura que se daban en los centros. –Hay organismos de Derechos Humanos que sostienen que había órdenes de violar… –La impresión que tengo, en líneas generales, por lo menos en la causa en la que yo entiendo, es que la represión ilegal llevada a cabo por el Ejército en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires muestra indicios de que en el dejar hacer hacia abajo había un mensaje de que la cúpula y los altos mandos del Ejército veían con malos ojos la agresión sexual a las víctimas cautivas. No me animo a decir que había una orden de no acosarlas sexualmente o de no violarlas porque no está demostrado, pero sí tenemos indicios, de testigos, de las propias mujeres cautivas y de algunos represores que han hablado, de que había una cuestión que mezclaba códigos morales y códigos religiosos del catolicismo de las cúpulas, que no aprobaban este tipo de acciones. De no haber esta especie de contraorden, los casos de violaciones y abusos sexuales en los circuitos del Ejército hubieran sido 100 veces peores de lo que efectivamente fueron. Esto está comprobado en la causa del circuito ABO. En situaciones donde la cuestión de las violaciones hacia mujeres se iba de cause, la comandancia remplazaba a los titulares de los CCD. Pasó varias veces, en el “Chalet” del Hospital Posadas, en Vesubio y en algunos más. –¿Usted sostiene una diferencia entre el Ejército y otras fuerzas? –Sí, se advierte un cambio sustancial cuando es la Aeronáutica, y no el Ejército, el que está a cargo de la represión y es soberano de un CCD. La zona oeste de provincia de Buenos Aires fue delegada por el Ejército a la Aeronáutica y, así, esta fuerza pasó a ser soberana de la zona donde se encuentra la base aérea de Morón, de Palomar y de Moreno. En esta región, con epicentro en Mansión Seré, mandaba la Aeronáutica. Cuando empezamos a investigar este circuito represivo (Mansión Seré, las comisarías de Castelar, de Haedo, de Morón y las tres bases aéreas) advertimos claramente que, a diferencia de los centros que controlaba el Ejército, en estos CCD los abusos contra mujeres eran la regla: una mujer, cautiva, joven, era víctima de abusos o violaciones. Había una cosa de promiscuidad terrible. –Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cuál es su posición frente a la discusión de cómo visibilizar estos delitos de género? –Conozco bastante bien estas discusiones. Una mirada objetiva a la jurisprudencia de los tribunales internacionales de Derechos Humanos muestra que, en general, la manera que han encontrado los Tribunales Penales Internacionales (TPI) es sostener que la violación y otros abusos sexuales deben ser considerados como una forma evidente y manifiesta de tortura. Es decir, la imposición de un grave sufrimiento físico y/o psíquico por parte de un agente que, de cierta manera, representa al Estado. A mí me parece que esto es correcto. Hay que considerar la violación y los abusos sexuales en estos contextos de privaciones ilegales de la libertad como un acto de tortura. –¿Y respecto de la causa en la que entiende? –En este juzgado, desde el primer momento, consideramos que el solo hecho de imponer a un cautivo condiciones absolutamente inhumanas de detención, desnudarlo, encapucharlo, quitarle la identidad, tenerlo engrilletado, toda esta sumatoria de cosas, constituyen tortura. Y por lo tanto no hace falta probar cada uno de estos hechos. Que de modo sistemático en un centro clandestino se impusieran estas condiciones inhumanas, constituye tortura de por si. La persona era torturada desde que ingresaba al centro clandestino hasta que era liberada o legalizada. En ese contexto de tortura se incluyen todos los actos que estrictamente pueden considerarse como tal.

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

INVESTIGAN EN SAN NICOLAS 66 EXPEDIENTES DE ADOPCIONES DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

La fiscalía federal de San Nicolás, que encabeza Juan Patricio Murray, investiga 66 expedientes de guarda y adopción que tramitaron durante la última dictadura, con la sospecha de que al menos algunos de ellos pudieron haber escondido la entrega de hijos de desaparecidos. Es el mismo tipo de rastreo que, como reveló Página/12, están realizando el juez Norberto Oyarbide en los juzgados de menores de Capital Federal y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el juzgado (de la fallecida Ofelia Heft) que dio en adopción a Marcela y Felipe Noble Herrera, mientras la Corte Suprema bonaerense arma una base de datos de consulta permanente sobre procesos de adopción durante el terrorismo de Estado. El caso de San Nicolás pone en evidencia no sólo las irregularidades en los trámites originales de guarda, sino los mecanismos del propio Poder Judicial para, aún hoy, impedir la reconstrucción de historias de vida y la restitución de la identidad de los chicos apropiados. Tan es así que de los expedientes que están en la mira hay 44 que no aparecen, y hasta le abrieron una causa a un juez por resistirse a entregar dos legajos.

El ex juzgado de menores (ahora de responsabilidad penal juvenil) de San Nicolás funciona en una casa. Los expedientes de guardas que ya no están en uso fueron quedando amontonados en una habitación al fondo. “Prácticamente a la intemperie, sucios, con manchas de humedad, rotos”, describía un informe de un grupo de especialistas de Abuelas de Plaza de Mayo, que participaron en esta investigación. “Cuando un joven quiere iniciar una búsqueda sobre su origen biológico esta información es fundamental, dato que los empleados (judiciales) no pueden desconocer”, resaltaba el documento. Tanto Abuelas como la fiscalía que asumió la pesquisa parten de la idea de que el recorrido y las anomalías en los papeles que dan cuenta de guardas y adopciones durante la dictadura podrían facilitar el hallazgo de chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados. A su vez, esta información ayudará a establecer la responsabilidad de los jueces en las apropiaciones, a las que procuraron dar aspecto de legalidad.

El equipo de investigaciones de Abuelas pidió al juzgado de San Nicolás 66 expedientes que debieron haber tramitado allí. La respuesta fue que sólo había 22 y el resto era imposible encontrarlos. La mayoría de los que aparecieron son del período 1976-1979, cuando el juez a cargo era Carlos Marchetti, el mismo que la semana pasada la Cámara Federal de Rosario ordenó volver a investigar por las irregularidades advertidas en la adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien había sido entregado a personas conocidas del magistrado, y recuperó su identidad en 1995.

Marchetti había dado en guarda a Manuel a una prima de su primo. Nunca publicó edictos ni solicitadas para intentar hallar a su familia biológica y el único papel que daría cuenta de “citaciones cursadas a los familiares” sería falsa: estaba firmada supuestamente por el principal Jorge Russo, que dijo que no conocía a Marchetti, y además por su rango no podía rubricar ese trámite. Los adoptantes figuraban como casados –aunque no lo eran– y se obviaron los informes socioambientales propios de una adopción. En 1977, a una pareja de San Nicolás que preguntaba por el chiquito, el juez les dijo: “Muerto el perro se acabó la rabia”. Reconstruir todo esto no fue sencillo ya que faltaba lo fundamental para poder empezar: había sido arrancada la hoja del libro índice que es la que permite identificar el expediente de guarda. En muchos de los casos que están bajo investigación sucedió lo mismo. Faltan esa y otras páginas.

Manuel Goncalves se convirtió en el impulsor de la investigación contra Marchetti, el juez civil de Lomas de Zamora Juan Delfín Castro y otros funcionarios judiciales que posibilitaron la supresión de su identidad. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo los había sobreseído con el increíble argumento –revertido por la Cámara– de que la culpa había sido de Ana, la mamá de Manuel, que como forma de protegerse y protegerlo había cambiado su nombre y el de su bebé.

Los 66 expedientes que Abuelas y la fiscalía de Murray rastrean se corresponden con niños que son hallados y entregados al juzgado como “NN”. Los documentos fueron requeridos al actual juez de esa dependencia, José Emilio Luciano. La primera respuesta del magistrado fue que las causas de guarda con fines de adopción habían sido remitidas a juzgados civiles. Sin embargo, allí informaron que los datos de los libros del juzgado de menores eran inexactos. No fue el único entuerto que tuvieron las Abuelas y la fiscalía con el juez Luciano. Cuando pidieron la búsqueda de los papeles de un caso específico que había sido señalado por la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) como el de un probable hijo de desaparecidos, tanto su juzgado como el de la jueza civil Amalia Fernández Balbis contestaron que no los encontraban. El 21 de marzo último fueron intimados por la Suprema Corte bonaerense a “efectuar una exhaustiva búsqueda”, “con la celeridad que el caso amerita”. Para ese entonces, Luciano ya tenía abierta una causa por resistencia a la autoridad por negarse a dar los expedientes de dos menores hijos de desaparecidos. Murray pidió la indagatoria de Luciano a fines del año pasado, pero hasta ahora el juez Villafuerte Ruzo no le hizo lugar.

Luciano fue secretario de Marchetti en el Juzgado Penal Número 3 de San Nicolás entre 1979 y 1984. Allí tramitó la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi en la que fue sobreseído hacia finales de la dictadura el ex subcomisario Luis Abelardo Patti. Luciano luego devino fiscal y, finalmente, juez de menores. Marchetti se fue a la actividad privada. Es abogado personal de Naldo Brunelli, secretario general de la UOM local quien, según fuentes judiciales, tiene un hijo adoptivo dado en guarda por Marchetti en 1977.

Los 44 expedientes faltantes siguen sin aparecer. Como informó este diario, según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, el 30 por ciento de los 104 nietos que pudieron recuperar su identidad “fueron robados por procedimientos de guarda y adopción”, lo que demuestra la importancia de poder sacarlos a la luz.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Margarita Belén: ocho de los imputados recibieron condena a prisión perpetua

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó a prisión perpetua a ocho acusados en el juicio oral por la Causa Margarita Belén, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

 

Los condenados son Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni y Luis Alberto Patetta. En tanto, el tribunal –integrado por los jueces Gladys Mirtha Yunes, Eduardo Ariel Belforte y Ramón Luis González- absolvió a Alfredo Luis Chas. En el hecho fueron asesinados y desaparecidos tres militantes entrerrianos, como Fernando Piérola, Reinaldo Zapata Soñez y Raúl Caire, en una historia donde la lucha de décadas de la artista plástica Amanda Mayor -madre de Fernando-, fue clave para llegar a la condena de este lunes. 

A todos los acusados se les imputaba los delitos de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes (Artículo 80 incisos 2 y 6 del Código Penal), en perjuicio de 11 víctimas, en concurso real entre sí y con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo –desaparición forzada de personas. 

Varios familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en el episodio de diciembre de 1976 viajaron hasta Resistencia, para escuchar la lectura de la sentencia de los hechos de Margarita Belén. 

La denominada Masacre de Margarita Belén se registró el 13 de diciembre, pero un día antes, los 15 reclusos que estaban en la Unidad penitenciaria fueron torturados en forma conjunta durante cinco horas. A Néstor Salas le clavaron un bayonetazo en la espalda y habían decidido no atenderlo. Muchos gritaban ante el dolor de los golpes y la picana. Pero también hubo quienes no emitían sonido. En los códigos montoneros, era una especie de revancha hacia el enemigo. Era una actitud de orgullo: la de no bajar la cabeza ante un enemigo implacable y feroz. 

Los detenidos eran obligados a pasar por una doble fila de policías uniformados que los apaleaban sin piedad. Hubo quienes murieron en la tortura. Una de las víctimas fue una joven. Otros fueron trasladados a un nosocomio, por su estado de gravedad. A uno de los jóvenes lo tuvieron que llevar envuelto en una frazada, con la cabeza fracturada, al punto tal que -según los testigos- "se le salía prácticamente todo el cráneo". 

En las primeras horas de la madrugada del 13 de diciembre se produjo el cambio de guardia. Hubo un toque de silbato y se escucharon los altavoces. "Los siguientes detenidos deben preparar urgente sus efectos personales para ser trasladados a la cárcel de Formosa", dijeron. Luis Ángel Barco, Mario Cuevas, Carlos Alberto Duarte, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Néstor Carlos Sala y Patricio Blas Tierno habían sido sacados de la Unidad Penal 7 de Resistencia; Luis Díaz, Julio Andrés Pereyra, Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Carlos Alberto Zamudio y Reinaldo Amalio Zapata Soñez se encontraban en la Unidad Regional 1; mientras que Ema Beatriz Cabral -esposa de Zapata Soñez-, Raúl Caire, Delicia González y Carlos Tereszecuk estaban en la Brigada de Investigaciones. La lista incluía a tres entrerrianos: Zapata Soñez, Piérola y Raúl Caire. 

Los domingos no eran usuales los traslados y no se entendía muy bien el cambio de cárcel. La de Resistencia era de máxima seguridad; la formoseña, de mínima seguridad. Como parte del operativo, ya en horas de la noche se había decidido el corte de la ruta, 500 metros antes y 500 metros después del lugar elegido. Más de 100 efectivos policiales fueron dispuestos como cordón de seguridad. “Los cargaron como bolsas en una larga patrulla de camiones militares. Los llevaron por la ruta 11 hacia un descampado que fue Margarita Belén con el yeite de que eran trasladados a Formosa. El convoy era comandado por el ex mayor Athos Reneé y otros. En primer lugar lo bajaron al Flaco Salas y lo colocaron en un auto, atado, esposado y a menos de cien metros el ex teniente primero Luis Pateta apuntó a la cabeza y lo ejecutó con un disparo de Itaka que le destrozó el cráneo. Atrás dispararon 60 balazos de FAL los otros milicos, a menos de 40 metros a grupos de compañeros que los tenían maniatados en distintos autos. Fue un rito iniciático, el pacto de sangre en el que cada uno dispararía para evitar arrepentimientos futuros. A partir del conjuro, se fueron con una camioneta llena de carnes y bebidas para comer un asado criollo con todo el personal interviniente”. 

Los cuerpos fusilados de los militantes fueron exhibidos a los conscriptos, mientras se hacía una arenga por el triunfo contra la subversión y contra los “asesinos de soldados”, como los presentaron. Algunos testigos también aseguraron que los muertos fueron llevados al regimiento en una ambulancia Unimog, en dos tandas: la primera habría ingresado a las 18 y la segunda alrededor de una hora más tarde, ya casi entrada la noche. La ambulancia era custodiada por una camioneta, de las llamadas guerrilleras, denominada unidad de retén y después de descargar los cuerpos se impartió la orden de lavarla, para quitar la sangre que había quedado en ella; mientras que una decena de cuerpos fueron depositados en dependencias de la caballeriza, en una zona que se encontraba en desuso, próximo a las vías. Estaban tapados con impecables sábanas blancas, lo que hace suponer que los cadáveres habían sido lavados antes de ser depositados allí. Algunos tenían descubiertos los pies y de uno de sus dedos pendía lo que podía ser una etiqueta identificatoria. Esa es la última pista que se tiene, pero se estima que los cadáveres debieron ser retirados en la madrugada del 14 de diciembre en absoluto silencio, porque al día siguiente no había rastros de ellos. 

El mismo 13 de diciembre, a primera hora de la mañana, LT5, Radio Chaco transmitió un comunicado que explicaba lo que había ocurrido: "Siendo aproximadamente las 4,30 horas, una columna que transportaba detenidos subversivos hacia Formosa fue atacada por una banda armada en la Ruta 11, próxima a la localidad de Margarita Belén. Tres delincuentes subversivos fueron abatidos en el enfrentamiento producido, logrando huir los restantes". Lo firmaban las autoridades militares del Comando de la Séptima Brigada de Infantería. A la tarde, un nuevo comunicado avisó a la población que a las 15,40 horas las fuerzas conjuntas abatieron "en otro enfrentamiento, a dos delincuentes subversivos" y que "no se registraron bajas en las fuerzas conjuntas". El diario El Territorio de Resistencia también informó al respecto. Reiteraba buena parte de los comunicados y agregaba que "dos integrantes de la custodia resultaron heridos". Nunca se conoció a ninguno de los militares supuestamente lesionados; tampoco se encontraron rastros del supuesto enfrentamiento en los vehículos utilizados esa madrugada. Ni siquiera cubiertas afectadas, ya que en su momento se indicó que los miembros de Montoneros habían sembrado de clavos miguelitos la ruta, para detener a los camiones militares. 

En la cárcel, donde se podía escuchar radio, enseguida se interpretó que el traslado había derivado en el aniquilamiento de los detenidos. Es más: uno de los presos que se encontraba en la Unidad Penal, Omar Rafael Solís, dijo que cuando concurrió al baño pudo escuchar a varios de los guardiacárceles que comentaban el hecho. "Los mataron a todos; los borraron a todos", relataron los agentes penitenciarios. Uno de los custodios comentaría también que había sido llevado a Margarita Belén con otros compañeros de promoción, a las pocas horas de los sucesos y pudieron ver a los camiones del Ejército recogiendo cadáveres. 

Cuando llegaron los cuerpos al cementerio de Resistencia, las autoridades militares ordenaron la salida de todo el personal municipal. Sólo ellos debían saber quiénes iban a ser enterrados y en qué lugar. Después se comprobaría que, con fecha 13 de diciembre de 1976, en el libro de Entradas y salidas del cementerio figuraba el ingreso de 10 cadáveres, todos con el correspondiente certificado de defunción y adjudicando las muertes a heridas de bala. Dos de ellos –un cuerpo masculino y otro femenino- fueron ingresados como NN y el resto, con nombre y apellido. Treinta años después se sabría que el NN masculino era Alcides Bosh, quien había desaparecido en la zona el 22 de noviembre del ’76 y los militares nunca reconocieron su detención 

Por todos los medios se trató de borrar huellas comprometedoras. Cuando se inició la investigación de los hechos, en 1985, el Servicio Penitenciario Federal informó que no existían constancias sobre los detenidos que egresaron de la Unidad Penal Número 7 entre el 10 y el 13 de diciembre de 1976: ninguno de los libros apareció. Tampoco se pudo establecer la nómina del personal de guardia, tanto en la Dirección de Investigaciones como en la Alcaidía Policíal, durante esa fecha. Investigaciones informó que "los libros se quemaron en un incendio producido en 1976"; Alcaidía desconocía el destino de tal información. Allí no sólo faltaban los libros correspondientes al período que iba desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre de 1976, sino también las copias de los partes diarios correspondientes al período comprendido entre el 9 de julio de al 31 de diciembre de ese año. El Grupo de Artillería 7 y el Destacamento de Inteligencia 124 indicó -ante la requisitoria judicial- que no era posible "informar lo solicitado, ya que los archivos correspondientes a esa época fueron incinerados, dado el tiempo transcurrido". En la Jefatura de Policía del Chaco sólo se encontró archivada documentación de los años 1982 y 1983 en adelante. Lo único que se halló fue el libro de Novedades del Centro de Operaciones Policiales, donde aparecen constancias del hecho, registrándose el enfrentamiento. El parte indica que la columna militar fue atacada por cuatro vehículos, uno de ellos marca Peugeot, que quedó en el lugar de los hechos, con sus dos ocupantes muertos. Añadía que el personal de seguridad que resultó herido fue conducido a Resistencia, dándose cuenta además de otras "tres bajas entre los detenidos" que se trasladaban y que "fugaron del lugar del un total de cinco subversivos". 

La Cámara Federal de Resistencia comprobó que en Margarita Belén hubo una masacre. La resolución fue firmada por la totalidad de los camaristas, luego de investigarse la muerte de Patricio Blas Tierno, a raíz de la denuncia de su padre, Raúl Tierno, oriundo de La Plata. Más de 25 años después de esa resolución judicial, la Justicia terminó por condenar a los responsables de tanta masacre

Escribir comentario

Comentarios: 0

Acto a 10 años de la causa Noble

La titular de Abuelas, Estela Carlotto, charló con los medios minutos antes de encabezar la marcha por los diez años del comienzo de la Causa Noble. Los principales temas abordados por la militante de Derechos Humanos. Sobre los chicos restituidos: “Queremos salvar a estos chicos para que recuperen la libertad. Hoy estuvimos con tantos chicos recuperados en la Abuela y los vimos felices, con sus hijos, con su verdadera historia, haciendo lo que quieren, en libertad”. Sobre la Causa: “Esta lentitud que ya disgusta se porque detrás hay una persona de poder económico y de poder mediático. En otros casos no ha pasado nunca una demora de tal magnitud”. Sobre Felipe y Marcela: “Decirles cuánto los queremos conocer, cuanto los esperamos, sabiendo que no pueden ser parte del aparato represivo que los ha capturado. Cuanto queremos devolverles su historia” Sobre la marcha masiva: “Nos pone muy contenta esta respuesta de la gente. Ahora esperamos respuestas en otro lado. Acá está el Pueblo que pide, que reclama. Ahora es el turno de la Justicia que tiene que decirnos la identidad de estos chicos. Estamos acá no para extorsionar sino para exigir por algo que debió hacerse hace mucho tiempo”

 

Fuente: Agencia Paco Urondo

Escribir comentario

Comentarios: 1
  • #1

    Belu (jueves, 19 mayo 2011 13:39)

    Nada hay más perverso que criar al hijo de tus victimas como victimarios de su propia familia. Ellos son adultos, pero en el fondo, siguen siendo los bebés asustados arrancados de su madre. La presencia de una ausencia siempre es una verdad poderosa. La Sra teme, yo en su lugar también. Cada vez está más cerca la verdad. No hay dinero que pueda aliviar el alma. Confio en los chicos.. Sé que van a reaccionar

Con la condena más alta para un apropiador

DIECIOCHO AÑOS DE PRISION PARA EL POLICIA QUE SE APROPIO DE JUAN CABANDIE, EL LEGISLADOR NACIDO EN LA ESMA.

El ex agente de inteligencia de la Policía Federal Luis Antonio Falco recibió la máxima pena otorgada hasta el momento para ese delito. Juan Cabandié fue querellante en la causa. El testimonio de la hija del represor fue clave.

 

Por Victoria Ginzberg

Dieciocho años. La pena máxima que, hasta ahora, recibió un apropiador de un hijo de desaparecidos. Esa fue la condena impuesta por la jueza María Servini de Cubría a Luis Antonio Falco por retener y ocultar a Juan Cabandié, además de adulterar su estado civil y falsificar sus documentos. Dieciocho años. Uno más que los que tenía Alicia Alfonsín cuando parió en un cuartito de la Escuela de Mecánica de la Armada. “Estoy aliviado. Feliz de que la Justicia haya actuado”, dijo el legislador kirchnerista con voz pausada y calma cuando lo rodearon los micrófonos y las cámaras, todavía dentro de la sala del Palacio de Tribunales.

La audiencia fue corta. La secretaria leyó la condena. La jueza habló poco. Dijo que las fotocopias de la resolución se iban a entregar en la oficina 2113. Se hizo un silencio. El público –compañeros de Juan, su familia, amigos, otros nietos recuperados– y los periodistas se quedaron como esperando algo más. “Queda finalizado el acto”, aclaró Servini de Cubría. Había terminado. Y entonces llegaron los aplausos y los abrazos, entre ellos el de Juan y su hermana Vanina, la hija biológica de Falco, que declaró contra su padre en el juicio. Por la ventana entraba la música, el sonido del acto que se estaba preparando a unos metros por los diez años de la causa en la que se investiga si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín son víctimas del terrorismo de Estado.

El acusado no estaba. Como la causa se tramitó bajo el viejo código –lo que implicó que el proceso fuera escrito–, el apropiador pidió no concurrir a la lectura del veredicto. Falco, ex agente de inteligencia de la Policía Federal, fue arrestado la semana pasada. El juez Rodolfo Canicoba Corral lo había beneficiado con una eximición de prisión al inicio de la investigación, a pesar de que había estado prófugo. Servini de Cubría lo mandó detener el jueves pasado. Si hubiera ordenado su arresto ayer, en el momento de la sentencia, Falco podría haber seguido en libertad mientras apelaba el fallo. Ahora seguirá preso. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud, Luciano Hazan y Agustín Chit se retiraron satisfechos: habían logrado la condena más importante para un apropiador. “Poco a poco vamos mejorando”, decía Abel Madariaga, secretario de Abuelas y padre de un nieto recuperado.

Cabandié, que fue querellante en la causa, dijo que no le importaba cuantificar la condena, sino que se había hecho justicia. Que siempre pensaba en los 400 chicos que siguen desaparecidos y que fue por eso, justamente, por lo que se había animado a hablar en el acto del 24 de marzo de 2004, cuando se anunció que la ESMA sería un Espacio para la Memoria. “La verdad es la libertad absoluta”, dijo en un conmovedor discurso ese día, a tres meses de haber recuperado su identidad. También agradeció a los que lo habían acompañado y habló de Vanina: “Mi hermana fue la primera persona a la que acudí. Hoy somos hermanos más que nunca”.

Vanina Falco es la hija del apropiador de Cabandié. Hace 14 años que no lo ve. Antes de las dudas de Juan. Se alejó de la casa por la intolerancia y la violencia de Falco. En un hecho inédito, fue testigo de la causa y declaró contra su padre. “El primer recuerdo que tengo de él –de Juan– es con mi padre entrando con él en brazos. Estaba toda la familia reunida para recibirlo”, contó en esa oportunidad. Que Falco esté preso no le genera contradicciones. Ayer estaba feliz. Y emocionada. Se acordaba del día en que Juan la citó en un bar del centro para decirle que creía que no era hijo de “ellos” y que pensaba que a lo mejor era hijo de desaparecidos. En ese momento, vio su vida como una película: la violencia de su padre, su discurso, que Juan nació en 1978, los nombres falsos hallados en una tarjeta, las diferencias físicas, las cosas que Falco le decía (“Yo sé lo que es que me pidan piedad de rodillas”, la increpó una vez durante una discusión). Le cayó la ficha al instante y fue como si las piezas del rompecabezas se acomodaran solas.

Vanina y Juan esperan que Falco sea investigado por su rol en la represión ilegal. “Nosotros teníamos que decir que él era visitador médico. El se jactaba de haber hecho allanamientos y obtener artículos como una guitarra o discos. Estaba armado en cualquier momento del día. Y en la casa en la que me hicieron vivir había numerosos recuerdos, platos con escudos”, recordó Juan cuando declaró en la causa. El testimonio de Vanina coincidió: “En el Mundial del ’78 mi padre realizaba tareas especiales de control. Estaba en seguridad”. También se acordó de la guitarra con la que jugaba Juan. “¿Sabés de dónde la saqué? Me la traje de souvenir de un procedimiento”, le dijo Falco. Y de las amenazas e interrogatorios que ella misma sufría. “Una vez, cuando yo tenía alrededor de doce años, encuentro encima de su cómoda una credencial con la foto de él y el nombre de Leonardo Fajardo. Le pregunto quién es y él me dice que era un nombre que utilizaba para hacer ciertas tareas”, contó.

Ante la cercanía de la sentencia y con el arresto de Falco, Cabandié no pensó mucho en su apropiador. En cambio, se acordaba de sus padres, Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, y del ex presidente Néstor Kirchner, que siempre le marcaba qué jóvenes habían sido ellos cuando se los llevaron.

Alicia y Damián fueron secuestrados el 23 de noviembre de 1977. Ella tenía 16 años (cumplió 17 durante su cautiverio) y estaba embarazada de siete meses. Fueron vistos en el centro clandestino El Banco y desde allí Alicia fue llevada a la ESMA. “Llegó casi rapada. Eso se lo habían hecho en El Banco. Era muy bonita, de una cara angelical, además de una sonrisa cautivante, era realmente un bebé embarazado que causaba ternura. Daban ganas de abrazarla todo el tiempo, era como mi nieta”, narró Sara Solarz de Osatinsky, sobreviviente de la ESMA, que acompañó a la mamá de Juan durante el parto. “Nació un varón a quien Bebé (así le decían a Alicia) tenía en brazos siempre y mostraba con mucho orgullo y amor. El nene Cabandié quedó durante un tiempo junto a su madre, supongo que no sabían qué hacer con él o buscaban a quién dárselo.” Juan y Alicia estuvieron juntos en la ESMA durante quince días. “Pienso que mis viejos estarían felices por esto. Lo más difícil de todos estos años fue saber que nunca más los voy a ver”, dijo Cabandié a Página/12 antes de salir de tribunales.

Fuente: Página 12.

Escribir comentario

Comentarios: 0

Un aterrizaje forzoso para cinco pilotos

Los arrestados son el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el ex suboficial naval Rubén Ormello y tres pilotos que habrían participado del asesinato de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

 

A diecisiete años de la confesión pública del ex capitán Adolfo Scilingo, el juez federal Sergio Torres ordenó detener e indagó ayer a cinco imputados por los vuelos de la muerte. El más conocido es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, defensor de sus compañeros de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a personas dormidas para arrojar al vacío. Los ex pilotos Enrique José De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, en cambio, fueron imputados a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación, que estudió planillas de Prefectura e identificó el vuelo del Skyvan en el que habrían sido asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. El quinto detenido es el ex suboficial naval Rubén Ricardo Ormello, quien confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. Tanto De Saint George y Arru como el mecánico Ormello son empleados de Aerolíneas Argentinas.

El único detenido por los vuelos en el país era hasta el lunes el capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”. Su caso ya fue elevado al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía. Distinto es el caso del teniente Julio Alberto Poch, el piloto de Transavia extraditado desde España, quien goza de libertad desde que la Cámara Federal le ordenó al juez Torres reforzar los argumentos del procesamiento. Las nuevas detenciones se produjeron el lunes. Cuatro de los imputados prestaron ayer declaración en el juzgado de Torres, quien los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. A Torres de Tolosa, con un tumor cerebral, lo indagó el secretario Pablo Yadarola en la casa, donde quedó detenido con un policía en la puerta. El juez tiene ahora diez días para resolver sus situaciones procesales.

Teniente Vaca

Gonzalo Torres de Tolosa, pariente lejano del capitán Jorge Acosta, integraba el sector Automotores de la ESMA junto con Scilingo, quien lo conocía como “teniente Vaca”, el nombre de cobertura que usaba para ocultar su identidad. Juntos participaron del primer vuelo de la muerte que confesó el marino, ocurrido a mediados de 1977 en un Skyvan de Prefectura. El abogado había estado apenas un día detenido, en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, quien pidió sin suerte su captura y extradición. Torres de Tolosa estuvo imputado en la megacausa ESMA desde 2005, cuando el fiscal federal Eduardo Taino lo incluyó en su acusación. El dictamen no le impidió recorrer durante años los pasillos de Comodoro Py para defender a sus camaradas en desgracia. El abogado es además uno de los cinco civiles condecorados el 12 de septiembre de 1978 por el ex almirante Emilio Massera por su “esfuerzo y abnegación” como integrante del Grupo de Tareas 3.3 “en operaciones reales de combate”.

El Colorado Ormello

Rubén Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada, tenía 21 años y prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su confesión, que Página/12 publicó hace veinte meses, la relataron ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura y para la que trabajó hasta el lunes en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruyó un operario. Las fuentes citaron un detalle que los paralizó: “Trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho efecto. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba. El 13 de agosto de 2009 Página/12 buscó a Ormello en su lugar de trabajo y en su casa de Godoy Cruz. Su esposa informó que estaba de viaje. El cronista dejó su teléfono y su mail, pero no recibió respuesta, ni antes ni después de la nota, publicada el 6 de septiembre de 2009.

Del Skyvan al Boeing

Las primeras denuncias sobre el uso de los Skyvan en vuelos de la muerte datan de 1983. Los registros de Prefectura que derivaron en las detenciones no los pidió el fiscal o el juez de la causa ESMA sino el fiscal Miguel Osorio, que decidió investigar vuelos en el marco del Plan Cóndor. La Unidad Fiscal que conducen Jorge Auat y Pablo Parenti procesó 2758 planillas de cuatro Skyvan, identificó vuelos anómalos y señaló en particular el del PA-51 del 14 de diciembre de 1977, que despegó del aeroparque Jorge Newbery a las 21.30, voló tres horas y diez minutos y, sin escalas ni pasajeros según el registro, retornó al punto de partida. Horas antes habían sido fotografiadas en la ESMA las monjas Domon y Duquet, cuyo cadáver apareció en las playas de San Bernardo seis días más tarde. De Saint George y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas. Hasta el mes pasado, cuando el fiscal Taiano pidió sus detenciones, volaban tres veces por mes a Madrid como comandantes de los Boeing 747. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra. Días después del vuelo un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En Necochea vive aún libre e impune el jefe de los pilotos, prefecto general Hilario Fariña, a quien el Concejo Deliberante local podría declarar el jueves “persona no grata”.

 

Fuente: página 12

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Ex delegados de Mercedes Benz y el rol de la empresa en la dictadura

Denunciaron que gerentes de la automotriz confeccionaron las listas de los trabajadores que fueron víctimas de la represión.

Ex trabajadores de la Mercedes Benz y el sobreviviente de Campo de Mayo Héctor Ratto, expusieron ayer en la ex ESMA acerca del rol que tuvo la automotriz durante la dictadura en el ciclo de debates Empresas y terrorismo de Estado. “El objetivo de este ciclo es poner de relieve no sólo la participación activa de las empresas, sino su rol fundamental en la planificación e imposición de un modelo de país funcional a sus intereses”, argumentaron. 
“El rol de Mercedes Benz que, como otras empresas, participó en el plan, financió el golpe de Estado y proporcionó los medios logísticos y económicos para garantizar la represión. También formó parte de la operación financiera de endeudamiento externo, con la que se enriqueció”, destacaron los panelistas Hector Ratto, sobreviviente de Campo de Mayo y testigo en el histórico juicio a las Juntas Militares en 1985, Julio Dalessandro, delegado paritario en 1975 y Hugo Crosatto, integrante de la “comisión de los nueve”, cuerpo de delegados que enfrentó a la dirección del SMATA de José Rodríguez.  De los trabajadores de Mercedes Benz hay 14 detenidos desaparecidos y tres sobrevivientes, uno de ellos Héctor Ratto, quien declaró en el juicio a las Juntas Militares en 1985. También fue víctima Paola Loares, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, apropiada por el jefe de seguridad Rubén Lavallén. También se sospecha que los directivos de la empresa podrían haber apropiado a otros tres bebés.   
“Los trabajadores y delegados de los años setenta estamos participando en los juicios que se están llevando a cabo contra los genocidas, responsables de las desapariciones de más de 5000 compañeros que fueron secuestrados, muchos dentro de las propias fábricas y llevados a Campo de Mayo”, relataron. “Así como se está enjuiciando a la mano de obra, militares y policías, ahora estamos impulsando el juicio y castigo a los instigadores e ideólogos, las empresas multinacionales que al amparo de la represión generalizada en el país, entregaron a la dictadura militar las listas de las comisiones internas, delegados, activistas, con los nombres de los compañeros que posteriormente fueron desaparecidos. Estas empresas se beneficiaron contrayendo un endeudamiento externo que la dictadura transfirió al pueblo argentino”, destacaron los sobrevivientes.
El ciclo continuará con la exposición de los casos de Papel Prensa y la automotriz Ford.

Escribir comentario

Comentarios: 0

Un largo camino hasta conseguir justicia

El ex policía y ex intendente de Escobar recibió prisión perpetua a ser cumplida en un establecimiento del Servicio Penitenciario. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a la misma pena. A un quinto acusado le dieron seis años.

Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.

Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.

El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo.

“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.

“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.

Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.

“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.

Víctimas, testimonios, pruebas

Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.

El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.

Canciones

Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus “últimas palabras” por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. “Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón”, dijo el represor. Carlotto contestó después: “No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió”. Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.

La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.

Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”

Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Centro Clandestino Policia Federal: Placas para no olvidar el horror


El Estado argentino continúa con el trabajo de la reparación histórica. Las políticas públicas de memoria, verdad y justicia tocaron ahora el corazón de las Policía Federal, primero, y al otro día el de la Bonaerense. Desde el jueves pasado se puede apreciar en la fachada de la Superintendecia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal), sobre la calle Moreno 1417, la señalización de esa dependencia como un centro clandestinos de detención y exterminio (Ccde) donde estuvieron secuestrados centenares de detenidos-desaparecidos antes y después del golpe cívico-militar del ’76. Y la mañana del viernes, se realizó otro acto de señalización, pero en la comisaría 1ª de Tigre, que también funcionó como Ccde. Es la primera vez que se señalizan dependencias de la policía.
Ya desde los años sesenta, y en especial desde el momento que Juan Carlos Onganía usurpara el poder en 1966, la Coordina, como la llamaban los militantes populares, se transformó en el centro operativo y neurálgico de la represión en la Ciudad de Buenos Aires. Con el surgimiento de la Triple A en 1974, y sobre todo a partir del plan de exterminio implementado por las fuerzas armadas en marzo del ’76, la Federal puso a disposición del Estado asesino la logística y estructura del edificio para torturar y alojar detenidos.
A través de decenas de testimonios recogidos por la Conadep en el libro Nunca Más, quedó demostrado que el Ccde funcionó, en la gran mayoría de los casos, como lugar de tránsito de los detenidos. Era en el tercer piso del edificio que la policía, de uniforme, mantenía secuestrados de los detenidos. Después de traspasar una pesada puerta de rejas que iba desde el piso hasta el cielorraso, había dos jaulones de grandes proporciones, una para varones y otra para mujeres. La guardia contaba con una oficina, un baño y una cocina. Y a ambos lados de un pasillo que en el fondo tenía una cruz esvástica, había dos hileras de celdas. Allí pasaban las horas los secuestrados, con un tabique sobre los ojos, las manos y pies esposados, sin comer y destrozados por la tortura.
Las patotas mandaban en el tercer y cuarto piso del edificio, que todavía hoy mantiene casi sin variantes su antigua estructura, según se comprobó el 18 de julio de 2008, cuando los funcionarios del Archivo Nacional de la Memoria hicieron una inspección ocular junto a sobrevivientes y el juez federal Daniel Rafecas. Días después, el 24 de junio, la agrupación H.I.J.O.S. realizó un ruidoso escrache a una cuadra de Coordinación Federal, ya que la Federal les cercó el paso.
El 2 de julio de 1976, la agrupación Montoneros voló parte del comedor del edificio, por medio de un militante que había logrado infiltrarse en la policía. La respuesta fue atroz y en concordancia con la lógica de un Estado terrorista: el traslado y voladura (con dinamita) de los cuerpos de por lo menos treinta detenidos, el 20 de agosto de 1976, ejecución masiva que pasaría a la historia como “la masacre de Fátima”, en Pilar. El 11 de julio de 2008, y en el marco del juicio en el que se investigó justamente aquella masacre, el Tribunal Oral Federal Nº5 consideró probado el funcionamiento del campo de concentración de la calle Moreno, y condenó, a prisión perpetua, a los ex policías Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone. Durante esa jornada, sin embargo, se absolvió a Miguel Ángel Trimarchi, a quien no se le pudo probar su participación en los hechos, pero que los sobrevivientes apuntaban como uno de los mentores y ejecutores más temidos dentro del edificio de la Federal.
Así lo confirma Fátima Cabrera, que estuvo secuestrada en Coordinación Federal y que el jueves participó del acto de la señalización junto a sus tres hijos. Los cuatro estaban visiblemente emocionados. A Fátima la metieron por la fuerza en ese mismo edificio el 11 de octubre de 1976, y estuvo secuestrada veinte días junto al entonces sacerdote irlandés Patrick Rice, un militante que lucharía por la vigencia irrestricta de los derechos humanos durante toda su vida, y a quien Fátima elegió como compañero y padre de sus hijos. Cabrera le dijo a Miradas al Sur que “así como para la Armada la Esma es el símbolo de la represión ilegal, para la Policía Federal lo es Coordinación Federal. Funcionaba como una central del espionaje. Era siniestro”.
La placa en la ex Coordinación Federal la colocó en conjunto el Ministerio de Seguridad con la Red Federal de Sitios de Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La ministra Nilda Garré dijo que con la señalización de edificios de fuerzas de seguridad “se destaca el relato suprimido en cada lugar donde la última dictadura militar implementó un núcleo de aplicación del terror y se intenta que cada uno de esos rincones sea hoy una ocasión para recuperar la memoria”. El viernes, en representación de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Raquel Witis se esperanzó en que “los que pasen por este lugar y los que trabajan en esta comisaría no sean indiferentes a este cartel, que piensen en esos obreros que pasaron por aquí”, en referencia a los operarios de la Ford secuestrados por la dictadura.

Escribir comentario

Comentarios: 0

Jujuy: El represor Braga y la elevacion del primer juicio oral

El juez Carlos Olivera Pastor, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, elevó a juicio oral la causa en la que se investiga al ex oficial de Inteligencia del Ejército Rafael Mariano Braga, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata de la causa caratulada “Álvarez García, Julio Rolando s/su desaparición”, donde se investiga a Braga por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio en perjuicio de Julio Rolando Álvarez García, hechos ocurridos en 1976. Braga está acusado también por el secuestro y desaparición de la maestra Dominga Álvarez de Scurta, del Ejército Revolucionario del Pueblo, quien pasó por la Central de Policía y luego fue alojada en la cárcel de barrio Gorriti en 1976, desde donde fue sacada y su cadáver encontrado en el cementerio de la localidad de Yala. La abogada querellante, Paula Álvarez Carrera, había solicitado hace dos años que se amplíe la indagatoria en el expediente por la desaparición de Julio Rolando Álvarez García. Eva Arroyo, de la agrupación HIJOS, manifestó que Braga era un oficial “enlace e inteligencia” del Ejército.

Escribir comentario

Comentarios: 0

Una nueva historia recuperada

IDENTIFICAN EN ROSARIO A UNA HIJA DE DESAPARECIDOS QUE NACIO DURANTE EL CAUTIVERIO DE SU MADRE.

La niña fue criada por una familia santafesina. El juez que intervino en el caso, Luis Vera Candiotti, fue procesado en febrero por supresión de identidad de otra joven recuperada.

La hija de una pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura fue identificada ayer a través de un examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ordenado por el juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque. Se trata de la hija de Cecilia Beatriz Barral, secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un embarazo a término. Gracias a la infatigable tarea de su hermana Ana, María tiene desde hoy su nueva identidad. El caso tiene un parangón con el de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, ya que la joven no aceptaba hacerse un análisis de ADN, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario lo ordenó. El juez Bailaque informó ayer a las partes del resultado.

María estaba en el vientre de su madre, Cecilia, el 2 de agosto de 1976, cuando junto a su pareja fue secuestrada de la vivienda de Necochea 2050 en un operativo clandestino llevado adelante por el Destacamento de Inteligencia 121, en el que otras dos personas también fueron detenidas ilegalmente y otra fue asesinada. Barral y su pareja fueron trasladados a la Quinta Operacional de Fisherton, donde fueron vistos por última vez el 11 de agosto de 1976 por Fernando Brarda. Dos hombres armados llevaron a la niña, con solo unos días de vida, a una vivienda de calle Amenábar al 3000, en la ciudad de Santa Fe, donde una familia la crió. El juez que blanqueó la entrega fue Luis Vera Candiotti, procesado en febrero último por supresión de identidad de María Carolina Guallane. Ana, que tenía dos años entonces, supo que su padre podría haberle dado una hermana con otra madre. Nunca bajó los brazos, pensando en encontrarla. En 2004 el abogado santafesino Jorge Pedraza denunció el caso.

En marzo de 2010, la edición de Rosario de Página/12 publicó la ampliación de aquella primera denuncia de Pedraza: “Barral fue secuestrada en Rosario a punto de parir, en agosto de 1976. Le roban su hijita al nacer (probablemente en el Hospital Militar de Paraná) y se la entregan a un matrimonio de la ciudad de Santa Fe, en un hecho ocurrido a mano armada, donde fue amenazado en la vereda el vecino Francisco Caminos, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Luego de eso, el juez Vera Candiotti autorizó en diciembre de ese año la inscripción en el Registro Civil de la niña ‘N.N. (más el apellido de quienes la tenían en su poder)’ en vez seguir el camino legal de internación en Casa Cuna y otorgamiento de guarda conforme el orden de la lista de inscriptos para tal fin. Esto debió ser así toda vez que era absolutamente verosímil considerar que los padres biológicos de la beba habían sufrido la violencia que los mismos integrantes del grupo de tareas mostraron frente al doctor Caminos, al lado de la puerta de la familia, hecho que fue denunciado oportunamente en las instancias del Juzgado de Instrucción en turno y en el Juzgado de Menores”.

El fallo conocido ayer y al que accedió Página/12 tramitó ante la Secretaría de Derechos Humanos del juzgado, a cargo de Gonzalo López Quintana, dentro del expediente N° 260/09, caratulado “Sumario Averiguación Violación a los Derechos Humanos”, en el que se ha logrado determinar la identidad de una persona que naciera en cautiverio luego de que su madre biológica fuera privada de libertad, permaneciendo a la fecha desaparecida”.

Y agrega: “En el expediente mencionado se investiga entre otros hechos la privación ilegítima de la libertad mediando violencias y amenazas y posterior desaparición física (homicidio) de Cecilia Beatriz Barral, como también de su pareja, en oportunidad de desarrollarse un procedimiento de fuerzas conjuntas a cargo del Ejército durante el último gobierno de facto instaurado a través del llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’, en el domicilio de calle Necochea N° 2050 de Rosario”.

Según el dictamen, “el procedimiento ocurrió el día 2 de agosto de 1976, comenzando la privación ilegítima de la libertad en la fecha y lugar indicada precedentemente y continuando en la llamada Quinta Operacional de Fisherton, sita en la calle Calasanz N° 9100 de la ciudad de Rosario. En el momento del procedimiento Cecilia Barral estaba cursando un embarazo muy avanzado, considerándose muy probable que ella diera a luz en ese estado de cautiverio”.

Ante el caso planteado se ordenaron las pruebas pertinentes por parte del Juzgado. Quedó a cargo de la realización de la pericia el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ayer, se hizo presente en el Juzgado Federal N° 4 la directora del BNDG, quien presentó personalmente el correspondiente informe. De acuerdo con éste, se pudo determinar que “según los cálculos matemáticos estadísticos efectuados a partir de la información biológica obtenida de la investigación del polimorfismo del ADN en regiones microsatélites STRs, el padre alegado que se encuentra desaparecido y la madre alegada, quien también se encuentra desaparecida, tienen una probabilidad de parentalidad del 99,99 por ciento con respecto al perfil genético obtenido de la muestra hemática de la persona sometida a estudio”.

“Esto significa que la pareja de personas desaparecidas tienen la probabilidad porcentual indicada anteriormente de haber sido los padres biológicos del perfil genético obtenido”, concluye el fallo judicial.

Fuente: PÁGINA 12

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

“Sentí que mi abuelo y yo fuimos escuchados”

MACARENA GELMAN ANALIZA EL FALLO QUE OBLIGA A TERMINAR CON LA IMPUNIDAD DE LOS REPRESORES URUGUAYOS.

Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciera que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de su madre y de la sustitución de su identidad, la joven espera que el Congreso deje sin efecto la Ley de Caducidad.

Macarena Gelman está satisfecha y serena. Es lo que transmite su voz durante la conversación telefónica con Página/12. El jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Uruguay debe dejar sin efecto la Ley de Caducidad, norma que impide el juzgamiento a los represores de ese país. La decisión se tomó en una demanda presentada por la joven y su abuelo, el poeta Juan Gelman, con el objetivo de lograr que en Montevideo se investigue y condene a los responsables del asesinato de María Claudia García Iruretagoyena y la sustracción de su hija, Macarena, que vivió durante 26 años sin saber cuál era su verdadera identidad. El fallo del tribunal internacional debería ser la herramienta que permita terminar con la impunidad en Uruguay. “Justicia obtendremos cuando la sentencia se cumpla”, señala Macarena al analizar un hecho que tiene a la vez una dimensión social e institucional y otra íntima y personal, porque habla de su historia y los crímenes de los que ella y sus padres fueron víctimas.

Macarena supo de la decisión de la Corte IDH en Buenos Aires. Había viajado para participar de la inauguración del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Fernando Ulloa, que se realizó el 24 de marzo. Pero prefirió llegar a Montevideo para analizar el fallo. En el último tiempo, se encuentra a menudo entre una orilla y la otra, porque viene a seguir las audiencias de dos juicios que tienen a ella y a su familia como protagonistas: el de los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor y el del plan sistemático de apropiación de menores. Sus padres, Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, fueron secuestrados en agosto de 1976 en Buenos Aires. El fue asesinado. Su cuerpo fue recuperado por el equipo Argentino de Antropología Forense en 1989. Ella, que estaba embarazada, fue llevada al Servicio de Información de Defensa, en Montevideo, y dio a luz en el Hospital Militar de esa ciudad. Hasta hoy sigue desaparecida. Macarena fue hallada en el año 2000 gracias a una investigación encabezada por su abuelo. Desde ese momento han batallado juntos para saber qué pasó con el cuerpo de María Claudia y condenar a los culpables.

El fallo de la Corte IDH estableció que la Ley de Caducidad uruguaya es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También estipuló una reparación económica –a la que el poeta renunció y que la joven donará a una fundación que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad– y convocó al estado uruguayo a realizar un acto de disculpas públicas, a instalar una placa en el SID y a abrir los archivos de la represión.

“Mi balance es muy positivo. Este es un proceso que lleva casi cinco años. Era una sentencia muy esperada y si bien teníamos una noción de que pudiera salir para esta fecha, no teníamos la absoluta seguridad así que, aun sabiendo, me tomó por sorpresa”, dice la joven

 

–¿Te tomó por sorpresa también el contenido?

 

–Pensé que el fallo iba a tardar un poco más. Creo que no estaba lista, aunque no sé si uno alguna vez está listo. Lo que hicieron fue reconocernos lo que pudimos probar y las pruebas son contundentes. La gran mayoría de lo que plantamos fue aceptado.

 

–Esto implica un cambio general para Uruguay, porque debería anular la Ley de Caducidad, el obstáculo para los juicios a los represores

 

–Sí, pero no es algo que Uruguay desconozca y lo vaya a saber ahora por la Corte. Existen desde hace mucho años recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, que hasta ahora no habían prosperado. La característica de un fallo de la Corte es que es obligatorio. Espero que sirva para que Uruguay pueda consolidar su posición en estos temas e ir haciendo un camino. El fallo da argumentación muy buena y espero que se acate. De mi parte, la semana que viene tendría una reunión con el canciller (Luis) Almagro y eso es lo que voy a esperar. El ha sido mi interlocutor todo este tiempo.

 

–¿Se puede decir que el fallo es el primer paso para reabrir definitivamente los procesos contra los represores uruguayos, más allá de los casos puntuales que quedaron exceptuados de la Ley de Caducidad?

 

–Debería serlo. En ese sentido la Corte dijo que la Ley de Caducidad no podía ser un obstáculo para la investigación de mi caso particular ni para otros en similar situación.

 

–Entonces ¿qué debería hacer el estado uruguayo ahora?

 

–Está en proceso la votación de un proyecto de Ley para dejar sin efecto la ley de Caducidad. En esto la Corte ha sido contundente y clara. Eso es lo que está en marcha.

 

–La sentencia debería entonces allanar el camino para la aprobación de esta ley, si hubiera falta de voluntad política para votarla.

 

–La sentencia dice que la ley de Caducidad carece de efectos. Y en el campo político el Frente Amplio ha mandatado a sus legisladores a votar la ley. Es de esperar que acaten ese mandato. Debería ocurrir una votación sin mayores inconvenientes, si bien es un tema que siempre genera discusiones, creo que la postura está clara. Ahora tiene que votar el Senado y después va a volver a la Cámara de Diputados, porque hubo modificaciones.

 

–El fallo establece también que debe colocarse una placa en el SID, donde estuvo secuestrada tu mamá ¿Te satisface este tipo de reparaciones simbólicas? ¿Son importantes?

 

–Son sumamente importantes. Yo expresé en ese sentido que la única reparación simbólica que para mí tendría algún valor es la relacionada con el lugar de detención de mi mamá, que en definitiva fue el único lugar en el que estuvo en Uruguay, o pensamos que es el único lugar. Para mí es muy importante lo que pasó en ese edificio, donde también estuvieron otros compañeros.

 

–¿Qué pasa si Uruguay no cumple el fallo?

 

–Tengo entendido que la Corte tiene mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de las sentencias. No puedo saber qué ocurriría, pero no está en mí pensar que no lo van a cumplir. El Estado ya manifestó ante la Corte que lo va a cumplir y es de esperar que lo haga.

 

–¿Cómo viviste la decisión del tribunal en lo personal? Porque más allá de que esta sentencia abra un camino para Uruguay, también habla de la búsqueda de la verdad y de los responsables sobre el asesinato de tu mamá.

 

–Obviamente conmociona mucho. En realidad tengo una sensación extraña y me cuesta expresarme al respecto. Es muy reciente. Estaba en Buenos Aires cuando me enteré y viajé casi en seguida para acá. Creo que esas cosas uno las analiza o se da la oportunidad de sentirlas realmente cuando tiene un poco de soledad y tranquilidad. Hasta ahora no me ha pasado. Por un lado es alentador, es satisfactorio lo que pasó y por otro habrá que ver cómo se siente uno respecto a esto.

 

–¿Pudiste hablar con tu abuelo?

 

–Hablamos por teléfono casi en seguida de que nos enteramos.

 

–¿Y cómo fue?

 

–Obviamente satisfactorio para los dos. Contentos... no sé si contentos es la palabra, pero sí satisfechos de que un camino tan costoso hubiese dado resultados.

 

–¿Qué fue lo más importante del fallo para vos o lo que más te sorprendió?

 

–Hubo muchas cosas importantes, entre ellas el reconocimiento de mi desaparición forzada por los 23 años que no conocí mi identidad. La determinación de la responsabilidad del Estado es algo muy significativo, el reconocimiento de la violación a todos los derechos que habíamos invocado... realmente tiene muchísimas aspectos para destacar y no creo poder abarcarlos a todos. Capta lo que nosotros planteamos. Sentí que tanto yo, como mi abuelo, como los testigos, fuimos escuchados. Sobre la causa judicial (sobre el asesinato de su madre), por ejemplo, dice que ya había excedido todos los plazos de razonabilidad y que aunque aparentemente la ley de Caducidad no era supuestamente un obstáculo, porque el caso estaba excluido, todos los problemas de la investigación residían en la ley de Caducidad. Es algo que, aunque parece muy fácil de entender, a veces es difícil de transmitir.

 

–¿Qué puede o debe hacer el estado uruguayo sobre la búsqueda del cuerpo de tu madre?

 

–Si yo fui encontrada por una investigación particular, sin todas las herramientas que tiene el Estado, el Estado debería hacerlo. Me planteaban hoy que cómo se podía hacer si los responsables no hablaban. Ese argumento es absurdo. Si resolver crímenes dependiera de que los culpables se declararan como tales, no se resolvería ningún crimen. Lo que hace falta es una investigación, si los responsables hablaran no haría falta. Lo principal acá es vencer la cultura del ‘no se puede’ antes de ver si se puede.

 

–En ese sentido el fallo habla de la necesidad de abrir archivos, esa sería una punta para investigar

 

–Por supuesto. En realidad hay archivos a los que supuestamente se ha tenido acceso. La Corte decía en su sentencia que no está demostrado que en este caso eso haya sido un beneficio y que no está demostrado que se haya accedido efectivamente a la información, que si bien existe una ley de acceso a la información pública, si la información no está sistematizada y no está ordenada es muy difícil de encontrar, entonces no alcanza con abrir los archivos, tiene que haber un tratamiento de la información y hay que profundizar en ese tema porque es lo que sirve para las investigaciones.

 

–Este fallo, que abre la posibilidad de hacer Justicia en Uruguay, se junta con los dos procesos que se están realizando en la Argentina que tratan sobre el secuestro y asesinato de tus padres y tu apropiación...

 

–Respecto de la justicia en Uruguay, la podríamos obtener cuando la sentencia esté cumplida, ahí será la satisfacción absoluta. Pero por supuesto es una semana muy movida, muy fuerte: tenemos la sentencia del juicio de Orletti en Buenos Aires la semana que viene y que además ocurra en torno a estas fechas tan significativas realmente es una movida muy fuerte. Ayer (por el 24 de marzo) viajé a Buenos Aires para la inauguración del centro Fernando Ulloa, de asistencia a testigos víctimas y es toda otra dimensión que acá no existe. Uno no puede evitar hacer la comparación, sobre todo en mi caso, que voy de un lado a otro todas las semanas. Es muy satisfactorio el proceso que se está dando en la Argentina. Obviamente puede ser mejorado, como todo, pero creo que la apuesta es muy fuerte y se nota que hay una voluntad política y que se trata el tema como política de Estado.

 

–¿Y cómo tomaste que el presidente José Mujica visitara a un militar preso que fue operado?

 

–No me parece ni bien ni mal, no lo entiendo. Me gustaría poder entenderlo. Las señales son confusas. No termino de entender...o lo que entiendo quisiera no entenderlo, pero para mí esta situación es incomprensible. Me cuesta creer que haya sido solamente para comprobar su estado de salud. Si es así, hay muchos otros enfermos que también merecen que su estado de salud sea verificado.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Multitudinaria marcha del 24 de marzo

Una gran tarde-noche de militancia se reflejó en el escenario más propicio para los sectores populares: las calles. Las paredes, que son la imprenta del pueblo, se vieron reflejadas de Verdad, Jusitica y Memoria. No fueron tardes de venganza pero tampoco de olvido, sólo de justicia.

Pañuelos, banderas, canticos mostrando que el campo popular esta mas unido que nunca, que ha entendido por que camino pasa el proceso histórico, dejando en claro que la memoria de los compañeros no es solamente el recuerdo, sino es levantar las consignas y las banderas de esos compañeros, sus sueños, y ese proyecto de una patria grande y de la liberación de nuestros pueblos.

Recordamos que ayer muchos simpatizantes defensores de los militares nos entregaban volantes donde decía que el 24 de marzo es la fecha de la venganza terrorista. En principìo nos reímos, pero luego nos dimos cuenta que era un aviso. Esto representaba simbólicamente que la lucha aún debe ser más profunda, que debemos dar la batalla cultural, en cada escuela, en cada barrio, en cada sindicato, en cada gremio. Y eso es porque la derecha sigue promulgando que hubo una guerra, sigue levantando las banderas de la teoría de los dos demonios, los mismos sectores que alababan el genocidio de la supuesta civilización contra la barbarie, contra los cabecitas negras, contra los pueblos originarios. Es un hecho, siempre fueron los mismos. El Desafío cultural y simbólico no es coyuntural, sino es una lucha a laro plazo, porque lamentablemente han destruido nuestras identidades cuturales por generaciones. Este es nuestro objetivo, y debe realizarse siempre con la alegria porque la tristeza nunca vence.

Este 24 de marzo nos hemos dado cita a eso en la provincia de Entre Ríos, una marcha que sigue levantando las consignas de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, pero que también entiende que estamos en un momento histórico único. La juventud en esto tiene un rol fundamental, porque debe decidir si es parte de la historia, o si deja que la historia los pase por encima. Nosotros entedemos que decidió ser protagonista. Muchas veces nos preguntan sobre como debe actuar un organismo de derechos humanos frente a los gobiernos. En este sentido entendemos que cualqueir organismo que diga seguir el camino de Cooke, Jauretche, Scalabrini Ortiz, Juana Azurduy, entre otros, tiene una identidad popular definida. Es por eso que nosotros estaremos a favor de las políticas de Estado de cualquier gobierno donde se reivindique a los sectores populares, y en contrapunto denunciaremos cuando un gobierno le de la espalda al pueblo.

En esto nosotros somos claros, el kirchnerismo ha dado grandes avances en el proceso de un proyecto nacional que reivindica las luchas históricas de los sectores populares, aunque apoyando este proceso, seguimos marcando agenda sobre las innumerables cosas que aún faltan. Nadie nos compra, nadie nos renta, solo tenemos convicción. Y nuestra identidad nos dice que no podemos ser tibios en este momento. De esta manera nos hacemos cargo que somos un organismo de derechos humanos que tiene identidad política que es la nacional y popular, y por eso no dudaremos en intervenir en la lucha porque sino tendriamos que retirarnos de la militancia.

En este sentido agradecemos a todos los compas que estuvieron con nosotros levantando las banderas, pero ademas reivindicando que este es el camino de la contruccion popular, donde no importan los cargos, donde no importa figurar, sino construir dando la batalla cultural.

Somos un organismo de derechos humanos nuevo, con muchos jóvenes, pero con mucha sed de militancia. Agradecemos que casi todos los organismos de derechos humanos nos posicionen como un organismo. Porque pese a los palos, no somos una agrupación (no tenemos nada en contra de serlo). Nosotros somos un organismo de derechos humanos, que con mucho esfuerzo, trabajo, humildad se ganó este lugar.

Este es el momento de arrebarle la batuta a los desestabilizadores de este gobierno. Porque la economía o la dirige el Estado en pos de los sectores populares, o la dirigen las corporaciones.

 

Colectivo derechos humanos de ayer y de hoy.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Dolor: Falleció Delicia Córdoba, Madre fundadora

Delicia Córdoba de Mopardo miembro de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, murió esta tarde en Morón, a raíz de una larga enfermedad, confirmaron esta tarde a Télam allegados a su entorno familiar.
Integrante de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, Córdoba falleció minutos antes de las 16 como consecuencia de un enfermedad que afectó a su estómago.
Símbolo de la lucha contra los Derechos Humanos, Córdoba de Mopardo pasó sus últimos años en Castelar, donde fue nombrada Ciudadana Ilustre del partido de Morón y lleva una calle con su nombre, la ex Ataliva Roca en la localidad de Castelar, donde vive desde 1949.
“La Delicia”, como la conocen muchos, integrante de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, tiene dos hijos desaparecidos durante la última dictadura militar.
El 13 de noviembre de 1976, un grupo armado irrumpió en su domicilio y se llevó a su hija, Selva del Carmen Mopardo, y luego hizo lo mismo con su otro hijo, Alfredo Mopardo, de 23 años, quien se encontraba junto a su esposa María Alicia Morcillo, también de 23 años, y a su hermano Pablo Jorge Morcillo, de 24 años. A los 92 años, murió Delicia Córdoba, una de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

EL COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS DE AYER Y DE HOY, SE SUMA AL DOLOR, POR LA DESAPARICIÓN FÍSICA DE UNA COMPAÑERA QUE NOS INCULCÓ A LOS JÓVENES LA LUCHA POR UNA PATRIA GRANDE Y LAS CONSIGNAS DE NUESTROS COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS.


 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Un amigo de López Rega

El tribunal federal de Mar del Plata procesó con prisión preventiva al ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Raúl Rogelio Moleón, al imputarle delitos de lesa humanidad ocurridos en la ciudad balnearia durante la dictadura militar y en el fallo describió el accionar de la organización peronista vinculada a la Triple A. Moleón está acusado por los delitos de "asociación ilícita" y "homicidio calificado". Fue detenido a principios de febrero, luego de que el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por “facilitar las fugas” el juez federal Rodolfo Pradas, quien había ordenado siete detenciones de integrantes de la CNU y hasta aquel momento solo se habían producido dos.

 

El ex integrante de la CNU y vínculo con el Ministerio de Bienestar Social conducido por José López Rega está acusado por homicidio calificado de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, realizados el 21 de marzo de 1975.

En cuanto al delito de asociación ilícita, Moleón es investigado por formar parte de la CNU, acusada de actuar en amparo del terrorismo de Estado de la mano de la Triple A y después del golpe de 1976. "Se habrían agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados, desde homicidios y privaciones ilegítimas de la libertad", indica la resolución acerca de la CNU.

Y agrega la participación en otros delitos como "robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y credenciales falsas, intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos".

La resolución también analiza al proceder de la organización ilegal y precisa que "existían grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en ciertos casos, también de la inteligencia previa".

Además, se agrega la participación de Gustavo Demarchi, también detenido a principio de febrero en Colombia, indicando que "estos cuadros operativos tenían una cobertura `legal´ en el marco de la Universidad Provincial de Mar del Plata, donde Demarchi era coordinador docente; en la Fiscalía Federal, que también ocupó Demarchi; fuerzas policiales y sindicatos".

Demarchi aún está en una cárcel colombiana, luego de permanecer prófugo por varios meses, a la espera de que finalice el trámite de extradición para su traslado a Mar del Plata, donde quedará a disposición del Tribunal Oral Federal.

Los otros detenidos son Mario Durquet, Patricio Fernández Rivero y Fernando Otero. Siguen libres Raúl Viglizo y el librero Piero Asaro. Otros dos ex CNU, Federico Delgado y Eduardo Ullúa, están prófugos desde 2008.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

CASO NOBLE Decidirán en 5 días si ratifica extracción compulsiva de sangre

La Justicia resolverá si ratifica la orden de extraer sangre y saliva de manera compulsiva a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín en la causa que investiga si fueron apropiados en la última dictadura.

 

La sala II del tribunal de apelaciones concretó hoy la audiencia previa a tomar esa decisión y escuchó los argumentos de la defensa de Felipe y Marcela Herrera Noble y de los querellantes Abuelas de Plaza de Mayo y dos familias presentadas en la causa.
Los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga escucharon en primer término a los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes volvieron a reiterar la negativa de los hijos adoptivos de la empresaria a someterse a una extracción voluntaria como así también sus críticas a la orden de tomarles una muestra compulsiva emitida por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado el 21 de diciembre pasado.
El objetivo de esta medida es analizar las muestras para comparar el ADN con centenares de muestras entregadas al Banco Nacional de Datos Genéticos y determinar si alguno de los hermanos es hijo de desaparecidos.
Los Herrera Noble se oponen a esta comparación masiva en el BNDG, para lo cual se rehusan a entregar muestras biológicas de manera voluntaria y apelaron la orden de extracción obligatoria.
La defensa de los jóvenes argumentó que la extracción de sangre sin consentimiento era equiparable a "un acto de tortura, vejación, un trato inhumano y degradante".
Los abogados de Abuelas Alan Iud y Mariano Beitán replicaron ante la Cámara que esos argumentos eran "inconsistentes" porque la extracción compulsiva de sangre "se autoriza habitualmente y sin repercusión de ningún tipo en los casos de acusados de delitos. Si fuera un acto de tortura no habría que permitir la extracción obligatoria de sangre a nadie, ni imputado ni víctima", remarcaron.
El camarista Gurruchaga preguntó al abogado Carrió si la defensa de los Herrera Noble consideraba que existe actualmente "alguna muestra de sangre" utilizable para los estudios, entre por ejemplo las entregadas de manera voluntaria en diciembre de 2009 al anterior juez del caso Conrado Bergesio.
Carrió respondió que sobre el tema "ya se expidieron" los peritos por lo cual no le correspondía responder, en alusión a un dictamen que el año pasado determinó que no podía garantizarse que las muestras hubiesen estado correctamente preservadas durante la llamada "cadena de custodia".
"Desde Abuelas se sostuvo que lo que motiva el planteo es que ellos pretenden tener derecho a que su identidad se conserve tal cual es ahora, con esta adopción que tienen y consideran que tienen derecho a que no se determine su identidad biológica", explicó Iud.
Pero la Corte Suprema de Justicia, recordó, ya sentó precedente a la hora de sostener que "la voluntad de la persona no puede ser el límite para que se llegue a la verdad" en los casos de investigaciones de sustracción de menores en la dictadura.
En ese precedente, el caso Prieto, el máximo tribunal del país sostuvo que "siempre que haya evidencia razonable" se debe avanzar en la pesquisa.
En la audiencia también expuso la abogada Alcira Ríos, por las dos familias que se presentaron como querellantes en la causa penal, donde Herrera de Noble está imputada.
La Cámara deberá ahora resolver si avala la decisión de Arroyo Salgado y en caso de confirmarla, podría ordenar que la medida sea de "cumplimiento inmediato", más allá de la apelación que presentarán los abogados de los Noble ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Arroyo Salgado había ordenado la toma de muestras biológicas de sangre, saliva o pelo de manera obligatoria en el Banco Nacional de Datos Genéticos, tras recibir un informe pericial que no garantizaba la fiabilidad de muestras ya existentes desde diciembre de 2009 y entregadas voluntariamente por Felipe y Marcela.
Ambos se sometieron a las extracciones bajo la condición de que su sangre y saliva fuese comparada sólo con las de las dos familias querellantes y en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.
Pero luego la Cámara Federal de San Martín amplió el objeto procesal de la causa para ordenar determinar si fueron apropiados en la última dictadura, cuando Ernestina Herrera de Noble los adoptó siendo bebés.
Por ello la Justicia busca ahora comparar muestras biológicas de ambos con las miles depositadas en el BNDG por familiares que buscan recién nacidos robados en centros clandestinos de detención.  

 

Fuente: Diario Registrado

Escribir comentario

Comentarios: 0

UNESCO otorgó el Premio de la Paz a Abuelas de Plaza de Mayo

La organización que encabeza Estela de Carlotto, recibió el Premio de Fomento de la Paz Félix Houphouët-Boigny, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

 

La presentación de las Abuelas de Plaza de Mayo fue realizada por el senador y ex ministro de Educación, Daniel Filmus, miembro del Comité Ejecutivo de la Unesco, quien también las candidateo para recibir el Premio Nobel de la Paz elegido por el Comité Oslo de la Fundación Nobel.


La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó hoy su emoción "por el reconocimiento a una lucha tan dura".  "Recibí la noticia de parte del senador (Daniel) Filmus, que es el gestor de todo esto. Estoy muy emocionada. Es un honor que se hayan ocupado y que hayan pensado que lo merecemos", dijo Carlotto.

El último galardonado con este premio en 2009 fue el ex presidente de Brasil, Lula da Silva; y en ediciones anteriores también lo recibieron Nelson Mandela, Frederik W. De Klerk, Yitzhak Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat; el Rey de España, Juan Carlos I y el ex presidente estadoundense Jimmy Carter.

Escribir comentario

Comentarios: 0

La lista de los 200 condenados por delitos de lesa humanidad

Para el Archivo Nacional de la Memoria, sin lugar a dudas, el 2010 fue el año de mayor importancia para los juicios por delitos de Lesa Humanidad cometidos por la dictadura cívico militar de 1976.

 

Se dictaron 107 condenas a represores, la mayor parte a Prisión Perpetua o a 25 años, en juicios celebrados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Mendoza y Salta. Teniendo en cuenta que en 2009 fueron 44 los represores condenados, el aumento es más que significativo.


Las condenas a los responsables del Terrorismo de Estado en la Argentina, informó el organismo, representan pasos fundamentales en la recuperación de los principios éticos del Estado. “Son el resultado de la lucha incansable del movimiento de derechos humanos encabezado éticamente por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, lucha que fue convertida en políticas públicas y que, llevadas adelante desde el 2003 por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, hoy están logrando quebrar definitivamente la impunidad en nuestro país” remarcá un comunicado de ANM.

El listado completo de las 200 condenas a represores celebradas desde el histórico Juicio a las Juntas en 1985 hasta febrero de 2011. Primero un listado por orden alfabético con el lugar donde fueron juzgados y el número de causa, referencia que permitirá localizar en el segundo listado por provincias y causas la información completa sobre las condenas y la situación carcelaria de los represores.

Los juicios contra los genocidas llevados a cabo en democracia han sido ejemplares en su desarrollo con todas las garantías del debido proceso, las mismas que les negaron a sus víctimas los responsables del Terrorismo de Estado. Por todo esto hoy nuestro país es considerado internacionalmente a la vanguardia de las políticas en Derechos Humanos.

Escribir comentario

Comentarios: 0

Videla y Bignone en el banquillo por el robo de bebés

El Tribunal Oral Federal Seis comenzó esta mañana el juicio para determinar si en la última dictadura militar hubo un plan sistemático para el robo de bebés. El debate será público y televisado, y el Tribunal escuchará, en principio, a 370 testigos en el Salón Auditorio de Comodoro Py. Los acusados serán juzgados por 34 casos de "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años".

 

El fiscal federal, Federico Delgado, afirmó que el juicio "no se trata de una causa más" porque durante la dictadura hubo una "feroz represión" y "violencia sistemática ejercida desde el Estado", y calificó el robo de niños como "uno de los episodios más oscuros de la historia argentina". El juicio, entre cuyos procesados figuran los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Jorge Acosta y Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, comenzó esta mañana en la Sala de Audiencias del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, de la Ciudad e Buenos Aires.

Todos los procesados llegaron al recinto esposados y Videla fue el primero en ingresar la sala de audiencias, para que 15 minutos después el TOF 6 diera por iniciado el debate oral y público que, se estima, se prolongará durante todo 2011. La primera jornada fue para la lectura del "requerimiento de elevación a juicio" del fiscal Delgado, quien sostuvo que hubo un "plan" para la apropiación, ocultamiento y supresión y sustitución de identidad de recién nacidos en distintos centros clandestinos de detención durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

 

En su dictamen, Delgado indicó que dentro de la órbita del I Cuerpo del Ejército funcionaron maternidades en diferentes lugares de detención y, en algunos casos, las mujeres secuestradas eran trasladadas a centros asistenciales para parir. Entre los primeros mencionó a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, el "Pozo de Banfield", "Automotores Orletti" y "El Olimpo" (en el barrio de Floresta), la Comisaría 5 de La Plata, "La Cacha" (también en la capital bonaerense) y "El Vesubio" (en el conurbano de la provincia de Buenos Aires).

El Tribunal, presidido por María del Carmen Roqueta e integrado por Julio Panelo y Domingo Altieri, cuenta como representante del ministerio público acusador al fiscal Martín Niklison. La organización "Abuelas de Plaza de Mayo" y algunas de sus integrantes, como Estela Barnes de Carlotto y María Chorobik de Mariani, actúan como querellantes. Entre los casos investigados están los de los nietos de Barnes de Carlotto, Chorobik de Mariani y el poeta uruguayo Juan Gelman.

Las audiencias serán los lunes y martes, y miércoles de por medio, pero en marzo, salvo la excepción del inicio, no habrá debate el primero de esos días, porque dos de los procesados, Bignone y Riveros, enfrentan la última etapa del juicio que se realiza en San Martín por delitos de lesa humanidad en la zona de Escobar.

Para mediados de año se prevé sumar como acusado al represor Eduardo Ruffo, por el robo de un recién nacido en Automotores Orletti. El juicio también sumará, en la misma época, al detenido capitán retirado del Ejército y ex carapintada, Víctor Gallo, y a su esposa, acusados de la apropiación del nieto 101 recuperado por Abuelas, Francisco Madariaga Quintela.

El juicio ya contó con la declaración anticipada de una primera testigo, la fundadora de Abuelas, Chicha Mariani, quien se presenta como querellante por el robo de su nieta Anahí y pidió adelantar su testimonio por su delicado estado de salud.

 

Fuente: Página 12

Escribir comentario

Comentarios: 0

"El momento del encuentro con mi familia y con mi identidad fue muy feliz" María Eugenia Sampallo Barragán

María Eugenia Sampallo Barragán conoció su identidad el 4 de junio de 2003. Hasta los 19 años vivió con sus apropiadores, quienes siempre le echaban en cara "la cantidad de cosas" que habían hecho por ella. "Toda una historia de culpa, de deudas que supuestamente yo tenía con ellos", cuenta María Eugenia, "por eso, cuando me fui a analizar, que fui por voluntad propia, fue un esfuerzo grande para vencer toda esta historia de la deuda". María Eugenia recuerda el momento del encuentro con su familia y con su identidad como "muy feliz" y dice que "fue sacarse un peso de encima". En 2008, el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a sus apropiadores y a su "entregador" a penas de entre 7 y 10 años de prisión. La propia María Eugenia fue querellante en esa causa.

 

Fuente: Abuelas.org

Escribir comentario

Comentarios: 0

Comienza el tercer juicio en Tucumán contra Menéndez

El proceso por la denominada causa "Romero Niklison", tiene como imputado principal al ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado a cuatro cadenas perpetuas, analizará la detención y el posterior asesinato de cuatro militantes peronistas, ocurrido el 20 de mayo de 1976. De acuerdo con el expediente, fuerzas conjuntas del Ejército y de la policía provincial tomaron por asalto la casa de los Romero Niklison y, simulando un enfrentamiento, asesinaron a todos los moradores.

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Luis López procurará determinar la responsabilidad de Menéndez y del otro imputado, el ex comisario Roberto Heriberto Albornoz, en la causa reabierta en el año 2000, a instancias de la hija de una de las víctimas, María Alejandra Romero Niklison.

Menéndez, quien enfrenta el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia y fue encontrado culpable en las dos ocasiones anteriores, sigue el desarrollo del proceso en una sala especialmente equipada, por cuestiones de salud.

María Alejandra, querellante en la causa, recordó que "yo tenía un año y ocho meses, pero entiendo la opción de vida de mi madre, siempre abocada a la búsqueda de la construcción colectiva de un proyecto de país distinto con igualdad para todos, acceso a la salud y educación y una economía que no sea para unos pocos". Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la jefatura de la policía de Tucumán y posteriormente inhumados en fosas comunes ubicadas en el cementerio del Norte de San Miguel.

 

Fuente: Página 12

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Morales Solá declara sobre el rol de los medios en la represión tucumana

EL PERIODISTA ASISTIRÁ MAÑANA A LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY.

Fue citado a partir de la publicación de una fotografía donde aparece junto al jefe del Operativo Independencia en el primer centro clandestino del país. Aquel episodio fue la prueba piloto de la estrategia de difusión de la dictadura. 

 

Mañana, sobre el escritorio de un funcionario judicial, el periodista Joaquín Morales Solá regresará en el tiempo. Le mostrarán la foto que data de 1975 donde aparece, más joven y más delgado, junto al entonces jefe del Operativo Independencia de la provincia de Tucumán, el general Acdel Edgardo Vilas. Le preguntarán si se reconoce en ella, si reconoce al militar, si el lugar donde están es la Escuelita de Famaillá y, casi al final de la cita con la justicia, querrán saber si conoció al periodista Maurice Jeger. Todas preguntas que apuntan a una sola dirección: saber cuál fue el rol y el compromiso que periodistas y medios de prensa tuvieron con la persecución político-militar que  sufriera la sociedad tucumana previo al golpe de Estado de 1976.
No corre riesgo la libertad de Morales Solá. Lo convocaron en calidad de testigo en el marco de lo que se conoce como la primera parte de la causa Operativo Independencia que se desarrolla en el juzgado federal tucumano. En todo caso, lo que está en riesgo es la tan cacareada independencia periodística, la ética y el compromiso con la verdad. Tres conceptos que los aciagos días de 1975 comenzaron a escasear en Tucumán.
En aquel tiempo, el hoy columnista del diario La Nación hacía sus primeras armas con las letras de imprenta en el diario tucumano La Gaceta. También trabajaba como corresponsal del diario Clarín, y Tucumán era uno de los centros más importantes de generación de noticias relacionadas con el combate a las organizaciones guerrilleras del ERP y Montoneros. Allí se desarrollaba el Operativo Independencia ordenado por el débil gobierno constitucional de María Estela Martínez. Ergo, Morales Solá se encontraba en el lugar indicado, trabajando para empresas periodísticas importantes y con los contactos necesarios para la recolección de información.
El peso político de los patrones de Morales Solá le permitían tener de primera mano lo que pensaban los conductores del Operativo Independencia, como fue el caso Acdel Vilas. El general tenía debilidad por aparecer en los medios, pero también los consideraba estratégicos para transformar las matanzas nocturnas en triunfantes batallas militares. Muchos de esos fraguados enfrentamientos se transcribían al día siguiente en La Gaceta. Con el tiempo, esos crímenes se fueron descubriendo, y quedaron reflejados para siempre en el informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos que conformó la Legislatura tucumana en 1984. Allí se pueden leer varios relatos de personas arrancadas de sus casas por fuerzas militares, torturadas y posteriormente asesinadas, y cuyos nombres aparecían luego en las crónicas que publicaba La Gaceta sobre las falsas batallas de los cruzados de Vilas.
El general había puesto en marcha el primer centro clandestino en una escuela de la sureña localidad de Famaillá. Era tanta la impunidad con que se movía este militar (fallecido en 2010), que no dudaba en llevar a periodistas, como lo demuestra la foto que publicó el semanario Miradas al Sur, a un recorrido por las instalaciones.
Hoy, en ese edificio funciona la escuela Diego de Rojas. Muchos de los vecinos del ’75 relataron ante los legisladores tucumanos en 1984 cómo era la vida cuando funcionaba el centro clandestino de detención. En ese tiempo los obligaban a cerrar las ventanas a partir de las 22, lo que no evitaba que se pudieran oír “…gritos desgarradores, pidiendo por favor que los maten, sintiendo en una oportunidad silencio después de haber escuchado la detonación de tiros…”. Como este, hay decenas de testimonios que se pueden leer en el informe de la Bicameral tucumana. Nadie en Famaillá ignoraba lo que allí sucedía.
El columnista deberá responderle a la justicia qué hacía allí, en un centro de torturas por donde pasaron cientos de seres humanos, incluso un compañero de trabajo: Maurice Jeger. “Morís”, como lo llamaban sus amigos había nacido en Francia y desde los 14 vivía en Tucumán. En la noche del 8 de julio de 1975, Jeger estaba en su casa junto a su segunda esposa, Olga González, que estaba embarazada. Seguramente habrán escuchado los chirridos de las gomas al frenar enfrente de su vivienda. La patota, integrada por civiles y militares, los sacó a la rastra. A Maurice lo vieron en muy mal estado, vomitando sangre, en una de las aulas de la Escuelita de Famaillá.  Ambos continúan desaparecidos.
Lo curioso es que La Gaceta nunca dio cuenta de lo que le sucedió a uno de sus empleados. Ni siquiera se quejó cuando desconocidos vaciaron los cajones de su escritorio de trabajo. La primera esposa de Jeger, Graciela González, supo que varios de sus compañeros de redacción hicieron infructuosas gestiones por Morís incluso ante Acdel Vilas. Morales Solá no estaba entre ellos.
El fiscal tucumano que entiende en la causa, Pablo Camuña, espera que las respuestas de Morales Solá le permitan determinar qué control ejercían las autoridades de La Gaceta sobre la información falsa de enfrentamientos. Le preguntará cómo chequeaba esos datos y quién era el encargado de difundirlos. Incluso Camuña espera que Morales Solá le cuente cuál era la orden que había desde la dirección del diario sobre cómo actuar frente a casos de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.
El columnista de La Nación podrá responder que era un empleado y que como tal no decidía ni definía la línea editorial. Para esta etapa de la investigación, que se ocupa de la conducción de Vilas al frente del Operativo Independencia, este descargo  puede resultar suficiente. 
Habrá que ver qué piensa el fiscal Camuña, cuando le pregunte por qué escribía, esta vez en 1976, esas columnas con su firma en la portada de La Gaceta, en las que  justificaba la necesidad de que Antonio Bussi fuera confirmado como el gobernador de facto de la dictadura. Una denuncia que realizaron los periodistas Marcos Taire y Hernán López Echagüe y que Morales Solá prefiere olvidar. 

Escribir comentario

Comentarios: 0

POR PRIMERA VEZ SE PUBLICA EL LISTADO COMPLETO DE LOS CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN NUESTRO PAÍS Y LAS CAUSAS POR LAS QUE FUERON JUZGADOS.

Sin lugar a dudas, 2010 fue el año de mayor importancia para los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar de 1976. Se dictaron 107 condenas a represores, la mayor parte a prisión perpetua o a 25 años, en juicios celebrados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Mendoza y Salta. Teniendo en cuenta que en 2009 fueron 44 los represores condenados, el aumento es más que significativo. Las condenas a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina representan pasos fundamentales en la recuperación de los principios éticos del Estado. Son el resultado de la lucha incansable del movimiento de Derechos Humanos encabezado éticamente por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, lucha que fue convertida en políticas públicas y que, llevadas adelante desde el año 2003 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, hoy están logrando quebrar definitivamente la impunidad en nuestro país. A continuación presentamos un listado completo de todas las condenas a represores celebradas desde el histórico Juicio a las Juntas en 1985 hasta enero de 2011. Primero un listado por orden alfabético con el lugar donde fueron juzgados y el número de causa, referencia que permitirá localizar en el segundo listado por provincias y causas la información completa sobre las condenas y la situación carcelaria de los represores. Los juicios contra los genocidas llevados a cabo en democracia han sido ejemplares en su desarrollo con todas las garantías del debido proceso, las mismas que les negaron a sus víctimas los responsables del terrorismo de Estado. Por todo esto hoy nuestro país está considerado internacionalmente a la vanguardia de las políticas en Derechos Humanos. Marcelo Duhalde Archivo Nacional de la Memoria.
 

LISTA DE CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD 1985 - 2011

INDICE ALFABETICO 

ACOSTA, Jorge Exequiel. Causa Nº 13172. Córdoba.
ACUÑA, Héctor Raúl. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires. 
AEBI, María Eva. Causa Nº 03/08. Santa Fe. 
AGOSTI, Orlando Ramón. Capital Federal. Causa Nº 13/84. 
AGUILERA, Omar. Causa Nº 14216/03. La Pampa. 
ALBORNOZ, Roberto Heriberto. Causa Nº400795/2004. Tucumán
ALONSO, Omar. Causa Nº 2965. Buenos Aires. 
ALSINA, Gustavo Adolfo. Causa Nº17468. Córdoba. 
ÁLVAREZ, Francisco Orlando. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
AMELONG, Juan Daniel. Causa Nº 131/07. Santa Fe. 
ANETO, Alberto Ángel. Causa Nº2005. Buenos Aires. 
ANTÓN, Mirta Graciela. Causa Nº 17468. Córdoba
ARANCIBIA CLAVEL, Enrique L. Causa Nº 259. Capital Federal. 
ARIAS, Carlos Alberto. Causa Nº209/03. Salta. 
ARIAS DUVAL, Luis Jorge. Causa Nº 6859/98. Capital Federal. 
ARRILLAGA, Alfredo. Causa Nº 4447. Buenos Aires. 
ASTIZ, Alfredo. Causa Nº 375/98. Capital Federal. 
AVENA, Juan Carlos. Causa Nº 14216/03. Capital Federal.
AZAR, Musa Antonio. Causa Nº 9078/03. Santiago del Estero. 
BARCOS, Horacio Américo. Causa Nº 43/08. Santa Fe.
BARDA, Pedro Alberto. Causa Nº 14216/03. Capital Federal.
BARREIRO, Rafael Julio Manuel. Causa Nº 276/04. Corrientes.
BASUALDO, Segundo Andrés. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires.
BECERRA, Víctor David. Causa Nº 526-F-26. San Luis. 
BELTRAMETTI, Juan Antonio. Causa Nº 1-521/06. Misiones. 
BÉRGES, Jorge Antonio. Causa Nº 1702/03, Buenos Aires y Causa Nº 44,                                  Capital Federal.
BERTHIER, Enrique José. Causa Nº 1229. Capital Federal. 
BETTOLLI, José Tadeo Luis. Causa Nº 1169/2009. Chaco.
BIANCO, Norberto Atilio. Causa Nº 6873/98. Buenos Aires.
BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio. Causa Nº 2023-2031-2043. Buenos Aires.
BREARD, Enzo. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
BRITOS, Hugo Cayetano. Causa Nº 16656 y acumuladas 16972 y 11543. Córdoba. 
BRUSA, Víctor Hermes. Causa Nº 03/08. Santa Fe. 
BUSSI, Antonio Domingo. Causa Nº 262/766. Tucumán. 
CABALLERO, Lucio Humberto. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
CAGGIANO TEDESCO, Carlos Humberto. Causa Nº 1-521/06 y la causa Nº 1-531/04. Misiones.
CAMPOS, Rodolfo Anibal. Causa Nº 16656 y acumuladas 16972 y 11543. Córdoba. 
CAMPS, Ramón Juan Alberto. Causa Nº 44. Capital Federal. 
CARDOZO, Guillermo Víctor. Causa Nº 14216/03. Capital Federal.
CASTILLO, Beatriz Alicia. Causa Nº 11000. Capital Federal.
CEJAS, César Armando. Causa Nº 16656 y acumuladas 169972 y 11543. Córdoba. 
CENIZO, Néstor Bonifacio. Causa Nº 14216/03. La Pampa.
COLOMBINI, Héctor Romero. Causa Nº 03/08. Santa Fe. 
COLOMBO, Juan Carlos. Causa Nº 200/06. Formosa. 
COMES, César Miguel. Causa Nº 14216/03. Capital Federal. 
CONSTANTINO, Roberto Oscar. Causa Nº 14216/03. La Pampa. 
CORSI, Enrique Leandro. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires. 
COSSO, Elbio Osmar. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires.
COSTANZO, Eduardo Rodolfo. Causa Nº 13107. Santa Fe. 
COZZANI, Norberto. Causa Nº 44. Capital Federal. 
CUENCA, José María. Causa Nº 30/09 (1-881/06). Misiones. 
DE CÁNDIDO. Armando Luis. Causa Nº 400795/2004. Tucumán.
DE CÁNDIDO, Carlos Esteban. Causa Nº 400795/2004. Tucumán.
DE MARCHI, Juan Carlos. Causa Nº 20076/04. Corrientes.
DEL PINO, Enrique José. Causa Nº 141216/03. Capital Federal.
DIAZ, Carlos Alberto. Causa Nº 13172. Córdoba.
DONOCIK, Luis Juan. Causa Nº 14216/03. Capital Federal.
DUPUY, Abel David. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires.
EGEA, Raúl. Causa Nº 2365-M. Mendoza. 
ESPECHE, César Hugo. Causa Nº 563-99. Salta.
ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo. Causa Nº 44, Capital Federal y Causa Nº 29 y causa Nº 1702/03, Buenos Aires.
FACINO, Mario José. Causa: 34-07 y en la causa Nº 03-08. Santa Fe.
FARÍAS BARRERA, Luis Alberto. Causa Nº 8736/2005. Neuquén.
FARIÑA, Jorge Alberto. Causa Nº 131/07. Santa Fe.
FAVOLE, Luis. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires. 
FERNÁNDEZ, Ramón. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires. 
FERNÁNDEZ GEZ, Miguel Ángel. Causa Nº 526-F-26. San Luis.
FIERRO, Raúl Eduardo. Causa Nº 17468. Córdoba. 
FIORUCCI, Roberto Oscar. Causa Nº 14216/03. La Pampa.
FLORES, Calixto Luis. Causa Nº 17468. Córdoba.
FONTANA, Carlos Gustavo. Causa Nº 6859/98. Capital Federal. 
FRAGNI, César Amadeo. Causa Nº 2005. Buenos Aires. 
FURCI, Miguel Ángel. Causa Nº 8684. Buenos Aires. 
GALARZA, Oscar Alberto. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
GALLONE, Carlos Enrique. Causa Nº 16441/02. Capital Federal. 
GANDOLA, Ramón Andrés. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
GARCÍA, Osvaldo Jorge. Causa Nº 2023-2031-2043 y causa Nº 2005. Buenos Aires.
GARBI, Miguel. Causa Nº 9078/03. Santiago del Estero.
GENTIL, Miguel Raúl. Causa Nº 563/99. Salta.
GONZÁLEZ, Adriana María. Causa Nº 8684. Buenos Aires.
GONZÁLEZ, Raúl. Causa Nº 7 14216/03. Capital Federal. 
GONZÁLEZ, Teresa Isabel. Causa Nº 6681/2. Buenos Aires. 
GÓNZALEZ NAVARRO, Jorge. Causa Nº 17468. Córdoba. 
GOMEZ, Francisco. Causa Nº 9298/00. Capital Federal. 
GÓMEZ, Miguel Ángel. Causa Nº 17468 y la causa Nº 16656. Córdoba. GÓMEZ, Rubén Alberto. Causa Nº 30/09 (1-881/06). Misiones. 
GÓMEZ ARENAS, Mario Alberto. Causa Nº 14216/03, Capital Federal, y Causa Nº 8736/2005, Neuquén.
GÓMEZ PINTO, María Cristina. Causa Nº 1229. Capital Federal. 
GREPPI, Néstor. Causa Nº 14216/03. La Pampa. 
GUALCO, Juan Carlos. Causa Nº 6859/98. Capital Federal.
GUAÑABENS PERELLÓ, Eugenio. Causa Nº 2023-2031-2043. Buenos Aires. 
GUERRIERI, Pascual Oscar. Causa Nº 6859/98, Capital Federal, y Causa Nº 131/07, Santa Fe.  
GUEVARA MOLINA, Aníbal Alberto. Causa Nº 2365-M. Mendoza. 
GUGLIELMINETTI, Raúl Antonio. Causa Nº 14216/03. Capital Federal.
HARSICH, Raúl Horacio. Causa Nº 2005. Buenos Aires. 
HERMANN, Élida Renée. Causa Nº 2932/09. Buenos Aires. 
HERZBERG, Juan Carlos. Causa Nº 2965. Buenos Aires. 
HIBAR PÉREZ, Carlos. Causa Nº 17468. Córdoba. 
HOYA, Santiago Manuel. Causa Nº 6869/98. Capital Federal. 
HUBER, Juan Emilio. Causa Nº 17468. Córdoba. 
JABOUR, Yamil. Causa Nº 17468. Córdoba. 
JOFRE, Teodora. Causa Nº 9298/00. Capital Federal.
JURIO, Carlos Domingo. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires. 
KALINEC, Eduardo. Causa Nº 14216/03. Capital Federal. 
LABARTA SANCHEZ, Juan Roberto. Causa Nº 2365-M. Mendoza.
LANDA, Ceferino. Causa Nº 530. Capital Federal. 
LAMBRUSCHINI, Armando. Causa Nº 13/84. Capital Federal.
LAPUYOLE, Juan Carlos. Causa Nº 16441/02. Capital Federal
LARDONE, Ricardo Alberto Ramón. Causa Nº 13172. Córdoba. 
LAVALLEN, Rubén Luis. Causa Nº A202/83. Capital Federal. 
LEIRO, Marta Elvira. Causa Nº 623. Buenos Aires. 
LEIRO MENDIONDO, Raquel Teresa. Causa Nº A202/83. Capital Federal.
LÓPEZ VELOSO, Ramiro del Valle. Causa Nº 9078/03. Santiago del Estero. 
LOSITO, Horacio. Causa Nº276/04. Corrientes. 
LUCERO, Alberto Luis. Causa Nº 17468. Córdoba. 
LUNA, Marcelo. Causa Nº 17468. Córdoba.
MAGNACCO, Jorge Luis. Causa Nº 9298/00. Capital Federal. 
MANADER, Gabino. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
MANSILLA, Pedro Pablo. Causa Nº 30746. Buenos Aires.
MANZANELLI, Luis Alberto. Causa Nº 13172. Córdoba. 
MARENCHINO, Hugo. Causa Nº 14216/03. La Pampa.
MARIANI, Hipólito Rafael. Causa Nº 14216/03. Capital Federal. 
MARÍN, José. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
MASSERA, Emilio Eduardo. Causa Nº 13/84. Capital Federal. 
MAURIÑO, María Elena. Causa Nº 7791. Buenos Aires. 
MELI, Vicente. Causa Nº 17468. Córdoba. 
MENÉNDEZ, Bernardo José. Causa Nº 1261 y 1268. Capital Federal. 
MENÉNDEZ, Luciano Benjamín. Causa Nº 17468 y causa Nº 16656 y acumuladas 16972 y 11543 y causa Nº 13172, Córdoba, y causa Nº 262/76 y causa Nº 40795/2004, Tucumán.
MEZA, Ramón Esteban. Causa Nº 1169/2009. Chaco.
MIARA, Samuel. Causa Nº 11000 y causa Nº 14216/03. Capital Federal.
MOLINA, Gregorio Rafael. Causa Nº 2086. Buenos Aires. 
MOLINA, Juan Eduardo Ramón. Causa Nº 17468. Córdoba. 
MOLINA EZCURRA, Jorge Eduardo. Causa Nº 8736/2005. Neuquén.
MONES RUIZ, Enrique Pedro. Causa Nº 17468. Córdoba. 
MOREIRA, Mercedes. Causa Nº 530. Capital Federal.
MOREL, Catalino. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires. 
MULHALL, Carlos Alberto. Causa Nº 563/99. Salta.
NICOLAIDES, Cristino. Causa Nº 6859/98. Capital Federal.
OLEA, Enrique Braulio. Causa Nº 8736/2005. Neuquén. 
OLIVERA ROVERE, Jorge Carlos. Causa Nº 1261 y 1268. Capital Federal. 
OROZCO, Luis Alberto. Causa Nº 526-F-26. San Luis. 
ORTIZ, Justo Alberto. Causa Nº 4447. Buenos Aires. 
OVIEDO, Julio Francisco. Causa Nº 8736/2005. Neuquén. 
PADOVÁN, Orestes Valentín. Causa Nº 13172. Córdoba. 
PAGANO, Walter Salvador Dionisio. Causa Nº 131/07. Santa Fe. 
PATETTA, Luis Alberto. Causa Nº 1169/2009. Chaco. 
PERATTA, José Luis. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires.
PEREYRA APESTEGUI, Eugenio. Causa Nº 14216/03. Capital Federal. 
PÉREZ, Juan Carlos. Causa Nº 526-F-26. San Luis. 
PÉREZ, Miguel Ángel. Causa Nº 17468. Córdoba.
PERIZZOTTI, Juan Calixto. Causa Nº 03/08. Santa Fe. 
PERTUSIO, Roberto. Causa Nº 4447. Buenos Aires. 
PINO, Víctor. Causa Nº 17468. Córdoba.
PLA, Carlos Esteban. Causa Nº 526-F-26. San Luis.
PONCET, Mauricio Carlos. Causa Nº 17468. Córdoba. 
RAMOS CAMPAGNUOLO, Eduardo Alberto. Causa Nº 03/08. Santa Fe.
REBAYNERA, Raúl Aníbal. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires.
REI, Victor Enrique. Causa Nº 19398/02. Capital Federal.
REINHART, Carlos. Causa Nº  14216/03. La Pampa.
REINHOLD, Oscar Lorenzo. Causa Nº 8736/2005. Neuquén.
RETA, Athos. Causa Nº 14216/03. La Pampa. 
REYNOSO, Raúl Alfredo. Causa Nº 276/04. Corrientes. 
RICCHIERI, Ovidio Pablo. Causa Nº 44. Capital Federal. 
RICCHIUTI, Luis José. Causa Nº 2932/09. Buenos Aires. 
RÍOS, Víctor. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires. 
RIVAS, Osvaldo Arturo. Causa Nº 1229. Capital Federal. 
RIVEROS, Santiago Omar. Causa Nº 2023-2031-2043 y en la causa Nº 2005. Buenos Aires. 
ROCHA, Fernando Martín. Causa Nº 17468. Córdoba. 
RODRÍGUEZ, Hermes Oscar. Causa Nº 13172 y en la causa Nº 17468. Córdoba. 
RODRÍGUEZ, José. Causa Nº 5124/06. La Rioja.
RODRÍGUEZ VALIENTE, José Francisco. Causa Nº 1169/2009. Chaco.
ROLDÁN, Rubén Héctor. Causa Nº 1169/2009. Chaco.
ROLDÁN, Waldo Carmen. Causa Nº 6859/98. Capital Federal.
ROLÓN, Oscar Augusto Isidro. Causa Nº 14216/03. Capital Federal. 
ROMERO, Valentín. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires.
ROSA, Roberto Antonio. Causa Nº 14216/03. Capital Federal.
RUBÉN, Nelson Buenos Aires Pena cumplida. Causa Nº 6681/2.
RUFFO, Eduardo. Causa Nº 8507. Capital Federal. 
RUIZ SOPPE, Raúl Alberto. Causa Nº 2365-M. Mendoza.
SAN JULIÁN, José Eugenio. Causa Nº 17468. Córdoba.
SAN MARTÍN, Sergio Adolfo. Causa Nº 8736/2005. Neuquén.
SILVA, Rodolfo Oscar. Causa Nº 132.349. Buenos Aires.
SIMÓN, Julio Héctor. Causa Nº 6859/98, causa Nº 14216/03, y en la causa Nº 51056 y 1207. Capital Federal. 
SOSA, Hilarión de la Paz. Causa Nº 8736/2005. Neuquén. 
TADDEI, Ricardo. Causa Nº 14216/03. Capital Federal. 
TEPEDINO, Carlos Roque. Causa Nº 14216/03, Capital Federal, y causa Nº 2023-2031-2043, Buenos Aires.
TETZLAFF, Hernán Antonio. Causa Nº 1195/97. Buenos Aires.
UBALLES, Eufemio Jorge. Capital Federal. Causa Nº 14216/03.
ULIBARRIE, Diego Manuel. Causa Nº 50/07. Corrientes.
VEGA, Carlos Alberto. Causa Nº 13172. Córdoba. 
VEGA, Isabelino. Causa Nº 2901/09. Buenos Aires.
VERPLAETSEN, Fernando Exequiel. Causa Nº 2023-2031-2043 y en la causa 2005. Buenos Aires.
VIDELA, Jorge Rafael. Causa Nº13/84, Capital Federal, y causa Nº17468, Córdoba.
VIOLA, Roberto. Causa Nº 1384. Capital Federal. 
VON WERNICH, Cristian Federico. Causa Nº 2506/07. Buenos Aires.
WEHRLI, Nilda Susana. Causa Nº 6873/98. Buenos Aires. 
YANICELLI, Carlos Alfredo. Causa Nº 17468. Córdoba.
YORIO, Antonio Oscar. Causa Nº 14216/03. La Pampa. 
ZIRPOLO, Luis Ángel Gaspar. Causa Nº 209/03. Salta.
  
LISTA DE CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD 1985 - 2011
POR PROVINCIA Y CAUSAS
CAPITAL FEDERAL
Causa: N° 13/84. “Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
• Sentencia: 09/12/1985.
• Condenados:
- AGOSTI, Orlando Ramón (ex brigadier general). Condenado a 3 años y 9 meses de prisión por delitos de tormentos en 8 hechos y robos en 3. 
Falleció el 7 de octubre de 1997.
- LAMBRUSCHINI, Armando (ex almirante). Condenado a 8 años de prisión por delitos de privación ilegítima de la libertad en 35 hechos y de 10 tormentos. 
Falleció el 15 de agosto de 2004.
- MASSERA, Emilio Eduardo (ex almirante). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio agravado por alevosía en 3 hechos, tormentos en 12 hechos y privaciones ilegítimas de la libertad calificadas por violencia y amenazas en 69 hechos y 7 robos. 
Falleció el 8 de noviembre de 2010.
- VIDELA, Jorge Rafael (ex general y ex dictador). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía en 66 hechos, tormentos en 93 hechos, privación ilegítima de la libertad calificada por violencia y amenazas en 306 hechos y 26 robos. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
- VIOLA, Roberto (ex teniente general y ex dictador). Condenado a 16 años de prisión y 6 meses de prisión por delitos de tormentos en 11 hechos, privación ilegal de la libertad en 86 casos y 3 robos.
Falleció el 30 de septiembre de 1994.

Causa: N° 44. “Causa incoada en virtud del decreto PEN 280/84”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
• Sentencia: 02/12/1986.
• Condenados:
- CAMPS, Ramón Juan Alberto (ex general de brigada). Condenado a 25 años de prisión por delitos de tormentos en 73 casos seguidos de asesinatos.
Falleció el 20 de marzo de 1994.
- COZZANI, Norberto (ex cabo de la policía bonaerense). Condenado a 4 años de prisión por delitos de tormentos en 4 hechos. 
Pena cumplida.
- ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (ex comisario general de la policía bonaerense). Condenado a 23 años de prisión por delitos de tormentos en 73 hechos.
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. cumpliendo condenas por otras causas.
- RICCHIERI, Ovidio Pablo (ex general de brigada). Condenado a 14 años de prisión por delitos de tormentos reiterados en 20 hechos. 
Falleció el 10 de junio del 2000.

Causa: A 202/83. “Lavallen, Rubén s/ inf. art. 139 inc 2, 292 y 293 CP” (por la apropiación de Paula Eva Logares Grinspon). Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
• Sentencia: 19/02/1988.
• Condenados:
- LAVALLEN, Rubén Luis (ex comisario de la policía bonaerense). Condenado a 3 años de prisión por delitos de de falsedad ideológica en documento público como partícipe secundario. 
Pena cumplida.
- LEIRO MENDIONDO, Raquel Teresa (esposa de Lavallen). Condenada a 3 años de prisión por delitos de falsedad ideológica en documento público, en este caso como autora. 
Pena Cumplida.
Causa: N° 8507. “Ruffo, Eduardo y otro s/ art. 293, 138 y 139 CP” (por la apropiación de Carla Artés Company). Juzgado Federal Nº 5.
• Sentencia: 16/06/1992. 
• Condenados:
• RUFFO, Eduardo (ex agente de inteligencia de la SIDE). Condenado a 10 años de prisión por delitos de supresión de identidad de un menor de diez años en concurso ideal con el de falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas. 
Pena cumplida.

Causa: N° 11.000. “Miara, Samuel y otra s/ suposición de estado civil, etc” (por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa). Juzgado Federal Nº 2 Sec. Nº 3.
• Sentencia: 22/12/1994.
• Condenados:
• CASTILLO, Beatriz Alicia (esposa de Miara). Condenada a 3 años de prisión por delitos de retención y ocultación de menores de 10 años. 
Pena cumplida.
• MIARA, Samuel (ex subcomisario de la Policía Federal). Condenado a 12 años de prisión por delitos de retención y ocultación de menores de 10 años. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Provincia de Bs As.

Causa: Nº 375/98 caratulada “Astiz, Alfredo s/delito de acción pública”. Juzgado Federal Nº 11 Sec. Nº 22.
• Sentencia: 08/03/2000.
• Condenado: 
• ASTIZ, Alfredo (ex marino). Condenado a tres meses de prisión por apología del delito.
Pena cumplida. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, procesado por la megacausa ESMA. 

Causa: N° 530. “Landa, Ceferino y otro s/ sustracción de menor” (por la apropiación de Claudia Victoria Poblete). Tribunal Oral Federal Nº 5.
• Sentencia: 28/06/2001.
• Condenados:
• LANDA, Ceferino (ex teniente coronel). Condenado a 9 años de prisión por delitos de sustracción, retención y ocultación en perjuicio de Claudia Victoria Poblete. 
Pena cumplida. 
• MOREIRA, Mercedes (esposa de Landa). Condenada a 5 años y medio de prisión por delitos de sustracción, retención y ocultación en perjuicio de Claudia Victoria Poblete. 
Pena cumplida.

Causa: Nº 259 “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros”. Tribunal Oral Federal Nº 5.
• Sentencia: 24/08/2004.
• Condenado:
• ARANCIBIA CLAVEL, Enrique Lautaro (ex agente de inteligencia chileno). Condenado a reclusión perpetua por el homicidio del general Carlos Prats. 
Se encuentra en libertad condicional.

Causa: N° 9298/00. “Gómez, Francisco y otros s/ sustracción menor de diez años” (por la apropiación de Guillermo Rodolfo Fernando Pérez). Juzgado Federal Nº 2 Sec. Nº 4.
• Sentencia: 22/04/2005. 
• Condenados:
• GOMEZ, Francisco (ex personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea). Condenado a 7 años y 6 meses de prisión por delitos de sustracción de menores, alteración de estado civil y falsedad ideológica de instrumento público. 
Pena Cumplida.
• JOFRE, Teodora (ex esposa de  Francisco Gómez). Condenada a 3 años y 1 mes de prisión por delitos de sustracción de menores, alteración de estado civil y falsedad ideológica de instrumento público. 
Pena cumplida.
• MAGNACCO, Jorge Luis (ex médico del Hospital Naval). Condenado a 10 años de prisión por delitos de sustracción de menores, alteración de estado civil y falsedad ideológica de instrumento público. 
Pena cumplida. Se encuentra en arresto domiciliario por otras causas en curso sobre delitos de apropiación durante la dictadura cívico militar. 

Causa: N° 6859/98. “González Naya, Arturo Felix y otros s/ privación ilegal de la libertad” (batallón 601). Juzgado Federal Nº 4. 
• Sentencia: 18/12/2007. 
• Condenados:
• ARIAS DUVAL, Luis Jorge (ex teniente coronel). Condenado a 25 años de prisión por delitos de privación ilegal de libertad calificada reiterado en 6 oportunidades, agravada por haber durado más de un mes. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• SIMÓN, Julio Héctor (ex suboficial de la Policía Federal). Condenado a 23 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en perjuicio de Silvia Noemí Tolchinsky. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• FONTANA, Carlos Gustavo (ex coronel). Condenado a 21 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 6 oportunidades. 
Cumple su condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• GUALCO, Juan Carlos (ex coronel). Condenado a 23 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 6 oportunidades. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• GUERRIERI, Pascual Oscar (ex coronel). Condenado a 20 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 6 oportunidades. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• HOYA, Santiago Manuel (ex teniente coronel). Condenado a 25 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 6 oportunidades.
Falleció el 21 de diciembre del 2007.
• NICOLAIDES, Cristino (ex teniente coronel). Condenado a 25 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 6 oportunidades. 
Falleció el 24 de enero de 2011.
• ROLDÁN, Waldo Carmen (ex coronel). Condenado a 23 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 6 oportunidades. 
Cumple condena en arresto domiciliario. 

Causa: N° 1229. “Rivas Osvaldo Arturo, Gomez Pinto Maria Cristina y Berthier Enrique José s/ sustracción de menores de 10 años (art. 146)” (por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán). Tribunal Oral Federal Nº 5.
• Sentencia: 04/04/2008. 
• Condenados:
• BERTHIER, Enrique José (ex capitán). Condenado a 10 años de prisión por delitos de sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad de la menor María Eugenia Sampallo Barragán. 
Goza de libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de la condena.
• RIVAS, Osvaldo Arturo (civil y apropiador de María Eugenia Sampallo Barragán). Condenado a 8 años de prisión por delitos de sustracción, retención, ocultamiento, supresión de identidad y falsificación de documento público de la menor, María Eugenia Sampallo Barragán. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• GÓMEZ PINTO, María Cristina (civil, esposa de Rivas y apropiadora de María Eugenia Sampallo Barragán). Condenada a 7 años de prisión por delitos de sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad de la menor María Eugenia Sampallo Barragán. 
Se encuentra en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires (ex Caseros).

Causa: N° 16441/02. “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad (Primer Cuerpo del Ejército) - Masacre Fátima”. Tribunal Oral Federal Nº 5.
• Sentencia: 18/07/2008. 
• Condenados:
• GALLONE, Carlos Enrique (ex oficial de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público, reiterada en 30 oportunidades seguidas de homicidio calificado por alevosía.
Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs As (ex Devoto).
• LAPUYOLE, Juan Carlos (ex comisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público, reiterada en 30 oportunidades seguidas de homicidio calificado por alevosía. 
Cumple condena en arresto domiciliario.

Causa: N° 14216/03. “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de libertad” (Primer Cuerpo del Ejército) ABO. Tribunal Oral Federal Nº 2.
• Sentencia: 21/12/2010. 
• Condenados:
• AVENA, Juan Carlos (ex oficial del Servicio Penitenciario Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público e imposición de tormentos en 5 hechos y privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en 42 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs As (ex Devoto). 
• CARDOZO, Guillermo Víctor (ex gendarme). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público e imposición de tormentos en 5 hechos y de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 22 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• DEL PINO, Enrique José (ex capitán del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía en 5 hechos y el delito de privación ilegítima de la libertad agravad en 32 ocasiones. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• DONOCIK, Luis Juan (ex comisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos y por el delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 85 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs As (ex Devoto).
• GÓMEZ ARENAS, Mario Alberto (ex coronel). Condenado a 25 años de prisión por delitos de homicidio en dos hechos, que a su vez concurre con el delito de sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años en perjuicio de Eduardo Enrique De Pedro. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• GONZÁLEZ, Raúl (ex comisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable de la aplicación de tormentos en 62 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 
• GUGLIELMINETTI, Raúl Antonio (ex agente civil de inteligencia del Ejército). Condenado a 25 años de prisión por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en 42 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• KALINEC, Eduardo (ex comisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 62 hechos.
Cumple condena en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs As (ex Devoto).
• MIARA, Samuel (ex subcomisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 58 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires (ex Caseros).
• PEREYRA APESTEGUI, Eugenio (ex gendarme). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 22 casos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• ROLÓN, Oscar Augusto Isidro (ex oficial de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 62 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 
• ROSA, Roberto Antonio (ex comisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 37 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario I Ezeiza, provincia de Buenos Aires (ex Caseros).
• SIMÓN, Julio Héctor (ex suboficial de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 74 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• TADDEI, Ricardo (ex comisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en en 86 ocasiones. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• TEPEDINO, Carlos Roque (ex coronel y ex jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978). Condenado a 25 años de prisión por delitos de homicidio en dos hechos, que a su vez concurre con el delito de sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años en perjuicio de Eduardo Enrique De Pedro.
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• UBALLES, Eufemio Jorge (ex subcomisario de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por su comisión con alevosía, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada en 5 hechos. También fue considerado coautor responsable del delito de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en 57 ocasiones.
Cumple condena en el Complejo Penitenciario de Jujuy.

Causa: N° 1261 y 1268. “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de libertad” (Primer Cuerpo del Ejército). Tribunal Oral Federal Nº 5.
• Sentencia: 23/10/2009. 
• Condenados:
• MENÉNDEZ, Bernardo José (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por 41 privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por un caso de homicidio calificado con alevosía. 
Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.
• OLIVERA ROVERE, Jorge Carlos (ex general de brigada). Condenado a Prisión Perpetua por más de un centenar de privaciones ilegales de la libertad, agravadas por su condición de funcionario público y por haber sido cometidas con violencia, y por los homicidios calificados con alevosía de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. 
Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

Causa: N° 44. “Causa incoada en virtud del decreto PEN 280/84”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. 
• Sentencia: 05/08/2008. 
• Condenados:
• BERGÉS, Jorge Antonio (ex médico de la Policía bonaerense). Condenado a 6 años de prisión. 
Cumple condena en arresto domiciliario.

Causa: N°19398/02. “Rei, Víctor E. y otra s/ sustracción de menores de diez años” (por la apropiación del menor Alejandro Sandoval). Tribunal Oral Federal Nº 6.
• Sentencia: 23/04/2009. 
• Condenados:
• REI, Víctor Enrique (ex gendarme). Condenado a 16 años de prisión por delitos de retención y ocultación de identidad, supresión del estado civil y la falsedad ideológica de documentos públicos del hijo de la pareja de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, Alejandro. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

Causa: N° 14216/03. “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad”. Tribunal Oral Federal Nº 5.
• Sentencia: 05/11/2008. 
• Condenados:
• BARDA, Pedro Alberto (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio agravado en perjuicio de Analía Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro más los secuestros y tormentos de ambos y de la mujer de Candeloro. 
Cumple condena en arresto domiciliario debido a una enfermedad mental degenerativa que lo aqueja.
• COMES, César Miguel (ex brigadier). Condenado a 25 años de prisión por 6 secuestros y tormentos agravados. 
Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.
• MARIANI, Hipólito Rafael (ex brigadier). Condenado a 25 años de prisión por 8 secuestros y tormentos agravados. 
Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

Causa: N° 51056 y 1207. “Simón, Julio Héctor s/ privación ilegal de la libertad, tormentos y ocultación de un menor de diez años”. Tribunal Oral Federal Nº 5.
• Sentencia: 11/08/2006.
• Condenados: 
• SIMÓN, Julio Héctor (ex suboficial de la Policía Federal). Condenado a 25 años de prisión por delitos de detención ilegal y tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik, y por la ocultación de una menor, hija del matrimonio. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.


BUENOS AIRES
San Martín
Causa: N° 623. “Leiro, Marta Elvira s/ infracción artículos 146, 292 y 293” (por la apropiación de Carlos Rodolfo De Luccía). Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín. 
• Sentencia: 05/05/1998. 
• Condenados:
• LEIRO, Marta Elvira (civil, apropiadora de Carlos De Luccía). Condenada a 3 años de prisión en suspenso por el delito de retención y ocultación del menor que fuera anotado como Carlos Rodolfo De Luccía. 
Pena cumplida. 
Causa: N° 2023 – 2031 - 2043, “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, entre otros” (Campo de Mayo). Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín.
• Sentencia: 20/04/2010.
• Condenados:
• BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio (ex general y ex dictador). Condenado a 25 años de prisión a cumplirse en una cárcel común por delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo durante 1976 y 1978. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• GARCÍA, Osvaldo Jorge (ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo). Condenado a 18 años a cumplirse en una cárcel común por delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo durante 1976 y 1978. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• GUAÑABENS PERELLÓ, Eugenio (ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”). Condenado a 17 años a cumplirse en una cárcel común por delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo durante 1976 y 1978. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• RIVEROS, Santiago Omar (ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo). Condenado a 25 años a cumplirse en una cárcel común por delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo durante 1976 y 1978. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• TEPEDINO, Carlos Roque (ex coronel y ex jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General  del Ejercito durante el año 1978). Condenado a 20 años a cumplirse en una cárcel común por delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo durante 1976 y 1978. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• VERPLAETSEN, Fernando Exequiel (ex jefe del departamento de inteligencia de esa jurisdicción). Condenado a 25 años a cumplirse en una cárcel común por delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo durante 1976 y 1978. 
Cumple condena en arresto domiciliario.

Causa: N° 2005, “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, entre otros” (causa Floreal Avellaneda), caso 145 acumulada causa N° 2044 “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, entre otros.” Caso 145. Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín.
• Sentencia: 12/08/2009.
• Condenados:
• ANETO, Alberto Ángel (ex principal de la comisaría de Villa Martelli, Buenos Aires). Condenado a 14 años de prisión, fue considerado co-autor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal; privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencias –dos hechos-; tormentos, agravados por tratarse de perseguido político respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y como partícipe primario de tormentos agravados por tratarse de perseguido político respecto de Floreal Edgardo Avellaneda y de robo. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• FRAGNI, César Amadeo (ex capitán). Condenado a 8 años de prisión por delitos de allanamiento ilegal; privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencias –dos hechos- y como partícipe primario del robo.
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires. 
-GARCÍA, Osvaldo Jorge (ex general y ex jefe de la Escuela de Infantería). Condenado a 18 años de prisión por delitos de allanamiento ilegal, en concurso ideal con el de robo; en concurso real con los de privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencias –dos hechos- y como partícipe primario de los delitos de tormentos agravados por tratarse de perseguido político respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y de tormentos seguidos de muerte, respecto de Floreal Edgardo Avellaneda. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
-HARSICH, Raúl Horacio (ex capitán). Condenado a 8 años de prisión por delitos de allanamiento ilegal; privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencias –dos hechos- y como partícipe primario del robo. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
-RIVEROS, Santiago Omar (ex general y ex comandante de Institutos Militares). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencias; tormentos, agravados por tratarse de perseguido político previsto, respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y tormentos seguidos de muerte respecto de Floreal Edgardo Avellaneda. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
-VERPLAETSEN, Fernando Exequiel (ex general). Condenado a 25 años de prisión por delitos de allanamiento ilegal; en concurso real con los de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencias; tormentos, agravados por tratarse de perseguido político previsto, respecto de Iris Pereyra de Avellaneda y homicidio agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas, respecto de Floreal E. Avellaneda. 
Cumple condena en arresto domiciliario.

Causa: N° 2932/09 “Ricchiutti, José Luís y Hermann, Elida Renée s/ inf. arts. 45, 54, 146 y 139 CP (Vma. Bárbara María de Guadalupe Ricchiuti)”. Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín.
• Sentencia: 28/12/2010
• Condenados:
• RICCHIUTI, Luis José (ex miembro de Inteligencia del Batallón 601 de Campo de Mayo). Condenado a 13 años y 6 meses de prisión por delitos de apropiación de un menor durante el último gobierno de facto. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 
• HERMANN, Élida Renée (esposa de Ricchiuti). 8 años de prisión por delitos de apropiación de un menor durante la última dictadura militar. 
Se encuentra en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena.

La Plata
Causa: N° 132.349. “Silva, Rodolfo Oscar s/ sustracciòn de menor, supresión de estado civil” (por la apropiación María Eugenia Gatica). Juzgado de Transición Penal 1.
• Sentencia: 25/02/1986.
• Condenados:
• SILVA, Rodolfo Oscar (ex funcionario policial). Condenado a 3 años de prisión por delitos de sustracción de menor, supresión de estado civil, falsedad ideológica y uso de instrumento público en perjuicio de la niña María Eugenia Gatica. 
Pena cumplida.
Causa: N° 2901/09 (ex 15275) “Dupuy, Abel David y otros s/ homicidios y otros” (Unidad Penitenciaria 9 de la Plata –U9-). Tribunal Oral Federal n° 1 de La Plata.
• Sentencia: 13/10/2010.
• Condenados: 
• ACUÑA, Héctor Raúl (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a 10 años de prisión por delitos de tormentos a 14 víctimas, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• BASUALDO, Segundo Andrés (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a 11 años de prisión por delitos de tormentos en 3 casos los que concursan materialmente entre sí, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• CORSI, Enrique Leandro (ex médico de la U9). Condenado a 13 años de prisión, fue considerado autor del delito de omisión de torturas seguida de muerte, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• COSSO, Elbio Osmar (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a 25 años de prisión por delitos de tormentos agravados en 43 casos y tortura seguida de muerte, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• DUPUY, Abel David (ex director de la U9). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado por alevosía en cinco casos, torturas seguidas de muerte en un caso y tormentos agravados por ser perseguidos políticos en 57 casos, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• FAVOLE, Luis (ex médico de la U9). Condenado a 13 años de prisión por delitos de omisión de torturas seguida de muerte, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 
• FERNÁNDEZ, Ramón (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a 25 años de prisión por delitos de torturas seguida de muerte en un caso y de tormentos agravados en otros 13 casos, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• JURIO, Carlos Domingo (médico de la U9). Condenado a 13 años de prisión por delitos de omisión de torturas seguida de muerte, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• MOREL, Catalino (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a 25 años de prisión por delitos de torturas seguidas de muerte, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• PERATTA, Jorge Luis (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a 14 años de prisión por delitos de tormentos en 6 casos que concursan materialmente entre sí, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• REBAYNERA, Raúl Aníbal (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a Prisión Perpetua por un homicidio calificado y 20 casos de tormento agravado, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• RÍOS, Víctor (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado en un caso, de torturas seguido de muerte en otro caso y de tormentos agravados en 55 casos, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• ROMERO, Valentín (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a 10 años de prisión por delitos de tormentos en 5 casos que concursan materialmente entre sí, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• VEGA, Isabelino (ex agente penitenciario bonaerense). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio calificado, un caso de torturas seguida de muerte y tormentos en otros 54 casos, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
Causa: N° 29 “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ homicidio calificado”. Tribunal Oral Federal n° 1 de La Plata.
• Sentencia: 26/09/2006.
• Condenados:
• ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (ex comisario general de la policía bonaerense). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad calificada y autor mediato penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Norma Eloy y Jorge Julio López. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 
Causa: 2506/07. “Von Wernich, Cristian Federico s/ Inf. Arts. 144 Bis, 144ter, 80 inc. 7, 54 del C.P”. Tribunal Oral Federal n° 1 de La Plata.
• Sentencia:  02/11/2007. 
• Condenados:
• VON WERNICH, Cristian Federico (ex capellán de la policía bonaerense). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad agravada en 35 casos y coautor en la aplicación de tormentos agravados en 5 casos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
Causa: N° 2965 “Alonso Omar s/ presunta infracción art 139, 146 y 293 del CP” (por la apropiación de María Natalia Suárez Nelson). Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.
• Sentencia: 14/12/2010.
• Condenados:
• ALONSO, Omar (civil y apropiador de María Natalia Suárez Nelson). Condenado a 10 años de prisión por delitos de retención y ocultamiento de una niña sustraída antes de los diez años de edad, alteración del estado civil de una niña menor de diez años de edad, falsedad ideológica de instrumento público –certificado de parto y partida de nacimiento- y falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas -D.N.I.-, todos en concurso ideal. 
Cumple condena en arresto domiciliario. 
• HERZBERG, Juan Carlos (ex capitán de navío). Condenado a 10 años de prisión por delitos de los delitos de sustracción y ocultamiento de una niña sustraída antes de los diez años de edad y como partícipe necesario de la alteración del estado civil de una niña menor de diez años, todos en concurso ideal. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
Causa: 1702/03. “Bergés Jorge Antonio y otro s/ arts. 139 inc. 2, 139 bis, 292 y 293 del CP”. Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. 
• Sentencia: 29/03/2004. 
• Condenados:
• BERGÉS, Jorge Antonio (ex médico policial). Condenado a 7 años de prisión por el delito de apropiación de una menor durante la dictadura cívico militar. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (ex comisario general de la policía bonaerense). Condenado a 7 años de prisión por el delito de apropiación de una menor durante la dictadura cívico militar. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
Mar del Plata
Causa: Nº 30746 “Labolita Carlos Orlando y D’alessandro de Labolita Rosa s/ Querella – Las Flores”. Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
• Sentencia: 03/07/2009.
• Condenados:
• MANSILLA, Pedro Pablo (ex coronel) condenado a Prisión Perpetua por delitos de secuestro, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado de Carlos Labolita, delitos considerados de lesa humanidad. 
Cumple condena en prisión domiciliaria.

Causa: Nº 2086 “Molina, Gregorio s/infrac. arts. 119 y 120 del CP (lesa humanidad)” (“Noche de las Corbatas”). Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
• Sentencia: 09/06/2010.
• Condenado:
• MOLINA, Gregorio Rafael (ex suboficial de la Fuerza Aérea). Condenado a Prisión Perpetua por los homicidios agravados por ensañamiento y alevosía de los abogados Roberto Centeno y Jorge Candeloro, secuestrados torturados y asesinados durante la tristemente celebre “Noche de las Corbatas”; por la privación ilegítima de la libertad agravada y la aplicación de tormentos agravados en 36 casos, y por la violación en forma reiterada de tres mujeres cautivas. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires. 

Causa: Nº 4447 “Malugiani Juan Carlos...” Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata.
• Sentencia: 21/12/2010.
• Condenados: 
• ARRILLAGA, Alfredo (ex general de brigada). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia en forma reiterada sobre Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg e imposición de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos y homicidio calificado en concurso premeditado de dos o más personas. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• ORTIZ, Justo Alberto (ex oficial de la Armada retirado con el grado de capitán de navío). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia en forma reiterada sobre Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg e imposición de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos y homicidio calificado en concurso premeditado de dos o más personas. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• PERTUSIO, Roberto (ex marino retirado con el grado de contralmirante). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia en forma reiterada sobre Raúl Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg e imposición de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos y homicidio calificado en concurso premeditado de dos o más personas. 
Cumple condena en arresto domiciliario. 

Morón
Causa: N° 7791. “Mauriño, María Elena s/ supresión y ocultamiento” (por la apropiación de María Victoria Moyano Artigas). Juzgado Federal Nº 1 Sec. 1. 
• Sentencia: 18/06/1996. 
• Condenados:
• MAURIÑO, María Elena (civil y apropiadora de María Victoria Moyano Artigas). Condenada a 3 años de prisión y 9 meses por delitos de sustracción y ocultamiento de la menor en prejuicio de María Victoria Moyano Artigas. 
Pena cumplida.
Causa: 6681/2”González, Teresa s/ infracción artículo 146 CP” (por la apropiación de María José Lavalle Lemos). Juzgado Federal Nº 1 Sec. Nº 1.
• Sentencia: 19/01/1988. 
• Condenados:
• GONZÁLEZ, Teresa Isabel (esposa de Nelson Rubén). Condenada a 3 años de prisión por el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años en concurso ideal con falsedad ideológica con documento público destinado a acreditar la identidad de las personas. 
Pena cumplida.
• RUBÉN, Nelson (ex suboficial de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Provincia de Buenos Aires). Condenado a 3 años de prisión por el delito de retención y ocultamiento de un menor de diez años en concurso ideal con falsedad ideológica en documento público destinado a acreditar la identidad de las personas. 
Pena cumplida.
San Isidro

Causa: N° 8684. “Furci, Miguel Ángel y otra s/ 139 2º y 146 CP” (por la “apropiación y sustitución de identidad” de Mariana Zaffaroni Islas, una beba apropiada por el matrimonio, hija de Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas, ambos uruguayos, que estaban cautivos en “Orletti”). Juzgado Federal Nº 1 Sec. Nº 1.
• Sentencia: 18/03/1993. 
• Condenados:
• FURCI, Miguel Ángel (ex agente de inteligencia). Fue condenado a 7 años de prisión por el delito de ocultación y retención de la menor de diez años Mariana Zaffaroni Islas. Luego indultado por el ex presidente Carlos Menem. 
Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Bs As (ex Devoto) acusado en otras causas de cometer delitos de lesa humanidad en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio Orletti.
• GONZÁLEZ, Adriana María (esposa de Furci). Fue condenada a 7 años de prisión por el delito de ocultación y retención de la menor de diez años Mariana Zaffaroni Islas. 
Se encuentra en libertad, fue indultada por Carlos Menem.
Causa: N° 6873/98.  “Bianco, Norberto Atilio y otra s/ 139, 146 y 293 CP” (por la apropiación de los menores Pablo Hernán y Carolina Bianco Wehrli). Juzgado Federal Nº 1 Sec. Nº 2.
• Sentencia: 15/05/2000. 
• Condenados:
• BIANCO, Norberto Atilio (ex mayor médico del Ejército). Condenado a 12 años de prisión por el delito de supresión del estado civil de un menor de diez años en concurso ideal con el de falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas. 
Pena cumplida.
• WEHRLI, Nilda Susana (mujer de Bianco). Condenada a 10 años de prisión por el delito de supresión del estado civil de un menor de diez años en concurso ideal con el de falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas. 
Pena cumplida.

Causa: N° 1195/97. “Tetzlaff, Hernán Antonio y otro s/ infr. Arts. 139, 2do párrafo, y 146 CP” (por la apropiación de Hilda Victoria Montenegro). Juzgado Federal Nº 1 Sec. Nº 7.
• Sentencia: 13/08/2001. 
• Condenados:
• TETZLAFF, Hernán Antonio (ex teniente coronel). Condenado a 8 años de prisión por el delito de sustracción, ocultamiento y retención de un menor de 10 años (Hilda Victoria Montenegro). 
Falleció el 17 de mayo del 2003.


CORDOBA
Causa: N° 17468 “Alsina, Gustavo Adolfo y otros s/ imposición de tormentos agravados y homicidios calificados” y Causa: N°16954 “Gontero, Oscar Francisco y otros s/ priva ileg de la libertad y tormentos (ex causa “Urquiza Luis Alberto”)” (Causa Videla). Juzgado Federal N° 3 de Córdoba. Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba.
• Sentencia:  22/12/2010:
• Condenados:
• ALSINA, Gustavo Adolfo (ex mayor del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 28 hechos y coautor de tormentos seguidos de muerte en 1 hecho. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• ANTÓN, Mirta Graciela (ex policía de Córdoba). Condenada a 7 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos y por imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 6 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• FIERRO, Raúl Eduardo (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos agravada en 32 hechos, homicidio calificado por alevosía en 30 hechos y tormento seguido de muerte en 1 hecho. 
Cumple condena en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común.
• FLORES, Calixto Luis (ex suboficial mayor). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 10 hechos y homicidio calificado por alevosía en 9 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• GÓMEZ, Miguel Ángel (ex cabo de la Policía Federal). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 10 hechos; homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes en 6 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• GÓNZALEZ NAVARRO, Jorge (ex teniente coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos agravada en 32 hechos, homicidio calificado por alevosía en 30 hechos y tormentos seguido de muerte en 1 hecho.
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• HIBAR PÉREZ, Carlos (ex suboficial mayor). Condenado a 10 años de prisión por delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 28 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• HUBER, Juan Emilio (ex teniente coronel). Condenado a 14 años de prisión por delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 28 hechos y tormento seguido de muerte en 1 hecho. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• JABOUR, Yamil (ex comisario de la Policía de Cordoba). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 10 hechos y homicidio calificado por alevosía en 6 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• LUCERO, Alberto Luis (ex policía de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 10 hechos y homicidio calificado por alevosía en 6 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• LUNA, Marcelo (ex policía de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 4 hechos y homicidio calificado por alevosía en 3 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• MELI, Vincente (ex general de brigada). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos agravada en 14 hechos, homicidio calificado por alevosía en 12 hechos y tormento seguido de muerte en 1 hecho. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires. 
• MENÉNDEZ, Luciano Benjamín (ex general y comandante del III Cuerpo de Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos; imposición de tormentos agravada en 38 hechos, homicidio calificado por alevosía en 30 hechos, tormentos seguido de muerte en 1 hecho y lesiones graves calificadas en 1 hecho. 
Cumple condena en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común.
• MOLINA, Juan Eduardo Ramón (ex policía de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 4 hechos y homicidio calificado por alevosía en 6 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• MONES RUIZ, Enrique Pedro (ex teniente coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 28 hechos y coautor del delito de homicidio calificado por alevosía en 1 hecho. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• PÉREZ, Miguel Ángel (ex cabo del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 28 hechos y homicidio calificado por alevosía en 1 hecho. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• PINO, Víctor (ex general de brigada). Condenado a 12 años de prisión por delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 28 hechos. 
Cumple condena en prisión domiciliaria.
• PONCET, Mauricio Carlos (ex teniente coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos agravada en 28 hechos, homicidio calificado por alevosía en 27 hechos, tormentos seguido de muerte en 1 hecho y partícipe necesario responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada en 4 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• ROCHA, Fernando Martín (ex policía de Córdoba). Condenado a 8 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 6 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• RODRÍGUEZ,  Hermes Oscar (ex coronel). Condenado a 12 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad calificada agravada por el uso de violencia en 6 hechos en concurso real e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 6 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria Complejo San Felipe, Mendoza por la causa Videla.
• SAN JULIÁN, José Eugenio (ex oficial de Gendarmería). Condenado a 6 años de prisión por delitos de imposición de tormentos agravada en 6 hechos. 
Cumple condena en Prisión Domiciliaria. 
• VIDELA, Jorge Rafael (ex teniente general y ex dictador). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de imposición de tormentos en 32 hechos y homicidio calificado por alevosía en 29 hechos y de tormento seguido de muerte en 1 hecho. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• YANICELLI, Carlos Alfredo (ex comisario de la policía de Cordoba). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad calificada en 6 hechos; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en 7 hechos y coautor del delito de homicidio calificado por alevosía en 6 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
Causa: 16656 y acumuladas 16972 y 11543. “CAMPOS, Rodolfo Anibal y Otros p.ss.aa. Homicidio Agravado, Privación Ilegítima de la Libertad Agravada e Imposición de Tormentos Agravados” (Departamento de Informaciones de la Policía -D2-). Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. 
• Sentencia: 11/12/2009.
• Condenados:
• BRITOS, Hugo Cayetano (ex policía de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua por la privación ilegítima de la libertad, tortura y crimen de Albareda.
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba. 
• CAMPOS, Rodolfo Anibal (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario Albareda. 
Cumple condena en arresto domiciliario. 
• CEJAS, César Armando (ex comisario de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua por el secuestro, tortura y homicidio de Albareda. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• GÓMEZ, Miguel Ángel (ex cabo de la Policía Federal). Condenado a 16 años de prisión por los secuestros y torturas de cuatro personas y por los tormentos y lesiones gravísimas de otra. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba. 
• MENÉNDEZ, Luciano Benjamín (ex general y ex comandante del III Cuerpo de Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario Ricardo Fermín Albareda en 1979, y las privaciones ilegítimas de la libertad de 8 personas entre 1976 y 1979. 
Cumple condena en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplirla en una cárcel común.

Causa: 13172. “Brandalisis, Humberto Horacio y otros s/ averiguación ilícito” (Menéndez 1). Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba.
• Sentencia: 24/07/2008.
• Condenados:
• ACOSTA, Jorge Exequiel (ex teniente primero). Condenado a 22 años de prisión por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada e imposición de tormentos agravada en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• DIAZ, Carlos Alberto (ex sargento primero de la policía de Córdoba). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada agravada; imposición de tormentos agravada en 4 hechos; y coautor de homicidio doblemente calificado por alevosía en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• LARDONE, Ricardo Alberto Ramón (ex agente civil de inteligencia de la SIDE). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada agravada; imposición de tormentos agravada en 4 hechos; y coautor de homicidio doblemente calificado por alevosía en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• MANZANELLI, Luis Alberto (ex sargento primero del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada agravada; imposición de tormentos agravada en 4 hechos; y coautor de homicidio doblemente calificado por alevosía en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• MENÉNDEZ, Luciano Benjamín (ex general y ex comandante del III Cuerpo de Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada agravada; imposición de tormentos agravada en 4 hechos; y coautor de homicidio doblemente calificado por alevosía en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Cumple condena en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común.
• PADOVÁN, Orestes Valentín (ex sargento primero del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada agravada; imposición de tormentos agravada en 4 hechos; y coautor de homicidio doblemente calificado por alevosía en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. 
Cumple condena en el Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer, Córdoba.
• RODRÍGUEZ,  Hermes Oscar (ex coronel). Condenado a 22 años de prisión a cumplir en prisión domiciliaria por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada e imposición de tormentos agravada en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Complejo San Felipe, Mendoza por la causa Videla.
• VEGA, Carlos Alberto (ex sargento primero del Ejército). Condenado a 18 años de prisión por delitos de privación ilegítima de la libertad calificada e imposición de tormentos agravada en 4 hechos en perjuicio de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Cumple condena en prisión domiciliaria.

TUCUMÁN
Causa: Nº 262/76. “Vargas Aignasse s/ su secuestro y desap.”. Tribunal Oral Federal de Tucumán Nº 1.
• Sentencia: 28/08/2008.
• Condenados:
• BUSSI, Antonio Domingo (ex general). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio agravado por alevosía en prejuicio del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, todos ellos calificados como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario. 
• MENÉNDEZ, Luciano Benjamín (ex general y ex comandante del III Cuerpo de Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio agravado por alevosía en prejuicio del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, todos ellos calificados como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común.
Causa: Nº 400795/2004 caratulada “Coronel Marta y Coronel Rolando s/ sus secuestros y desapariciones”. Tribunal Oral Federal de Tucumán N° 1.
• Sentencia: 18/05/2010.
• Condenados:
• ALBORNOZ, Roberto Heriberto (ex jefe del Departamento 2 –Inteligencia- y del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de Tucumán). Condenado a Prisión Perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor material penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y torturas seguidas de muerte. Cumplía condena en la cárcel de Villa Urquiza, Provincia de Tucumán. La Cámara de casación le concedió el arresto domiciliario el 18 de febrero de 2011.    
• DE CÁNDIDO, Armando Luis (ex comisario de la Policía de Tucumán) Condenado a 18 años de prisión por asociación ilícita agravada, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y usurpación de inmueble. 
Cumplía condena en la cárcel de Villa Urquiza, Provincia de Tucumán. EL 18 de febrero de 2011 le fue concedida la libertad.
• DE CÁNDIDO, Carlos Esteban (ex policía de Tucumán). Condenado a 3 años de prisión por usurpación de inmueble. 
Se encuentra en libertad condicional.
• MENÉNDEZ, Luciano Benjamín (ex general y ex comandante del III Cuerpo de Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía (en 17 casos de personas desaparecidas).
Cumple condena en arresto domiciliario hasta que una junta médica determine si está en condiciones de cumplir su condena en una cárcel común.

SANTA FE
Causa: Nº 43/08 (ex 81/06) “Barcos, Horacio Amércio s/infr. art. 144 bis, inc. 1, 142, 144 ter, 55 CP”. Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe.
• Sentencia: 12/04/2010.
• Condenados: 
• BARCOS, Horacio Américo (ex agente civil de Inteligencia del Ejército). Condenado a 15 años de prisión. La resolución acumula otra condena dictada por la justicia bonaerense por un hecho de extorsión, cuya sentencia quedó firme hace un año y medio, luego de una decisión de la Corte Suprema de Buenos Aires. Fue encontrado responsable del secuestro y el cautiverio de Ricotti y Tur entre el 16 y el 31 de mayo de 1978. 
Cumple condena en la Unidad 2 de las Flores - Santa Fe.

Rosario
Causa: Nº 131/07 “Guerrieri, Pascual y otros...” (Quinta de Funes). Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario.
• Sentencia: 15/04/2010.
• Condenados: 
• AMELONG, Juan Daniel (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua a cumplirse en cárcel común por privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos en 29 hechos y homicidio agravado por alevosía en 16 hechos. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• COSTANZO, Eduardo Rodolfo (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Prisión Perpetua a cumplirse en cárcel común por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 24 hechos y homicidio agravado por alevosía en 16 hechos.
Cumple condena en arresto domiciliario.
• FARIÑA, Jorge Alberto (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Fue condenado a Prisión Perpetua a cumplirse en cárcel común por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 26 hechos y homicidio agravado por alevosía en 16 hechos.
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• GUERRIERI, Pascual Oscar (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Prisión Perpetua a cumplirse en cárcel común por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos en 24 hechos y homicidio agravado en 16 hechos.
Cumple condena en arresto domiciliario. 
• PAGANO, Walter Salvador Dionisio (ex miembro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército). Prisión Perpetua a cumplirse en cárcel común por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 24 hechos y homicidio agravado por alevosía en 16 hechos.
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

Causa: Nº 34/07 “Facino, Mario s/priv. ileg. lib.-tormentos-encub-homic.”. Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
• Sentencia: 13/08/2010.
• Condenado:
• FACINO, Mario José (ex comisario de Santa Fe). Condenado a 23 años de prisión por delitos de secuestro y homicidio de la docente Alicia López de Rodríguez, ocurrido en el año 1976. 
Cumple condena en arresto domiciliario.

Causa: Nº 03/08 (ex Nº 152/07) “Brusa Víctor Hermes y otros s/ inf. art. 144 bis CP”. Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
• Sentencia: 22/12/2009.
• Condenados:
• AEBI, María Eva (ex carcelera policial de Santa Fe). Condenado a 19 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en 5 hechos, e imposición de tormentos en 5 hechos, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose por ello delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fé.
• BRUSA, Víctor Hermes (ex juez federal). Condenado a 21 años de prisión por delitos de apremios ilegales en 8 hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose delito de lesa humanidad. 
Cumple condena en la Unidad 2 de las Flores - Santa Fe.
• COLOMBINI, Héctor Romero (ex policía de Santa Fe). Condenado a 23 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en 6 hechos e imposición de tormentos en 6 hechos, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose por ello delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• FACINO, Mario José (ex comisario de la policía de Santa Fe). Condenado a 20 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas, en 3 hechos e imposición de tormentos en un hecho cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose por ello delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• PERIZZOTTI, Juan Calixto (ex oficial de la policía de Santa Fe). Condenado a 22 años de prisión por delitos de privación ilegal de  la libertad agravada por violencias y amenazas en 5 hechos e imposición de tormentos en 5 hechos, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose por ello delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• RAMOS CAMPAGNUOLO, Eduardo Alberto (ex policía de Santa Fe). Condenado a 23 años de prisión por delitos de privación ilegal de  la libertad agravada por violencias y amenazas en 5 hechos e imposición de tormentos en 5 hechos, hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose por ello delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en la Unidad 2 de las Flores - Santa Fe.


SALTA
Causa: Nº 209/03 “NN s/denuncia desaparición (Melitón Bustos)”. Tribunal Oral Federal de Salta.
• Sentencia: 13/04/2010.
• Condenados: 
• ARIAS, Carlos Alberto (ex coronel). Condenado a 20 años de prisión por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia en concurso real con el delito de homicidio simple contra Aldo Melitón Bustos en el grado de participe necesario. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• ZIRPOLO, Luis Ángel Gaspar (ex coronel). Condenado a 20 años de prisión por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia en concurso real con el delito de homicidio simple contra Aldo Melitón Bustos en el grado de participe necesario. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario de Salta. 
Causa: N° 563/99. “PALOMITAS 1: Las Palomitas - Cabeza de Buey - Cabeza Daniel Vicente y otros s/ denuncia” (Masacre de Palomitas). Juzgado Federal Nº 2 de Salta.
• Sentencia: 21/12/2010.
• Condenados:
• ESPECHE, César Hugo (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de 11 víctimas. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• GENTIL, Miguel Raúl (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de 11 víctimas. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• MULHALL, Carlos Alberto (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de 11 víctimas. 
Cumple condena en arresto domiciliario.

La Pampa
Causa: 14216/03. “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ priv. Ileg. de la libertad (Primer Cuerpo del Ejército) - La Pampa”. Tribunal Oral Federal de Santa Rosa (La Pampa).
• Sentencia: 16/11/2010. 
• Condenados:
• AGUILERA, Omar (ex comisario principal de la policía de La Pampa). Condenado a 20 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 18 hechos, de los cuales 8 casos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 7 hechos.
Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• CENIZO, Néstor Bonifacio (ex oficial de la policía de La Pampa). Condenado a 14 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 23 hechos, de los cuales 12 casos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 9 casos. Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• CONSTANTINO, Roberto Oscar (ex comisario de la policía de La Pampa). Condenado a 20 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 18 hechos, de los cuales 7 hechos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 6 hechos. Se encuentra en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• FIORUCCI, Roberto Oscar (ex comisario de la policía de La Pampa). Condenado a 20 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 24 hechos, de los cuales 12 casos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 13 hechos. 
Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• GREPPI, Néstor (ex teniente coronel). Condenado a 20 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 4 hechos de los cuales 1 caso se encuentra doblemente agravado por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 2 hechos. 
Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• MARENCHINO, Hugo (ex comisario mayor de la policía de La Pampa). Condenado a 8 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 5 hechos, de los cuales 1 caso se encuentra doblemente agravado por duración de más de un mes y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 3 casos. Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• REINHART, Carlos (ex comisario mayor de la policía de La Pampa). Condenado a 20 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (23 hechos) de los cuales 11 casos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes (arts. 144 bis, inciso 1 y último párrafo, en función del artículo 142, inciso 1 y 5º CP, ley 14616); y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos (10 hechos). 
Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• RETA, Athos (ex comisario inspector de la policía de La Pampa). Condenado a 12 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 12 hechos, de los cuales 5 casos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 6 hechos. 
Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.
• YORIO, Antonio Oscar (ex comisario mayor de la policía de La Pampa). Condenado a 12 años por delitos de privación ilegal de libertad agravada por el uso de violencia y amenazas en 9 hechos, de los cuales 2 casos se encuentran doblemente agravados por duración de más de un mes; y aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos en 6 hechos. 
Cumple condena en Colonia Penal de Santa Rosa, La Pampa.

SANTIAGO DEL ESTERO
Causa: N° 9078/03 “Kamenetzky, Adela Inés interpone querella c/ Musa Aazar”. Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.
• Sentencia: 01/11/2010.
• Condenados:
• GARBI, Miguel (ex policía de Santiago del Estero). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976. 
Cumple condena en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto Unidad 35, Departamento de San Martin, Santiago del Estero.
• LÓPEZ VELOSO, Ramiro del Valle (ex policía de Santiago del Estero). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976. 
Cumple condena en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto Unidad 35, Departamento de San Martin, Santiago del Estero.
• AZAR, Musa Antonio (ex comisario de la policía de Santiago del Estero). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976. 
Cumple condena en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto Unidad 35, Departamento de San Martín, Santiago del Estero.

LA RIOJA
Causa: N° 5124/06 “Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ homicidio calificado y falsedad ideológica” (ex Villafañe). Tribunal Oral Federal de La Rioja.
• Sentencia: 14/09/2010.
• Condenados:
• RODRÍGUEZ, José (ex cabo primero de la policía de La Rioja). Condenado a 20 años de prisión por delitos de homicidio del conscripto Roberto Villafañe, ocurrido en 1976. 
Cumple condena en el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja. 

MENDOZA
Causa: N° 2365-M. “Menéndez, Luciano B. y otros p/ Av. Inf. Arts. 144, 142, 292 y 293 C.P.”. Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Rafael, Mendoza.
• Sentencia: 16/11/2010. 
• Condenados:
• EGEA, Raúl (ex abogado de la policía de Mendoza). Condenado a 8 años de prisión por delitos de falsedad intelectual y material en el caso del acta de libertad de Francisco Tripiana y falsedad intelectual en los casos de las actas de libertad de Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandobal y José Guillermo Berón, en concurso real con el delito de asociación ilícita agravada, y calificando los mimos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario N° 4 de San Rafael.
• GUEVARA MOLINA, Aníbal Alberto (ex teniente del Ejército). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad en 3 hechos y de la imposición de tormentos agravada, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía por 4 hechos, en relación a las desapariciones forzadas de Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandobal y José Guillermo Berón, calificándolos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario N° 3 de Almafuerte.
• LABARTA SANCHEZ, Juan Roberto (ex oficial de la policía de Investigaciones “D 2”). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad en 3 hechos y de la imposición de tormentos agravada, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía en 4 hechos, en relación a las desapariciones forzadas de Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandobal y José Guillermo Berón, calificándolos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario N° 4 de San Rafael.
• RUIZ SOPPE, Raúl Alberto (ex jefe de la Unidad Regional II de la policía de Mendoza). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad en 3 hechos y de la imposición de tormentos agravada, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía en 4 hechos, en relación a las desapariciones forzadas de Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandobal y José Guillermo Berón, calificándolos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario N° 3 de Almafuerte.

SAN LUIS
Causa: N° 526-F-26. “Fiscal s/ Av. Delito”. Tribunal Oral Federal de San Luis.
• Sentencia: 12/03/2009. 
• Condenados:
• FERNÁNDEZ GEZ, Miguel Ángel (ex coronel y ex jefe del Comando 141). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en 4 hechos y por el delito de homicidio doblemente agravado en 3 hechos. 
Cumple condena en prisión domiciliaria.
• OROZCO, Luis Alberto (ex cabo de la policía de San Luis). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en 1 hecho y por el delito de homicidio doblemente agravado en 1 hechos.
Cumple condena en el Servicio Penitenciario de San Luis.
• PÉREZ, Juan Carlos (ex subcomisario de la policía de San Luis). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en 1 hecho y por el delito de homicidio doblemente agravado en 1 hechos.
Cumple condena en el Servicio Penitenciario de San Luis.
• PLA, Carlos Esteban (ex capitán). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en 4 hechos y por el delito de homicidio doblemente agravado en 3 hechos. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, en el Hospital Militar.
• BECERRA, Víctor David (ex comisario de la policía de San Luis). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en 4 hechos y por el delito de homicidio doblemente agravado en 3 hechos. 
Falleció el 14 de mayo de 2009. Cumplía arresto domiciliario.
CHACO
Causa: N° 1169/2009. “CABALLERO, Humberto Lucio y Otros s/Tormento Agravado (art. 144º Ter, 1º y 2º Párrafo del C.P. incorporado por Ley 14.616)”. Tribunal Oral Federal de Resistencia. 
• Sentencia: 13/12/2010. 
• Condenados: 
• ÁLVAREZ, Francisco Orlando (ex policía de Chaco). Condenado a 25 años de prisión por delitos de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 3 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• BETTOLLI, José Tadeo Luis (ex oficial y miembro de la inteligencia del Ejército). Condenado a 25 años de prisión por delitos de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 2 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• BREARD, Enzo (ex policía de Chaco). Condenado a 15 años de prisión por delitos de tormento agravado por la condición de perseguido político en un hecho. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• CABALLERO, Lucio Humberto (ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones). Condenado a 25 años de prisión por delitos de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 14 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• GALARZA, Oscar Alberto (ex policía de Chaco). Condenado a 25 años de prisión por delitos de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 3 hechos. 
Cumple condena en la Prisión Regional del Norte, Chaco.
• GANDOLA, Ramón Andrés (ex policía de Chaco). Condenado a 15 años de prisión por el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 1 hecho. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• MANADER, Gabino (ex policía de Chaco). Condenado a 25 años de prisión por el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 25 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• MARÍN, José (ex policía de Chaco). Condenado a 25 años de prisión por el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 7 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• MEZA, Ramón Esteban (ex policía de Chaco). Condenado a 25 años de prisión por el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 4 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• PATETTA, Luis Alberto (ex militar). Condenado a 25 años de prisión por el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en 2 hechos. 
Cumple condena alojado en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• RODRÍGUEZ VALIENTE, José Francisco (ex policía de Chaco). Condenado a 25 años de prisión por el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima en 15 hechos. 
Se encuentra en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.
• ROLDÁN, Rubén Héctor (ex policía de Chaco). Condenado a 25 años de prisión por el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en 2 hechos. 
Cumple condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco.

CORRIENTES
Causa: N° 50/07. “Ulibarrie, Diego Manuel p/ sup. Privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de personas”. Tribunal Oral Federal de Corrientes.
• Sentencia: 23/11/2009.
• Condenados:
• ULIBARRIE, Diego Manuel (ex comisario de la policía de Corrientes). Condenado a 25 años de prisión por el delito de privación ilegítima de la libertad agravadas en 4 hechos, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por la aplicación de tormentos a un perseguido político en 12 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. 
Causa: N° 276/04. “De Marchi, Juan y otros s/ sup. tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada de personas en concurso real” (ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes). Tribunal Oral Federal de Corrientes. 
• Sentencia: 05/08/2008.
• Condenados:
• BARREIRO, Rafael Julio Manuel (ex coronel). Condenado a Prisión Perpetua por la privación ilegítima de la libertad, seguida de muerte de Rómulo Artieda. También fue hallado autor de la privación ilegítima de la libertad de otras 13 personas. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• DE MARCHI, Juan Carlos (ex capitán). Condenado a 25 años de prisión por asociación ilícita y ser coautores de privación ilegítima de la libertad a un perseguido político en 11. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires. 
• LOSITO, Horacio (ex coronel). Condenado a 25 años de prisión por asociación ilícita y ser coautores de privación ilegítima de la libertad a un perseguido político en 10. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• REYNOSO, Raúl Alfredo (ex comandante de Gendarmería). Condenado a 18 años de prisión por asociación ilícita y por ser coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada por la aplicación de tormentos a un perseguido político en 1 hecho. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario de Jujuy. 
MISIONES
Causa: N° 1-521/06 “Caggiano Tedesco, Carlos Humberto, Beltrametti, Juan Antonio s/ privación ilegítima de la libertad, privación ilegítima de la libertad agravada por torturas, tortura seguida de muerte”. Tribunal Oral Federal de Posadas.
• Sentencia: 16/10/2009.
• Condenados:
• CAGGIANO TEDESCO, Carlos Humberto (ex coronel y ex jefe del Distrito Militar Misiones entre 1976 y 1977). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por aplicación de tormentos en 45 hechos y homicidio calificado en 2 hechos. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
• BELTRAMETTI, Juan Antonio (ex coronel y ex jefe del Distrito Militar Misiones entre 1976 y 1977). Condenado a Prisión Perpetua por delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por imposición de tormentos en 38 hechos y homicidio calificado en 2 hechos. 
Cumple condena en la Prisión Regional del Norte, Chaco.
Causa: Nº 30/09 (1-881/06) “Cuenca José María, Gómez Rubén Alberto, Personal de la Colonia Penal de Candelaria Misiones (u-17) durante los años 1976 a 1983 s/torturas agravadas”. Tribunal Oral Federal de Posadas.
• Sentencia: 30/06/2009.
• Condenados:
• CUENCA, José María (ex oficial penitenciario de Misiones). Condenado a 20 años de prisión por 11 tormentos agravados. 
Cumple condena en Colonia Penal de la Candelaria, Misiones.
GÓMEZ, Rubén Alberto (ex oficial penitenciario de Misiones). Condenado a 23 años de prisión por 18 tormentos agravados. 
Cumple condena en Colonia Penal de la Candelaria, Misiones.

Causa: N° 1-531/04 Nro TOF 15/2008. “Caggiano Tedesco, Carlos Humberto s/ privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos seguidos de muerte en concurso real”. Tribunal Oral Federal de Posadas. 
• Sentencia: 03/07/2008
• Condenados:
• CAGGIANO TEDESCO, Carlos Humberto (ex coronel y ex jefe del Distrito Militar Misiones entre 1976 y 1977). Condenado a 25 años de prisión por la desaparición y posterior asesinato del ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, el ingeniero correntino Alfredo González, ocurrido el 4 de marzo de 1978. 
Cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

FORMOSA
Causa: “Colombo, Juan Carlos s/ asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de persona” (desprendimiento de la causa N° 200/06 “Carrillo Fausto Augusto…” del Juzgado Federal N°1 de Formosa). Tribunal Oral Federal de Formosa.
• Sentencia: 01/10/2009.
• Condenados:
• COLOMBO, Juan Carlos (ex general). Condenado a 25 años de prisión por el delito de asociación ilícita; de privación ilegitima de la libertad agravada por la aplicación de tormentos en hechos y coautor mediato del delito de tormento seguido de muerte en 2 hechos, todos los delitos considerados como de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
NEUQUÉN
Causa: N° 8736/2005. “Fiscal s/ Av. Delito” (“La Escuelita” de Neuquén). Tribunal Oral Federal de Neuquén.
• Sentencia: 18/12/2008.
• Condenados:
• SOSA, Hilarión de la Paz (ex médico militar). Condenado a 20 años de prisión por delitos de privación ilegal de libertad doblemente agravada; aplicación de tormentos agravados, calificados todos como delitos de lesa humanidad.
Cumple condena en arresto domiciliario.
• FARÍAS BARRERA, Luis Alberto (ex mayor del Ejército). Condenado a 22 años de prisión por delitos de privación ilegal de libertad doblemente agravada; aplicación de tormentos agravados; autor de violación de domicilio y robo; calificados todos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• GÓMEZ ARENAS, Mario Alberto (ex teniente coronel). Condenado a 25 años de prisión por delitos de los delitos de privación ilegal de libertad doblemente agravada; aplicación de tormentos agravada; violación de domicilio y robo; todos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• MOLINA EZCURRA, Jorge Eduardo (ex capitán). Condenado a 21 años de prisión por delitos de privación ilegal de libertad doblemente agravada; aplicación de tormentos agravada; participe necesario de violación de domicilio y robo; calificados todos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires.
• OLEA, Enrique Braulio (ex general de brigada). Condenado a 25 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada; aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravada; calificados todos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• OVIEDO, Julio Francisco (ex suboficial de Inteligencia del Ejército). Condenado a 7 años de prisión por delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el uso de violencia y duración por más de un mes en 1 hecho; calificados todos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• REINHOLD, Oscar Lorenzo (ex teniente coronel). Condenado a 25 años de prisión por delitos de privación ilegal de libertad doblemente agravada; aplicación de tormentos agravados; violación de domicilio y robo; calificados todos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en arresto domiciliario.
• SAN MARTÍN, Sergio Adolfo (ex capitán). Condenado a 21 años de prisión por delitos de privación ilegal de libertad doblemente agravada; aplicación de tormentos agravada; participe necesario de violación de domicilio y robo; calificados todos como delitos de lesa humanidad. 
Cumple condena en la Unidad 34 Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Confirman que los delitos de lesa humanidad cometidos son imprescriptibles

La Cámara Federal confirmó que las violaciones a los derechos humanos, cometidas en el centro clandestino de detención conocido como "Mansión Seré", son delitos de lesa humanidad, y por ende imprescriptibles, al rechazar el planteo de un represor que pretendía que se declare extinguida la acción penal.

 

La resolución alcanzó a Daniel Alfredo Scali, cuya defensa interpuso una "excepción de falta de acción por prescripción" que el juez federal Daniel Rafecas rechazó "in limine" (sin trámite) en una resolución ahora confirmada por los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah, con la intervención del secretario Sebastián Casanello.
Los magistrados citaron abundante doctrina de tribunales superiores según la cual “si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el juez deberá rechazarlo sin más trámite”, tal como ocurrió con el planteo del represor Scali, quien se encuentra procesado con prisión preventiva.
En octubre de 2009, Rafecas procesó a Scali junto a Carlos Alfredo Cámara, Marcelo Barberis, Héctor Seisdedos, Felipe Sosa, Alberto Lanas, Néstor Oubiña, Hipólito Rafael Mariano, César Miguel Comes y Miguel Angel Ossés por secuestros y torturas cometidos en ese centro clandestino de detención.
Aquel fallo de Rafecas abarca el circuito de la Subzona 16, que tuvo como eje la Mansión Seré, una casona que fue incendiada y demolida por los propios represores luego de que el 24 de marzo de 1978, lograran fugarse Claudio Tamburrini y otros tres prisioneros secuestrados en el lugar.
Esta investigación se inscribe en el marco de la "megacausa" por los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército que se reactivó tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.

fuente DIARIO REGISTRADO

Escribir comentario

Comentarios: 0

La Corte decidirá si archiva o reabre la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero

La Cámara Nacional de Casación aceptó los recursos extraordinarios de la querella y la Fiscalía contra el fallo que archivó el expediente. La Corte Suprema deberá resolver si debido al tiempo transcurrido ya prescribió "la acción penal" de la explosión, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, durante la cual murieron siete personas.

 

Aunque para el entonces presidente Carlos Menem se trató de un "accidente", la querella sostiene que se trató de un hecho doloso para entorpecer la investigación acerca de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La explosión, que además de 7 muertos, provocó cientos de heridos y multimillonarios daños materiales en los inmuebles de la ciudad.

El 5 de noviembre último la Sala II del máximo tribunal penal de la Nación anuló, por mayoría, un fallo de la Cámara Federal de Córdoba que había rechazado un planteo de prescripción de la causa y le ordenó que pronunciara nuevamente acerca de la posible extinción de la acción penal por prescripción, solicitado por dos de los imputados, los ex militares Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto. Cornejo Torino y Gatto afirmaron que, desde que fueron indagados en 1996, transcurrieron más de 12 años "el máximo de la pena que podrían recibir", sin que se realizaran actos procesales que hayan interrumpido el plazo de prescripción.

 

Fuente: Página 12

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

La Corte rechazó tres planteos de los Noble en la causa sobre su identidad

Los abogados habían presentado recursos extraordinarios para llegar directamente a la máxima instancia judicial. Ahora deberán hacerlo ante la jueza Arroyo Salgado, quien lleva adelante el caso. Las leyes seguirán vigentes.
 

La Corte Suprema rechazó un planteo de los abogados de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera que apuntaba a declarar la inconstitucionalidad de las leyes que autorizaron la extracción compulsiva de sangre para determinar la identidad de presuntos hijos de desaparecidos. También desistió de entender en un planteo sobre la presunta falta de imparcialidad del Banco de Datos Genéticos a partir de su traspaso a la órbita del Poder Ejecutivo, y rechazó un habeas corpus que buscaba evitar que se abrieran causas en otros juzgados para determinar la identidad de los jóvenes.     
El máximo tribunal, con las firmas de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y la de los ministros Elena Highton, Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y consideró que las cuestiones planteadas no habilitaban la intervención de la Corte. 
Con todo, el propio tribunal se encargó de aclarar que no se trata de un aval a la decisión de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, de ordenar la toma forzosa de material genético de ambos jóvenes. De hecho, esa decisión nunca se llevó a cabo porque los abogados de los Noble Herrera la apelaron e iniciaron así un largo recorrido judicial que terminará finalmente en la Corte Suprema, algo que demorará probablemente más de un año. “Las decisiones adoptadas por la Corte no interfieren respecto de las nuevas medidas probatorias ordenadas por la jueza Arroyo Salgado en diciembre de 2010, las cuales han sido objeto de impugnación por los hermanos Noble Herrera”, explicó el tribunal en un comunicado.
Los abogados Roxana Piña y Alejandro Carrió, representantes de los hermanos, plantearon una acción declarativa de inconstitucionalidad contra las leyes 26.548 y 26.549. La primera dispuso que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) “funcionará como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva”. La segunda modificó el Código Procesal Penal introduciendo el artículo 218 bis, según  el cual “el juez podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN), del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación... Para tales fines serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención.”
Pero el planteo no fue realizado en el expediente en el que se investigan las identidades biológicas de los Noble Herrera sino en una causa separada, desvinculada del expediente principal. La Corte declaró como “inadmisible” el recurso y, tácitamente, indicó a los abogados que debían formular el pedido ante la jueza Arroyo Salgado. Es decir, no se pronunciaron sobre si es constitucionalmente válido –o no– el procedimiento de extracción compulsiva. Pero, entretanto, la ley está vigente.
Cierto es que la Corte, en dos casos anteriores (Vázquez Ferrá y Prieto) rechazó las prácticas invasivas del cuerpo humano para obtener pruebas y avaló, en cambio, el secuestro de cabellos o fluidos corporales impregnados en prendas de vestir personales. Pero esa postura fue previa a la sanción de las nuevas leyes que consagraron la extracción compulsiva. Allí persiste el interrogante sobre qué hará el tribunal cuando le llegue la hora de decidir.
La Corte tampoco se pronunció sobre otro planteo: la presunta falta de imparcialidad y la afectación de la garantía del debido proceso, que según los apoderados de los Noble Herrera se produjo por el traspaso del BNDG desde el Hospital Durand a la órbita del Poder Ejecutivo, que es querellante en causas por violaciones a los Derechos Humanos.
El tribunal rechazó también un habeas corpus presentado por los abogados de los hermanos que procuraba “evitar que se iniciaran nuevas causas en otros juzgados con el fin de determinar si los nombrados eran hijos de desaparecidos”. Planteado así, se asemeja mucho a una remake del “punto final” que durante el gobierno de Raúl Alfonsín intentó poner un límite a nuevas acciones en los tribunales en la búsqueda de verdad y justicia. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni consideraron como “inadmisible” también ese planteo preventivo no contemplado en la legislación argentina. 

 

Fuente: Tiempo Argentino.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Represor en el banquillo

En agosto de 1975, a los 17 años, Faingold estuvo en cautiverio y fue torturada en el D2 de la policía mendocina. Ayer, ante el jury del Consejo de la Magistratura, dijo que el juez Luis Miret la visitó, la interrogó y luego la dejó en manos de los represores.

 

Luz Faingold conoció a Luis Miret en agosto de 1975, durante la experiencia más terrorífica de su vida. Ella tenía 17 años y estaba en cautiverio con otras diez personas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, donde había sido torturada y violada. El la visitó como juez federal subrogante, supo por el novio de Faingold que la adolescente pedía por favor que dejaran de ultrajarla, pero la dejó varios días más en manos de los torturadores. Ayer, luego de soportar durante 35 años que el hombre siguiera en carrera como un juez honorable, Faingold relató por primera vez sus padecimientos ante el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que analiza la conducta de Miret, suspendido en su función de juez de la Cámara Federal de Mendoza y acusado de haber colaborado con la represión ilegal durante la dictadura.

“Yo estaba en muy mal estado, lo único que recuerdo es a Miret gritándome, tratando de encontrar algo en mi contra. Me preguntó por mis apuntes de la escuela”, recordó Faingold ante el jury que debe resolver si destituye o mantiene en su cargo al juez. La testigo de 52 años recordó que Miret le pareció “un nazi”. “No preguntó de dónde venía, qué me había pasado ni dijo que podía tener abogado defensor o negarme a declarar”, aseguró. “Mi apellido es judío y me sentí más discriminada aún por eso, que parecía terrible”, agregó en presencia de Miret, que por momentos intentó abandonar el rol de quien es sometido a un juicio político para convertirse en interrogador de la víctima.

Faingold cursaba el último año del colegio secundario e integraba una agrupación. Sus militantes fueron detenidos por los subordinados del brigadier Julio Santucchione, cara visible del terrorismo de Estado en Mendoza en los meses previos al golpe de marzo de 1976. Miret interrogó a los presos en el D2 y luego en los tribunales. “Me preguntó por mis apuntes. Yo tenía matemáticas y astronomía, nos habían pedido que todo lo que viéramos en la prensa relacionado con astronomía lo pegáramos en la carpeta y lo último que tenía era la copia del Apolo y del Soyuz (NdR: Naves espaciales estadounidense y rusa). Miret me preguntó ‘qué es este artículo del diario’, porque la Soyuz era soviética. Fue lo único que pudo encontrar que tuviera que ver con la izquierda”, recordó Faingold y despertó sonrisas en el tribunal.

Luego de los ocho días de cautiverio en el D2 y pese a que los padres habían pedido su restitución, Faingold fue trasladada a un instituto de mujeres de Mendoza. “Mucho después supimos que fue porque mis padres estaban divorciados o algún argumento de ese estilo”, dijo ayer. Durante el encuentro en tribunales, “Miret me gritaba, me trataba de subversiva”, recordó la sobreviviente. “Caminaba por una especie de estrado y gritaba”, dijo, y miró al ex juez. “Sí, usted caminaba, yo lo vi, estaba muy asustada, había pasado el peor momento de mi vida”, contestó cuando Miret preguntó de manera directa y pidió que describiera su despacho.

Faingold también recordó su violación, la semana que pasó sin comer y sin ir al baño y la visita de “alguien de traje” que abrió la puerta de su celda y la cerró de golpe cuando ella se le abalanzó pensando que iban a liberarla. “Después de 35 años supe por una foto que era el fiscal (Otilio Roque) Romano”, dijo en alusión al actual camarista, imputado por los mismos delitos, que logró postergar su jury de enjuiciamiento.

En segundo turno declaró Luz Agustina Casenave, la madre de Luz Faingold. La mujer de 80 años relató que junto con su marido y gracias a un conocido pudieron colarse en la audiencia de indagatoria a su hija. “Di un golpe a la puerta y cuando abrieron irrumpí en la pieza, estaba el señor Miret haciéndole la entrevista a mi hija, sin abogado ni nadie presente. Ella era menor de edad, le dije ‘señor, usted está cometiendo un delito porque la ley dice que debe tomarle declaración con los padres presentes, un tutor o abogado’. Me quiso retirar con cierta violencia, pero insistí y me quedé. Ahí lo conocí”, recordó.

“Mi hija estaba aterrada, apabullada, desesperada, y él buscaba algún delito, le faltaba una acusación”, dijo la madre, que luego relató el exilio en Francia. “Ella declaró sin ayuda legal de ningún tipo”, insistió la mujer cuando Miret pidió que le mostraran el acta de la declaración, firmada por Luz, sus padres y un abogado. La testigo explicó que el padre y el letrado llegaron más tarde, cuando la declaración ya había concluido. “Le solicité la restitución, salió, habló con otra persona, dijo que no y la mandó al instituto”, de donde fue liberada tras gestiones de su familia ante el Ministerio de Justicia de la Nación.

 

Fuente: Pagina 12

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

El 4 de agosto de 1976, luego de ser torturada en la Comisaría 5ª de La Plata y en el centro clandestino El Vesubio, Analía Magliaro fue trasladada a Mar del Plata en un avión del Ejército. El oficial que debía entregarla a la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, capitán Eduardo Berazay, exigió y obtuvo un recibo, que firmó el capitán Fortunato Valentín Rezett. Cuando Berazay relató la historia en el juicio a los ex jefes de área porteños, en 2009, el fiscal federal Félix Crous pidió su imputación por el homicidio de Magliaro, en un enfrentamiento fraguado. El coronel retirado Rezett fue procesado en febrero de 2010, la Cámara Federal confirmó el fallo en abril y mañana comenzará a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, que integran Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava.

Berazay, miembro de la Compañía de Policía Militar 101, relató que retiró a Magliaro de la Comisaría 34ª porteña y la trasladó en un camión rumbo a aeroparque. El avión aterrizó en la pista de la agrupación que comandaba el condenado coronel Pedro Barda. Ante el extraño pedido de Berazay, Rezett consultó a un superior y firmó un recibo con su nombre y la aclaración “Cap S2 AGR ADA 601”, es decir su grado (capitán), la sigla de la sección inteligencia (S2) y el destino. Durante su indagatoria, Rezett reconoció su firma, dijo que consultó “al teniente coronel Costa”, quien “le ordenó realizar dicho certificado y firmar él mismo”. A partir de mañana a las 9 podrá ejercer su defensa en un juicio oral y público.

 

Fuente: Página 12

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

El juicio por los obreros de Astarsa

Al finalizar el juicio a Luis Abelardo Patti, comenzará en San Martín el proceso a los responsables de la desaparición de un grupo de trabajadores del astillero que encabezaba las luchas sindicales. El mismo día del golpe militar devastaron el cuerpo de delegados.

La consigna del cartel resumía en 1973 lo que estaba detrás de esa huelga que se abría paso entre los navieros de Astarsa, y que en horas se convertía en huelga general entre los astilleros. “Queremos un astillero, no un matadero”, habían colocado en la fábrica los obreros, indignados por una nueva muerte entre sus compañeros. La historia de la fábrica desde donde secuestraron a 60 operarios la mañana del 24 de marzo de 1976 comenzará a ventilarse en San Martín, cuando concluya el juicio oral a Luis Abelardo Patti. Pese a que aún no hay fechas precisas, la querella prevé el juicio para mitad de año. La elevación no incluye toda la causa sino una primera parte por un grupo de obreros que permanece desaparecido. Como no son parte del grupo que secuestraron en la fábrica, el juicio no permitirá avanzar sobre uno de los factores sobre los que sí se espera poder ir adelante en la segunda parte, que es la responsabilidad de la burocracia sindical y de los empresarios sospechados de haber entregado los listados de la comisión interna y de los obreros más combativos a la dictadura.

“Los navales fueron un gremio muy combativo en la zona norte”, indica a Página/12 Adriana Taboada, de la Comisión Zona Norte. “El eje represivo en esta zona siguió la línea de organización obrera porque había un grado de participación y de organización muy importante: en el caso de los navales, el gremio estaba copado por sectores del vandorismo y en los ‘70 surgieron compañeros que les disputaron la dirigencia sindical; en el caso de Astarsa, aunque no siempre fue así, el núcleo fuerte venía de la JTP.”

La Comisión Zona Norte es el grupo de organismos de derechos humanos y militantes viejos y nuevos que impulsa la causa, y pasa días buscando a víctimas, a viudas de esos obreros, compañeros de la fábrica, colimbas de Campo de Mayo que pueden acercar datos no sólo para ese expediente sino para otras decenas de causas sin sobrevivientes que, paradójicamente, necesitan de testigos para poder ir adelante.

En la madrugada del 23 al 24 de marzo de cada año, la Comisión vuelve a donde vuelven muchos de esos navieros: la plaza Canal, a media cuadra de la estación Carupá de la línea Mitre, en el límite entre San Fernando y Tigre, sobre la Ruta 197, donde llegaban los obreros de Astarsa para hacer las diez cuadras que separaban la estación de la fábrica. “Es un lugar histórico porque ahí se hicieron asambleas obreras de 3500 trabajadores y, en la década del ’70, las ollas populares de los días de huelga.”

A comienzos de 1976, los obreros de la naviera llevaban tres años manteniendo el control obrero de la fábrica: Astarsa era uno de los astilleros más importantes, con 1500 trabajadores de los cuales 700 eran navieros y 800 metalúrgicos. En 1973, el proceso comenzó con la muerte de José María Alessio. Hasta ese momento, el trabajo parecía convertirse en una condena a muerte: trabajan doce horas por reglamento y sabían que con la fabricación de cada barco, durante catorce meses de trabajo, uno o dos compañeros se moría. Aquella muerte disparó la huelga, en medio de un proceso que venía creciendo por abajo, entre otras cosas a partir de la llegada a la escuela de oficios de la fábrica de una camada de jóvenes, cercanos o que comenzaron a estar próximos a la Juventud Sindical de Montoneros. Tras la huelga, tomaron el control de la Comisión de Seguridad e Higiene, y en los siguientes tres años no hubo muertos. Pasaron a trabajar 6 horas 45 minutos, y se movilizaron y consiguieron la liberación de muchos de ellos en 1975, cuando un grupo de trabajadores fue secuestrado y torturado por grupos paramilitares.

Luis Benencio es un testigo histórico de la causa, porque estuvo a cargo de esa Comisión de Seguridad: “Nosotros no estábamos ahí el día del golpe, pero teníamos compañeros adentro”, dice a Página/12. “Estábamos avisados desde antes, muchos de los activistas veníamos levantados y bancados por la organización, o sea que hacíamos el trabajo desde afuera.” Hacia adentro y a esa altura habían armado una agrupación no visible: “De este modo supimos y conocimos lo que pasó con las listas”.

A las 6.30, entonces, tres camiones entraron a la fábrica. Hubo helicópteros sobrevolando el cielo, carros de asalto y tanques custodiando el operativo en tierra. “Empezaron a pedir documentos a todos los que llegaban y entraban; tan claro estaba que esas listas se las habían proveído de la patronal –dice Benencio– que en un momento había dos compañeros de apellido Sosa, y cuando detienen a un Sosa y lo suben arriba del camión, uno de los de abajo de la patronal les dice: ‘¡Ese Sosa no es!’”

Hubo 60 secuestrados ese día; pero además otro tanto en Mestrina, que era otra de las navieras de la zona que había seguido el mismo proceso. La mayoría pasó por la comisaría de Tigre, una parte fue liberada y otra siguió a Campo de Mayo. Existe el caso de un obrero de apellido Villalba, cuya hija supo a través de un preso que estaba en el destacamento de Garín, un caso por el que puede llegar a estar imputado Patti nuevamente. Cuando fueron a buscarlo, el destacamento lo negó y dos días más tarde apareció muerto en un arroyo. Entre Astarsa y Mestrina hay 30 obreros navieros desaparecidos.

El juicio oral avanzará ahora sólo sobre algunos casos. Ninguno de esta primera parte corresponde a los secuestrados del 24 de marzo sino a obreros que fueron secuestrados días después: “Este es uno de los subcasos de una causa principal que es la de Campo de Mayo”, explica Pablo Llonto, abogado querellante. “El tema es que se van elevando a juicio pedacitos de esa megacausa, con algunos obreros y algunos responsables, y eso hace a la enorme dificultad que tenemos con los juicios orales con pocas víctimas y pocos acusados; mientras tanto continúa la investigación sobre las restantes víctimas y acusados, como la probable complicidad de algún miembro de la fábrica.”

Entre los accionistas principales estaban los Braun Menéndez: “No se entiende la represión en Astarsa –dice Luis–, si no se entiende qué fue el control obrero de las condiciones de trabajo: nosotros decíamos qué era salubre y qué insalubre en cada lugar, lo mismo sucedió en Mestrina y así durante tres años que siguieron, y eso que es un tema que siempre fue vendido y entregado por la burocracia sindical”.

El Sindicato de Obreros de la Industrial Naval estaba manejado por grupos operativos de la CNU y del CdO lopezrreguista. Una de las caras visibles era Jorge Rampoldi, a quien Luis viene siguiéndole el paso desde entonces. Lo denunció en Italia en el juicio a Carlos Suárez Mason. Para entonces, Rampoldi era viceministro de Trabajo de Carlos Ruckauf. Rampoldi negó sus vínculos con Astarsa y la CNU, pero Luis insistió explicando que llegó a la fábrica cuando la empresa buscó colar sectores de la derecha en los espacios donde los obreros eran poderosos, como el sector de personal. Rampoldi frecuentó hasta 2006 el sindicato Uatre, el gremio de Gerónimo “Momo” Venegas.

 

Fuente: Página 12

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Buenos Aires, 15 de febrero de 2011 | Satisfacción por la decisión de la Corte en el caso Noble

Abuelas de Plaza de Mayo comunica su satisfacción con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocidos en el día de hoy.

El máximo Tribunal rechazó tres planteos efectuados por los abogados que actúan en nombre de Marcela y Felipe Noble Herrera, dirigidos a entorpecer la investigación que busca esclarecer si ellos son hijos de desaparecidos.

Puntualmente, en estos planteos requerían que se declarase inconstitucional la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos y la que regula la obtención de ADN (leyes 26.548 y 26.549), así como que se ordenara a la jueza Sandra Arroyo Salgado que se abstenga de dictar cualquier medida que implique obtener ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera contra su voluntad. La Corte también rechazo un planteo contra dos estudios que habían sido ordenados por el anterior juez de la causa, Conrado Bergesio.

La decisión de la Corte se conoce justo en momentos en que la causa judicial está a estudio de la Cámara de Apelaciones de San Martín, para que este Tribunal se expida sobre la orden de análisis de ADN obligatorio dictada por Arroyo Salgado en diciembre de 2010. Abuelas de Plaza de Mayo espera que la Cámara confirme la realización del análisis de ADN para que finalmente se sepa si Marcela y Felipe Noble Herrera son alguno de los cientos de niños desaparecidos que las Abuelas buscamos incansablemente desde la dictadura militar.

 

Fuente: http://www.abuelas.org.ar/

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

"A los que tienen dudas les diría que vayan para adelante" Sebastián José Casado Tasca

"Me enteré a los 20 o 21 años que era adoptado, pero no sospechaba que podía ser hijo de desaparecidos. Yo ya conocía la existencia de Abuelas y su búsqueda, pero estaba fuera de mi círculo. Sin embargo, un año y medio antes de conocer mi identidad, empecé a buscar realmente si podía ser uno de sus nietos".

Sebastián José Casado Tasca confirmó, en febrero de 2006, por medio del análisis de ADN, que era hijo de Adriana y Gaspar, ambos desaparecidos en 1977. Tiempo antes se había acercado a las Abuelas a raíz de una causa judicial en donde se lo mencionaba como posible hijo de desaparecidos.

"No se cuál fue el detonante de la búsqueda, pero cuando surge la duda es inevitable que pase algo, es bastante complicado tener dudas y no hacer nada. El tema es que surja la duda, vencer la barrera y darle bola a esa duda. Después, de una manera u otra, querés saber cómo es tu historia".

"Es muy difícil el tema de la identidad, yo le diría a todos los que tienen dudas que vayan para adelante, que descubrir la verdad es el único camino. Los chicos que saben que son adoptados y que pueden llegar a tener una sospecha, que traten de averiguar la verdad".

 

Fuente: http://www.abuelas.org.ar/

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

EL GENOCIDA JUAN ANTONIO ZACCARÍA PROCURA EVADIR EL INEVITABLE JUICIO ORAL Y PÚBLICO.

Los querellantes en la causa conocida como “Hospital Militar”, Agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, representados por los abogados María Florencia Amore, Álvaro Piérola y Marcelo Baridón  presentaron hoy ante el Tribunal Oral Federal local el rechazo a la solicitud de la suspensión del juicio propuesta por la defensa del Genocida JUAN ANTONIO ZACCARÍA.

 

Los mismos sostienen en su memorial que “ZACCARIA se encuentra ubicado en tiempo y espacio y comprende que se encuentra sometido a una causa penal”. Una vez más estamos ante una estrategia defensista dilatoria utilizada por la mayoría de los genocidas de todo el país  involucrados en delitos de lesa humanidad.

 

Juan Antonio ZACCARIA procesado en la causa conocida como Hospital Militar era en el momento de los hechos Jefe de Terapia Intensiva de dicho nosocomio donde fueron alojados los hijos mellizos de Raquel Negro, hoy desaparecida, quien se encontraba en cautiverio y dio a luz en dicha institución.

 

La prueba recabada en los expedientes indica a ZACCARÍA como uno de los principales responsables de tan aberrantes hechos. A unos meses de celebrarse la audiencia del Juicio Oral y Público, pretende evadirlo argumentando patologías psiquiátricas sin ningún tipo de sustento probatorio.

 

Es importante destacar que en el marco de la investigación de esta causa se encontró y logró restituir la identidad de uno de los mellizos, quien hoy es Sabrina Gullino, desconociéndose aún el paradero del otro mellizo.

 

JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES

 

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

 

¡¡¡PRESENTES!!!

 

Comunicado de Prensa

 

H.I.J.O.S.

Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

                                                            Regional Paraná

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

Brasil investigará la participación de sus militares en el Plan Cóndor

La ministra de Derechos Humanos de ese país destacó que la Argentina es “un ejemplo a emular”, y que el encuentro de Dilma Rousseff con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en su reciente visita “fue algo maravilloso”.
 

La ministra de Derechos Humanos de Brasil, Maria do Rosario, anunció ayer que, por primera vez en el país, el Estado investigará el rol jugado por la dictadura (1964-1985) en el Plan Cóndor de coordinación represiva entre los gobiernos militares del Como Sur. “Es esencial que se esclarezcan las circunstancias del plan terrorista estatal y tomen estado público las conexiones de las dictaduras sudamericanas”,en el macabro plan de detenciones, torturas, asesinatos y desaparición de personas, dijo la ministra en una entrevista con la agencia Ansa. 

Las acciones conjuntas de los regímenes de facto del Cono Sur  “deben ser de conocimiento de los brasileños, argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, todo el continente debe estar unido y hermanado en la construcción de la democracia y la búsqueda de la verdad y de la justicia”, agregó Do Rosario, quien destacó que la política de Derechos Humanos de la Argentina es “un ejemplo a emular por todos los gobiernos democráticos” de la región y del mundo.

La ministra señaló que la presidenta Dilma Rousseff, ex militante de una organización guerrillera que combatió al régimen y fue detenida y torturada durante tres años, tiene un “compromiso especial” con las investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos. Durante el Plan Cóndor, creado en noviembre de 1975 por las dictaduras de la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay Chile, militantes argentinos y uruguayos fueron presos y desaparecidos en Brasil, así como activistas brasileños corrieron la misma suerte en la Argentina.

Organismos militares y de inteligencia de Brasil y la Argentina ya habían coordinado acciones terroristas antes de 1975. Así ocurrió con la desaparición del argentino Ernesto Gurría, ocurrida en 1974 en el sur de Brasil. Durante la reciente visita de Rousseff a Buenos Aires –en la que mantuvo un encuentro con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo– los familiares de Gurría le pidieron que se investigara el hecho y se identificara a los responsables. Esa reu-nión de Rousseff con las Madres y las Abuelas “fue algo maravilloso, porque Dilma tiene un compromiso con el derecho a la verdad como elemento para fortalecer la democracia”, destacó la ministra.

Otro episodio aún no esclarecido es el de la muerte en territorio argentino, en diciembre de 1976, del ex presidente constitucional brasileño João Goulart. “La presidenta tiene que cumplir con su trayectoria y empeñarse en aclarar exactamente cómo fue que la red del Cóndor, que allí contó con ayuda de la Argentina y los Estados Unidos, mató a mi padre”, había dicho el mes pasado João Vicente, el hijo mayor del ex mandatario. Cuando se la consultó sobre el caso Goulart y el de otros desaparecidos, Do Rosario señaló que una de las prioridades del nuevo gobierno es la creación de una Comisión de la Verdad que se encargará de investigar los crímenes de la dictadura.

“Tenemos que ir al encuentro del período más difícil de nuestra historia, que fue el de la dictadura para ganarnos el derecho a la verdad y la memoria, no como una actitud de revancha sino como un derecho de todos los brasileños a conocer su historia”, dijo la ministra. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por no haber investigado los casos de desaparición y mantener vigente la Ley de Amnistía sancionada en 1979 por el dictador Joao Baptista Figueiredo. 

“En Brasil, la transición (hacia la democracia) fue así, tranquila y sin esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos, a nosotros, como militantes de izquierda, nos hubiese gustado que tuviéramos respuestas como las que dio la Argentina”, donde los represores fueron juzgados y condenados, “pero aquí tenemos otra trayectoria” dijo Do Rosario con un cierto dejo de resignación. Luego mencionó la “agilización” en la búsqueda de cuerpos de desaparecidos. Rou-sseff creó un grupo especial para trabajar en la identificación de restos hallados en San Pablo. 

A partir de hoy, la Policía Federal y el Instituto Médico Legal de San Pablo comenzarán a trabajar en un centro de investigaciones montado para analizar los huesos encontrados en dos cementerios de la región paulista. <

 

Fuente: Tiempo Argentino

Escribir comentario

Comentarios: 0

"La última búsqueda fue una tomada de pelo"

Rubén López, hijo del hombre desaparecido hace cuatro años tras haber declarado en el caso del represor Miguel Etchecolatz, aseguró que "estamos con mucha bronca y muy dolidos porque creemos que en la última búsqueda no sólo a la familia, sino la Justicia y al Estado se le ha tomado el pelo". La familia de López presentó ante la Justicia un pedido de "comparendo compulsivo" para que el testigo que dijo que el albañil estaba enterrado en la estación de trenes del Parque Pereyra Iraola sea llevado por la fuerza pública a ampliar su declaración.

"Nos da mucha bronca y dolor que este abogado haya presentado este supuesto testigo de identidad encubierta, porque mas allá de saber que esto era poco fehaciente desde el primer día, teníamos la esperanza de que realmente fuera la última búsqueda, es decir el principio del final", señaló López al encabezar una conferencia de prensa.

La búsqueda de Jorge Julio López se había reactivado los últimos quince días, tras la aparición de un testigo de identidad reservada que reveló que alguien le había dicho que en una zona del parque Pereyra Iraola, en el partido de Berazategui, se encontraba el cuerpo del testigo del caso Etchecolatz.

Al respecto, Rubén señaló que "hemos pedido un comparendo compulsivo, es decir que lo traigan de los pelos a prestar su testimonio y que diga de dónde sacó los dichos, cuál fue su intención, porque realmente lo único que ha hecho fue hacer mucho daño a la familia más allá que los gastos ocasionados al Estado por toda la movilización que se realizó desde un primer momento".

"En realidad a esta persona se la ha citado dos veces, pero como no se ha presentado, la semana pasada nosotros presentamos este comparendo para que se lo traiga como corresponde y aclare esta situación en la cual nos ha metido, no sólo a la familia sino a todos", agregó.

Por otra parte, sobre las intenciones de cobrar la recompensa que puso el gobierno provincial a quien aporte datos que permitan dan con el paradero de López, Rubén señaló que "este abogado cuando firma esta declaración que hace y la presenta en la Justicia también quiere cobrar la recompensa, como le correspondería si el dato es real y cierto. En este caso no lo es, por ello esperamos que la justicia actúe en consecuencia".

 

Fuente: Página 12.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0

SOBRESEIMIENTOS A REPRESORES EN LA RIOJA

El condenado Luciano Menéndez es el único responsable por los secuestros y torturas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, el principal centro clandestino provincial durante la dictadura. La cadena de mandos que estaba debajo del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército es inocente, desde los interrogadores hasta el juez federal Roberto Catalán, que recibía declaraciones a personas vendadas y las dejaba en cautiverio, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que diagnosticaba cuánto se podía torturar sin matar. El particular criterio, que contraría toda la jurisprudencia aplicada por tribunales argentinos a partir del juicio a los ex comandantes, pertenece al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que acaba de dictar faltas de mérito y sobreseimientos en masa a los represores riojanos y fue denunciado ayer por la Unidad Fiscal abocada a las causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. Las medidas ya fueron apeladas por el fiscal federal Darío Illanes y deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Córdoba.

La Cámara Federal porteña sostuvo en 1985 que “las circunstancias de vida ultrajantes” en los centros clandestinos “constituyen en sí un horroroso tormento”. En su pedido de detenciones de noviembre de 2009 el fiscal Illanes detalló delitos y pruebas y relató las condiciones de cautiverio en el IPS: detenidos vendados e incomunicados evacuaban sus necesidades en un tarro dentro de la celda, recibían golpizas constantes y varias veces por semana eran trasladados a un galpón denominado “Luna Park”, donde los torturaban con picana. Herrera Piedrabuena, sin embargo, desvinculó de la causa a todos los mandos intermedios que dependían de Menéndez. El argumento: el tormento es un delito “de mano propia”, que sólo comete quien inflinge el dolor. Ya en junio del año pasado había adoptado un criterio similar al dictar faltas de mérito a favor de Juan Carlos “La Bruja” Romero, Eriberto Goenaga y Renardo Sánchez, quienes según la acusación fiscal daban las órdenes directas para que se torturara a los presos políticos en el IPS y a los gendarmes y agentes penitenciarios que los mantenían en cautiverio.

“El fallo va a contramano de la jurisprudencia en estas causas de todas las demás jurisdicciones del país, al tergiversar el entendimiento de la forma en la que operaba el aparato represivo”, explicó en un comunicado la unidad fiscal que conducen Pablo Parenti y el fiscal general Jorge Auat. “Herrera Piedrabuena parece explicar los crímenes contra la humanidad en La Rioja como la consecuencia de actos aislados de un grupo de gendarmes y empleados del Servicio Penitenciario Federal, que decidieron por su cuenta torturar a algunos detenidos en el IRS sin que sus superiores tuvieran responsabilidad. Se trata de una lamentable descontextualización y tergiversación del fenómeno represivo”, denunciaron.

El juez sostuvo en su resolución que los detenidos no estaban privados ilegítimamente de la libertad sino a disposición del Poder Ejecutivo o sometidos a proceso por la tristemente célebre ley 20.840, que reprimía “delitos subversivos”. “Se trata de burdos intentos frustrados de ocultar una acción criminal, de privaciones ilegítimas de la libertad dispuestas y mantenidas por funcionarios públicos”, explicaron desde la Procuración.

La verticalidad del aparato represivo que le permite a Herrera Piedrabuena sobreseer a todos los represores excepto al jefe también les garantiza, incluso a Menéndez, quedar por fuera de la figura de asociación ilícita, que demanda “cierta horizontalidad”, explicó el juez. Para el riojano ni siquiera existió el delito de violación de domicilio al momento de los secuestros, porque “los moradores consintieron la realización del acto” y eran “facultades propias del personal policial”, argumentos “sencillamente extravagantes”, concluye la Unidad Fiscal.

Fuente: PÁGINA 12

Escribir comentario

Comentarios: 0

Genocidas de Automotores Orletti

Cinco represores están siendo juzgados por los delitos cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", que estaba ubicado en el barrio porteño de Floresta, y fue parte del "Plan Cóndor".
El juicio es oral y público: todos y todas podemos ir (llevar DNI o cédula). Se desarrolla en los Tribunales de Av. Comodoro Py 2002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podés ver el cronograma de audiencias en www.hijos-capital.org.ar
Para ver más información sobre el juicio: www.cels.org.ar/wpblogs/orletti
Los delitos que se investigan en esta causa son las privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos de 65 víctimas.

Las víctimas cuyos casos integran este juicio son:

Alicia Raquel Cadenas Ravela
Álvaro Nores Montedónico
Ana Inés Quadros
Ana María del Carmen Pérez
Ana María Salvo Sánchez
Ariel Rogelio Soto Loureiro
Asilú Maceiro
Beatriz Victoria Barboza
Carlos Hiber Santucho
Carolina Sara Segal
Cecilia Irene Gayoso
Cresencio Nicomedes Galañena Hernández
Cristina Silvia Navaja
Dardo Albeano Zelarayán
Edelweiss Zahn
Eduardo Deán Bermúdez
Efraín Fernando Villa Isola
Elizabeth Pérez Lutz
Enrique Rodríguez Larreta
Enrique Rodríguez Larreta
Francisco Gatti Antuña
Francisco Javier Peralta
Gastón Zina Figueredo
Graciela Elsa Vergara
Graciela Luisa Vidaillac
Graciela Rutila
Guillermo Daniel Binstock
Gustavo Gayá
Jesús Cejas Arias
Jorge Raúl González Cardozo
Jorge Washington Pérez
José Félix Díaz
José Luis Bertazzo
José Ramón Morales
José Ramón Morales
Julio César Rodríguez Rodríguez
Laura Anzalone
Luis Alberto Morales
Luis Brandoni
Luis Edgardo Peredo
Manuela Santucho
Marcelo Ariel Gelman
María del Carmen Martínez Addiego
María del Carmen Otonello
María del Pilar Nores Montedónico
María Elba Rama Molla
María Elena Laguna
María Margarita Michelini Delle Piane
Marta Bianchi
Marta Petrides
Mónica Soliño Platero
Néstor Adolfo Rovegno
Nidia Beatriz Sáenz
Nora Eva Gelman Schubaroff
Patricio Antonio Biedma
Raquel Mazer
Raquel Nogueira Pauillier
Raúl Altuna Facal
Ricardo Alberto Gayá
Sara Rita Méndez
Sergio López Burgos
Ubaldo González
Víctor Hugo Lubián Peláez
Victoria Lucía Grisonas
Washington Pérez 

 

 

Extraído de Hijos Capital y Paraná

Escribir comentario

Comentarios: 0

Bernardo José Menéndez fue condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el juicio "Olivera Róvere y jefes de área". Está en libertad, porque llegó al juicio excarcelado y el fallo aún no está firme. En ese juicio fue su propio abogado defensor y hasta la semana pasada, áun habiendo sido condenado, fue abogado de otro genocida: Rubén Víctor Visuara, agente de la SIDE, primer jefe del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti". 
Hoy Menéndez (éste, el primo de Luciano Benjamín) estuvo mezclado entre el público que concurrió a la audiencia del juicio por Orletti. Esto es una provocación para todas las víctimas que van a la sala, esperando y luchando por Justicia. 
Da miedo tenerlo cerca, nunca se arrepintió de lo que hizo, nada garantiza que no vuelva a hacerlo. Si vivís por Recoleta lo tenés de vecino...

 

Extraído de Hijos Capital

Escribir comentario

Comentarios: 0